Enrique Ortega Gironés. Geólogo.– Desde hace varios meses, se han incrementado de forma muy significativa en los medios de comunicación noticias sobre el potencial minero español. Este aumento se debe al reciente giro en la opinión de la Unión Europea respecto de las actividades mineras. El cambio, radical, se inició con la elaboración de una lista de minerales estratégicos y críticos, de los que Europa tenía una grave dependencia exterior para suministrarse. Luego, para solucionar las carencias detectadas, se aprobó la Ley Europea de Materias Primas Críticas, intentando estimular la búsqueda de dichos minerales en territorio europeo. Esta iniciativa ha sido secundada en España con la elaboración de un Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, actualmente en fase de información pública. En paralelo, hace un par de semanas, la Comisión Europea ha comunicado oficialmente su apoyo a 47 proyectos estratégicos, focalizados sobre materias primas críticas, siete de ellos situados en España. Estos proyectos representan la avanzadilla de un plan que será ampliado en breve a nuevos proyectos y cuyo objetivo es reducir en un 10% la dependencia del suministro de minerales estratégicos, en un plazo de diez años.
Este brusco cambio de opinión no deja de ser el reconocimiento de que durante décadas se ha seguido una política equivocada. Las consecuencias de ese error y la fragilidad en el suministro de materias primas minerales se están pagando ahora. Sin duda, más vale tarde que nunca, pero debe decirse también que estas decisiones son necesarias, pero no suficientes. Corregir la situación de abandono que se ha dado durante años, requiere un esfuerzo sostenido y continuado, así como una planificación estable a largo plazo. Para comprender debidamente el porqué de esta necesidad, deben tenerse en cuenta las características específicas del sector minero, completamente diferentes a las de otras actividades industriales y económicas.
En primer lugar, debe considerarse que la búsqueda y beneficio de yacimientos minerales es una inversión cara y arriesgada, en la que sólo el 1% de los costosos proyectos de exploración (este es el promedio mundial de las últimas décadas) culmina con el hallazgo de una mina explotable. Por otra parte, el único método para recuperar los onerosos gastos de la búsqueda del yacimiento, es acceder a la explotación de los minerales descubiertos. Además, se trata de un proceso inevitablemente lento. El periodo mínimo que transcurre desde que se inicia la búsqueda hasta que se extrae la primera tonelada de mineral (suponiendo que se encuentren las reservas suficientes y se verifique la viabilidad económica del yacimiento encontrado) es de diez años, nuevamente según los valores promedio a escala mundial de las últimas décadas.
Atendiendo a estas especificidades, cabe preguntarse si las medidas adoptadas (la ejecución de los proyectos estratégicos ya seleccionados y los que les seguirán en los próximos meses) reducen significativamente la dependencia en el suministro de los minerales requeridos. Es indudable que estos proyectos suponen una solución de urgencia, de aplicación rápida para paliar de manera lo más inmediata posible las carencias existentes. Pero, ¿es suficiente poner como objetivo reducir la dependencia tan sólo en un 10%? ¿Ese limitado porcentaje soluciona realmente los problemas de la industria europea? ¿Acaso el potencial minero de nuestro subsuelo no permite plantear objetivos más ambiciosos y alcanzar un grado de autonomía mucho mayor?
Es pertinente recordar que los proyectos seleccionados por la UE no corresponden a nuevos hallazgos ni descubrimientos recientes. En el caso de los proyectos españoles, el litio de Orense y de Cáceres, el wolframio de Cáceres y de Ciudad Real, el cobalto y níquel en Badajoz o el cobre de Sevilla, se centran en yacimientos conocidos desde hace tiempo que llevan años inactivos o tratando de iniciar su explotación. A esta primera lista, deben añadirse yacimientos de minerales estratégicos, igualmente inactivos, como son la mina de Uranio de El Retortillo en Salamanca (mientras tanto, seguimos importando de Rusia el combustible para nuestras centrales), el yacimiento de coltan de Penouta (Orense) o las tierras raras del Campo de Montiel en Ciudad Real, además del importante yacimiento aurífero de Salave en Asturias, entre otros.
Pero además de estos yacimientos ya conocidos y al menos, en lo que se refiere al subsuelo español, el potencial existente para minerales de cobre, wolframio, uranio, litio y tierras raras permitiría metas mucho más ambiciosas que el 10% propuesto, siempre que se hicieran los esfuerzos necesarios para explorar y descubrir nuevos yacimientos. Porque, a pesar de nuestra dilatada historia minera, no debe pensarse que ya está todo conocido y que no quedan cosas por descubrir. La formidable evolución experimentada durante los últimos años por las técnicas de exploración, especialmente la geofísica, han permitido a nivel mundial el descubrimiento de nuevos yacimientos en lugares previamente considerados estériles. A esto, debe sumarse los nuevos tipos de minerales que ahora se buscan y que nunca han sido prospectados hasta tiempos recientes. El conjunto de ambos factores, considerando que la exploración minera ha sido prácticamente inexistente en España durante décadas, hace que una buena parte de nuestro territorio pueda considerarse hoy en día como subexplorado.
Teniendo en cuenta este potencial, si de verdad se pretende reducir significativamente la dependencia de materias primas estratégicas, debe potenciarse la búsqueda de nuevos yacimientos, sin olvidar que los minerales que empiecen a explorarse hoy no estarían disponibles antes de diez años. Pero, ¿cómo estimular e incentivar esa búsqueda? La experiencia internacional acumulada a lo largo de las últimas décadas indica la necesidad de dos condiciones imprescindibles. En primer lugar, la disponibilidad de una infraestructura de conocimiento geológico y metalogénico del subsuelo suficiente para atraer el interés y centrar los objetivos de exploración. Y en segundo lugar, reglas claras, estables y transparentes para el acceso y mantenimiento de las concesiones mineras.
Por lo que respecta a la primera de estas condiciones, España cuenta con una excelente infraestructura del conocimiento del subsuelo, gestionada por uno de los mejores y más antiguos servicios geológicos del mundo, el IGME (Instituto Geológico y Minero de España, en la actualidad adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Esta institución fue creada hace más de siglo y medio, teniendo (como su nombre indica) la minería como obligación institucional esencial. Sin embargo, en paralelo con el retroceso del beneficio de minerales experimentado en España desde el último cuarto del siglo pasado, las actividades mineras de esta institución han sufrido una seria regresión.
Por lo que se refiere a la segunda condición, no debe olvidarse el declive experimentado por la administración del sector, que ha pasado de merecer una atención prioritaria (una dirección general dentro del antiguo Ministerio de Industria), hasta prácticamente desaparecer, disuelta en las responsabilidades transferidas a las comunidades autónomas. En estas condiciones, cabe preguntarse si la actual organización administrativa española, teniendo en cuenta su situación actual, tanto en las instituciones centralizadas como en las descentralizadas, tiene la capacidad operativa suficiente para gestionar las actividades que permitirían alcanzar los objetivos propuestos.
Esta situación afecta seriamente a la segunda condición antes mencionada, a la estabilidad y claridad para el acceso y mantenimiento de las concesiones mineras. Cabe recordar que todos los proyectos antes mencionados, están bloqueados como consecuencia de la oposición frontal de plataformas ambientalistas, con argumentarios que con frecuencia son técnicamente discutibles y están planteados desde una postura de confrontación, donde no parece caber el diálogo. Es evidente que el bloqueo sistemático de cualquier proyecto minero es herencia de la anterior política medioambiental europea que, durante décadas, ha alentado actitudes opuestas a las explotaciones mineras, prefiriendo la importación de las materias primas minerales desde terceros países hasta llegar a la presente situación. Y aunque los puntos de vista de la Unión Europea sobre la minería hayan cambiado, las posturas de las plataformas antimineras no han variado un ápice.
Esa es la realidad actual y es pertinente formularse la siguiente pregunta: ¿puede considerarse hoy a España como un país atractivo para las inversiones mineras, con las urgencias que se requieren? ¿Puede arriesgarse una empresa a invertir en exploración si corre un elevado riesgo de perder sus inversiones al no poder acceder a la explotación de los recursos descubiertos? Parece evidente que el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, actualmente en preparación, no podrá alcanzar los objetivos planteados (y mucho menos la ampliación a objetivos más ambiciosos) si no va acompañado por los recursos humanos, técnicos, materiales y organizativos imprescindibles. Y sobre todo, lo más esencial, la firme voluntad política de implementar una nueva política minera, invirtiendo la pasividad mostrada desde hace décadas. Porque la mentalidad inducida en la conciencia social en contra de la minería a lo largo de años y años, no se puede borrar de un plumazo por un simple decreto.
Como ha sido demostrado en muchos lugares del mundo, incluyendo algunos enclaves mineros de España, la explotación de los recursos minerales puede ser perfectamente compatible con el medioambiente. Muchos de los argumentos esgrimidos por las plataformas antimineras podrían ser rebatidos si, más allá de las acciones individuales, se introdujese en el debate (con una postura institucional firme, decidida y responsable con la ciudadanía), la sólida batería de datos y conocimientos que posee la Administración. La información técnica y científica acumulada por los estudios realizados por instituciones como el IGME-CSIC, Consejo de Seguridad Nuclear, universidades y colegios profesionales de geólogos e ingenieros de minas, permitirían rebatir el argumentario sesgado de las plataformas antimineras. Sin esa voluntad, será imposible revertir la dinámica actual y alcanzar una explotación responsable de los recursos disponibles. Sin ese cambio de rumbo, se corre el riesgo de que todos los esfuerzos que se están realizando sean un simple brindis al sol. O, como se dice ahora, utilizando ese vocablo que se ha puesto de moda, un postureo.
Enrique Ortega Gironés, geólogo.
Este artículo fue publicado el pasado 10 de abril en Entrevisttas.com
Amen.