Protectoras y dueños de animales protestan en Puertollano contra el Real Decreto que regula la dispensación de medicamentos veterinarios

El Refugio de Burros El Madroñal y la protectora Huellas, junto a dueños de animales, se han concentrado este domingo en Puertollano contra el Real Decreto 666/2023, una normativa que regula la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios y que, consideran, «supone un grave retroceso en la protección animal y afecta directamente a todos: perros, gatos, burros, ponis, cabras… y tantos otros seres que dependen del compromiso de protectoras, grupos de rescate y voluntarios».

La presidenta de ambas asociaciones, Karen Caws, se ha pronunciado en defensa de los animales «que no pueden hablar pero que sienten, sufren y merecen protección». A su juicio, el nuevo decreto del Gobierno «no sólo pone en riesgo el trabajo de las clínicas veterinarias, sino también el de quienes, con recursos propios y compromiso incansable, rescatan, curan y rehabilitan animales cada día».

«No nos quedaremos callados ante leyes que ignoran la realidad de los albergues y crean más obstáculos para quienes luchan por la vida», ha dicho. Los colectivos se manifestarán también este miércoles en Ciudad Real, apoyando la manifestación de los veterinarios.

Consideran los veterinarios que este Real Decreto les obliga a seguir protocolos antibióticos que no están basados en los avances ni en la evidencia científica, con medidas excesivas y arbitrarias y además pone en riesgo la salud de los animales de compañía.

Un total de 22 peticiones ciudadanas en Change.org han pedido derogar o modificar el Real Decreto 666/2023 que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios «para que los veterinarios dejen de tener las manos atadas en el tratamiento y cuidado de los animales». Hasta el momento, han recogido la firma de 160.528 personas.

Esta norma establece la obligación de registrar electrónicamente todas las prescripciones de los medicamentos a través de la plataforma PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) para mejorar así su trazabilidad y combatir la resistencia a los antimicrobianos.

Según la Real Sociedad Canina Española (RSCE), que apoya a los veterinarios «sin fisuras», estos creen que la norma es «desproporcionada» ya que «limita» su capacidad de decisión clínica pasando por la valoración clínica del paciente y les «obliga» a dispensar una cantidad de medicamentos ajustada al mínimo para que los propietarios busquen posteriormente en la farmacia la prescripción veterinaria.

La primera petición fue la de VetsUnidos, que recoge la mayoría de las firmas –159.775–, plataforma que se manifestó a finales de febrero en el recinto ferial de IFEMA bajo el lema ‘La legislación nos coarta’ para pedir la derogación del Real Decreto 666/2023. El resto de peticiones, agrupadas todas ellas en change.org/LeyMedicamentosVeterinarios, denuncian que «se está poniendo en riesgo» la salud de los animales y critican que «los gobiernos» obstaculicen la atención veterinaria rápida y eficaz.

Además, trasladan su temor ante la idea de que sus mascotas caigan enfermas y se les pueda suministrar medicación a tiempo, ya sea por la «burocracia» a la que están «atados» los veterinarios o a la obligación de acudir a la farmacia a por el medicamento. A su vez, denuncian que la nueva normativa «impide a los veterinarios dispensar medicación a animales que no dispongan de microchip o sistema identificativo oficial».

En este sentido, la ciudadana Alba Gómez expresa su preocupación por los animales rescatados en refugios y protectoras: «(Estos centros) no pueden implantar microchips de inmediato a todos los perros que rescatan, y muchas veces los animales llegan en condiciones críticas. ¿Qué pasará con ellos? ¿Los dejamos morir por culpa de una norma mal diseñada?», se ha preguntado.

Otra de las peticiones, firmada por la peluquera canina Arantxa Carpes, critica que «muchos animales van a morir porque sus propietarios no van a poder costear el servicio veterinario y el coste de los antibióticos».

AGRICULTURA DICE QUE HAN TENIDO «MÁS DE UN AÑO» PARA PREPARARSE

Por su parte, fuentes del Ministerio de Agricultura han explicado a Europa Press que las obligaciones del Real Decreto vienen recogidas en el Reglamento europeo sobre medicamentos veterinarios y que los profesionales han tenido «más de un año y medio para prepararse» para su entrada en vigor. Igualmente, señalan que los veterinarios han tenido a su disposición un módulo de pruebas para comprobar su funcionamiento y adaptar sus propios sistemas informáticos durante el último trimestre de 2024.

Asimismo, recalcan que casi todas las actuaciones en pequeños animales se realizan en clínicas que disponen de sistemas informáticos que los veterinarios utilizan tanto para recoger los datos de los tratamientos aplicados como las posibles prescripciones. En este sentido, apuntan que el único paso adicional necesario es transmitir esta información ya grabada en el ordenador al sistema PRESVET, para que cual existen «muchos programas comerciales que ya usan los profesionales veterinarios que están preparados».

Por otro lado, las misma fuentes aseguran que el Real Decreto no prohíbe expresamente tratar animales sin identificar, pero sí establece que en los animales en los que la identificación individual sea obligatoria, esta debe consignarse en la receta. Además, niegan que los profesionales no puedan utilizar los antibióticos que consideren necesarios según su juicio clínico.

En este sentido, recalcan que el «uso excesivo y no prudente» de antibióticos ha llevado a que en la actualidad la resistencia a los antibióticos sean «un problema de primer orden en salud pública y responsable de miles de muertes a nivel mundial». Según recalcan, la única solución es la utilización prudente de los antibióticos y por tanto reducir su uso innecesario. Para ello, insisten en que es necesario disponer de la mejor información posible, lo «que permitirá tomar con la mayor diligencia las medidas necesarias». En todo caso, puntualizan que de momento todavía no han impuesto ninguna sanción.

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