Comunicado.- El pasado martes 8 de abril, representantes de la Federación de Asociaciones de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales (FAVAEL) mantuvieron sendas reuniones con los grupos parlamentarios del PSOE y de SUMAR en el Congreso de los Diputados, con objeto de visibilizar la existencia del colectivo de víctimas de la Siniestralidad Laboral, presentar nuestras necesidades y exigir medidas concretas que contribuyan a erradicar este problema.


Por parte de FAVAEL participamos Nuria Terán, Ana Corres, María Teresa Espada,José Luis Molina, Esperanza Ocaña y Miguel Cruz, en representación de las asociaciones Paisaje (Cantabria), 28 de abril (la Rioja), AVALTO (Toledo) y AVAELA (Andalucía).
La reunión con el grupo parlamentario socialista se celebró por la mañana y contó con la participación de Alberto Mayoral, portavoz de Seguridad Social; Elisa Garrido, portavoz de Trabajo; y Rafaela Crespín, presidenta de la Comisión de Política Territorial. Por la tarde, fue el turno del grupo parlamentario de SUMAR, con la intervención de su portavoz, Verónica Martínez Barbero.
Dialogamos sobre propuestas legislativas de fondo, como la modificación del sistema preventivo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la incorporación de la figura de un vigilante de prevención en los centros de trabajo. También reclamamos la elaboración urgente de un real decreto que aborde específicamente la prevención de los riesgos psicosociales. Igualmente, reclamamos mejoras en el funcionamiento y control de los Servicios de Prevención Ajenos (SPA), así como el reconocimiento legal del ejercicio autónomo para los técnicos superiores en prevención, tal como ya ocurre en otros países.
En el plano de la protección a las víctimas y sus familias, reclamamos apoyo psicológico, asesoramiento legal y cobertura económica temporal. Igualmente, exigimos un mayor control sobre las mutuas, el incremento de inspectores de trabajo, y una fiscalía laboral con más atribuciones, así como la reducción de los tiempos de resolución de estos conflictos judiciales, que se extienden de 5 a 7 años. Igualmente, reivindicamos que se condicionen las subvenciones públicas al cumplimiento efectivo de la normativa, aplicar sanciones ejemplares a las empresas incumplidoras y avanzar hacia una cultura de “cero accidentes”. En esa misma línea, reivindicamos que el suicidio laboral sea reconocido en las estadísticas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y que este investigue los casos denunciados ante la Inspección de Trabajo.
En la reunión también expresamos la necesidad de que se cuente con nuestra aportación en el diálogo social, a propósito de las negociaciones para la actualización de la Ley de Protección de Riesgos Laborales.
Así mismo, solicitamos que se realice una declaración institucional, en el Congreso de los Diputados, en apoyo a la lucha contra la Siniestralidad Laboral en torno al 28 de abril, día mundial de la seguridad y salud en el trabajo. así como la iluminación en rojo de la sede del congreso, el mismo día 28 de abril, en homenaje a las víctimas caídas a causa del trabajo, y en consonancia con la iniciativa que, desde hace años, se viene desarrollando en edificios emblemáticos por todo el país.