Comunicado.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, ha recibido un severo revés institucional. El Consejo Consultivo regional ha emitido un dictamen demoledor sobre el polémico anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa que la Junta pretende aprobar con celeridad. En él, el órgano propone modificar nada menos que el 59% de los artículos del texto —42 de un total de 71— y la mitad de sus disposiciones finales.
El dictamen, preceptivo, aunque no vinculante, considera a lo largo de su análisis que buena parte del contenido del anteproyecto es impreciso, carece de claridad y genera una preocupante inseguridad jurídica. Una crítica que llega en un momento clave, reforzando la oposición manifestada durante meses por el Sindicato de Trabajadoras/es de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM), segunda fuerza sindical en la Mesa Sectorial de la Administración regional.
Una ley elaborada “de espaldas” al funcionariado
Desde STAS lamentan que el Ejecutivo regional haya ignorado las propuestas y alegaciones presentadas en la fase de consulta pública. Según el sindicato, ni las voces del personal funcionario ni las advertencias de sus representantes fueron tenidas en cuenta. Como respuesta funcionarios y funcionarios de toda la región se movilizaron a través de sus Juntas de Personal, exigiendo la paralización del texto y proponiendo un modelo alternativo que refuerce los servicios públicos mediante el incremento de plantilla funcionarial.El anteproyecto ha sido calificado por el sindicato como “basura legislativa”, fruto del “más absoluto autoritarismo”. STAS CLM sostiene que el texto, lejos de simplificar o modernizar la administración, la debilita, poniendo en riesgo principios esenciales como la objetividad, la legalidad y la seguridad jurídica en la gestión pública.
La polémica figura de las Entidades Colaboradoras
Uno de los puntos más criticados es la inclusión de las llamadas “Entidades Colaboradoras”, entidades privadas que podrían asumir funciones actualmente en manos de empleadas y empleados públicos. Para el sindicato, esto supone una privatización encubierta de servicios esenciales como la inspección y certificación, funciones que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, deben ser ejercidas exclusivamente personal funcionario.El Consejo Consultivo también advierte sobre este aspecto. En su análisis del Título IV (artículos 21 a 35), apunta a la “gran indefinición” del articulado y alerta de los posibles problemas de interpretación y falta de garantías jurídicas que ello conlleva. Además, recuerda que el ejercicio de potestades públicas está reservado por ley al personal empleado público, tal y como establece el artículo 9.2 del EBEP.
Unidades Administrativas de Apoyo: ¿refuerzo real o solución temporal?
Otro punto controvertido es la creación de Unidades Administrativas de Apoyo de carácter temporal. STAS CLM defiende que estas unidades deberían ser permanentes, debidamente estructuradas y dotadas con personal funcionario estable, como única vía hacia una auténtica modernización de la administración.El Consejo Consultivo coincide en la falta de claridad jurídica y normativa sobre estas unidades. Subraya que, si se pretende su implantación estable, aunque con funciones de apoyo temporal, lo procedente sería incorporarlas formalmente a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ajustándose a lo previsto en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
STAS pide frenar el anteproyecto y abrir diálogo real
Para el sindicato, el dictamen del Consejo Consultivo no deja lugar a dudas: el Gobierno regional debe frenar este anteproyecto y repensar su enfoque. Reclaman una modernización administrativa basada en el refuerzo del empleo público, mayor dotación presupuestaria y diálogo real con los y las representantes del funcionariado.También exigen la retirada definitiva de la figura de las Entidades Colaboradoras, que consideran una amenaza directa a los principios de imparcialidad, legalidad y defensa del interés general.El debate se traslada ahora a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde deberá decidirse el futuro de una ley que, lejos de simplificar, ha generado una fuerte polémica y una amplia oposición entre quienes sostienen el funcionamiento diario de la administración pública.
