La diputada y el diputado del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres decisiones inmediatas para paliar los efectos en España de la política arancelaria norteamericana: ampliar la vida útil de las nucleares, eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética -la aplicación de ambas supondría 16.000 millones de euros para hogares e industria en los precios de la energía en los próximos cinco años- y elaborar un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua. “Junto a estas medidas de urgencia, el Partido Popular ha presentado un sólido plan que abarca, entre otras iniciativas, la constitución de un fondo económico, la simplificación de trabas burocráticas, el impulso de nuevos mercados, así como la bajada de cotizaciones y el aumento de incentivos fiscales para los sectores afectados”, han explicado.
Remarcan Fúnez y Belda que esta situación requiere articular una estrategia de país, por lo que instan al Gobierno a que siente a todas las partes en la misma mesa. “Nosotros continuamos manteniendo contactos para el seguimiento diario de la situación, que requiere de un trabajo de largo recorrido y un plan real del Gobierno para un nuevo escenario comercial”, han declarado.
Asimismo, indican que el Partido Popular ha elaborado un primer guion de acción inmediata que se puede resumir en las siguientes medidas:
-Articular un marco temporal de ayudas en el ámbito de la Unión y que se constituya un fondo con los recursos que se recauden como consecuencia de las contramedidas arancelarias. Estos recursos se tienen que redistribuir entre los sectores afectados en función de su impacto, con especial consideración a las pymes.
-Acelerar los trabajos de simplificación administrativa y eliminación de trabas burocráticas para las empresas, activando el paquete ómnibus de la Comisión Europea.
-Elaborar con las CCAA y de manera inmediata un Plan de coordinación y refuerzo de las políticas aduaneras y vigilancia de mercado.
-Fomentar que las ayudas del Plan Moves lleguen a los que no se pueden comprar un coche eléctrico y que exista una línea de ayudas para promover la comercialización de vehículos eficientes de cualquier tecnología.
-Contar con las comunidades para que los fondos reasignados de los Next Generation lleguen a los sectores afectados, para que no ocurra lo que ha pasado con la pandemia y la dana.
-Crear un fondo específico español a disposición de las empresas afectadas, financiado con los aranceles que se quedan en España.
-Definir un mecanismo de asignación de ayudas trasparente y flexible para que los afectados accedan a él en función de sus necesidades.
-Bajar las cotizaciones y aumentar los incentivos fiscales, con mayor intensidad a las empresas más expuestas vulnerables.
“Lo más urgente, como hemos destacado, es la Elaboración de un Plan de Competitividad Industrial para mejorar la posición del sector industrial y primario, sin distinción ni ideología, mediante tres decisiones inmediatas: Ampliar la vida útil de las nucleares (esta medida supondría evitar un incremento de costes para las industrias de unos 2.200 millones de euros y 3.600 millones para los hogares en los próximos cinco años), la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (supondría una reducción de los precios finales en los mercados mayoristas con un ahorro en los próximos cinco años de 3.000 millones de euros para las industrias y 7.000 millones de euros para los hogares) y la elaboración de un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua”, han concretado los parlamentarios populares.
En este sentido, Fúnez y Belda aclaran que el Partido Popular ha pedido esta semana, al hilo de las necesidades de actuación inmediata, revisar una a una las 97 subidas de impuestos del Gobierno. La vía más ágil para ayudar a los sectores afectados son los incentivos fiscales y propone cuatro inmediatos:
-Desbloquear la Ley de Fiscalidad Agraria que el Gobierno ha vetado para ahorrar al sector primario 700 millones de euros.
-Reducir las cotizaciones sociales en los sectores más afectados.
-Ajustar el impuesto de sociedades en los ejercicios de 2025, 2026 y 2027 para permitir la libre amortización de los activos fijos.
-Rebajar el IRPF a los españoles ajustando la tarifa del impuesto a la inflación
Han concluido afirmando que “aprobar los Presupuestos Generales del Estado es inaplazable porque España no puede conformarse con prorrogar la prórroga de unos presupuestos que vienen de los tiempos de otra legislatura y de los tiempos de Biden”.
