Comunicado de Sí a la Tierra Viva.– La provincia consigue una victoria significativa en su batalla contra el controvertido proyecto ‘Neodimio’ en una decisión que supone un duro revés para la mercantil y un paso adelante para las comunidades locales afectadas que luchan por proteger la salud pública, el entorno natural y el tejido socioeconómico y sectores esenciales como el agroalimentario, que da sustento a miles de familias.
La oposición al proyecto ha sido masiva y a unido a ayuntamientos, cooperativas, partidos políticos, sindicatos, decenas de entidades sociales y miles de ciudadanas y ciudadanos frente a una empresa que únicamente genera incertidumbre y adolece de una grave falta de credibilidad empresarial. Así, como denunció la plataforma el pasado mes de abril, su estructura financiera cuestiona su viabilidad pues según sus cuentas de 2023, Quantum cerró con un patrimonio neto negativo de 123.217 euros, pérdidas de 89.384 euros y una deuda superior a los 3 millones de euros con empresas vinculadas a su presidente Javier Merino, que también «atesora» un polémico pasado. Además, la mercantil cuenta con un solo empleado declarado y cero facturación, lo que, ante todo, provoca dudas y mucha desconfianza entre la ciudadanía e instituciones de la provincia, tal como han reflejado diversos medios como eldiario.es. A lo que hay que sumar la denuncia de la Guardia Civil del 9 de diciembre contra la empresa por buscar tierras raras sin las autorizaciones pertinentes en Ciudad Real, lo que a nivel administrativo podría acarrearle una sanción de hasta 300.000 euros por incumplir la legislación vigente.
Pese a la inefable campaña de promoción efectuada desde entidades como Primigea en las últimas semanas para sostener a una empresa que, a la vista de los hechos, no sostiene sus mimbres, la realidad es que sin autorizaciones, incumpliendo las normas y acumulando rechazo social, la mercantil Quantum Minería ha quedado fuera de la lista de proyectos prioritarios de la Unión Europea, perdiendo así el acceso a procesos de autorización simplificados. Para Quantum, esta exclusión complica sus posibilidades, permitiendo a la sociedad ganar tiempo para establecer un cordón sanitario frente a un proyecto que puede tener graves implicaciones negativas para la provincia de Ciudad Real.
En este punto hay que recordar una vez más que las tierras raras y su minería sí suponen un riesgo, tal como reflejan las numerosas investigaciones internacionales existentes al respecto como la publicada en 2022 en Frontiers of Environmental Science, elaborada por investigadores de la universidad italiana Federico II y cofinanciada por la propia UE que afirma, por ejemplo, que «se ha demostrado que las tierras raras de la minería afectan a la salud humana, ya que se acumulan en el cabello, la orina o la sangre no sólo de los trabajadores mineros, que están expuestos directamente a estos elementos, sino también de los residentes cercanos a las zonas mineras”, lo que reafirma investigaciones anteriores y ha sentado la base de trabajos posteriores que han llegado a la misma valoración.
RECHAZO A LA UTILIZACIÓN INTERESADA DEL IGME-CSIC PARA DEFENDER LOS INTERESES PARTICULARES DE NEGOCIO DE QUANTUM MINERÍA
Por otra parte, en este contexto, la Plataforma Sí a la Tierra Viva exige al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institución dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que garantice que algunos de sus empleados como Ester Boixereu Vila dejen de apoyar públicamente el proyecto de Quantum Minería en una actitud torticera e inaceptable pues el respaldo de trabajadores públicos a un proyecto privado controvertido y socialmente denostado compromete no sólo la confianza, sino la neutralidad de la institución generando un claro conflicto de interés.
La cuestión es si resulta viable que una institución gubernamental como el IGME-CSIC pueda ser relacionada de algún modo con una empresa cuyo presidente, Francisco Javier Merino de la Cuesta, fue condenado judicialmente en 2012 a un año de prisión y una multa superior al millón y medio de euros por la utilización de información privilegiada en el caso «Cartera Hotelera», una polémica que para Merino no era nueva, pues en 2008 la Justicia había imputado al actual presidente de la extractiva por un delito de cohecho en el caso «Astapa» por presuntos pagos irregulares a ediles de Estepona (Málaga) para la realización de obras a precio muy inferior al del mercado, lo que supuso un desajuste contable de 50 millones de euros en un total de 12 convenios urbanísticos.
Entre toda una retahíla de problemas en 2014 la ONG internacional Global Witness denunció su implicación en el conflicto generado por «Star Petroleum» en Sudán del Sur, una empresa «íntimamente ligada a un hombre de negocios condenado por un fraude millonario» -en referencia a Merino- alertando así mismo la opacidad de la compañía «ligada a sociedades registradas en paraísos fiscales o jurisdicciones desconocidas» recordando que este tipo de estructuras societarias «pueden, en ocasiones, utilizarse para evadir impuestos» o «permitir a funcionarios públicos mantener participaciones secretas».
