La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, insiste en la necesidad de dotar de personal de vigilancia a toda la atención sanitaria presencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) e incluso aumentar la seguridad en todos aquellos centros y franjas horarias con mayor conflictividad.
Con motivo Día europeo contra las agresiones en el ámbito sanitario, CSIF incide en que la violencia en el ámbito sanitario es un problema de primer orden que no ha parado de crecer en los últimos años.
Los últimos datos del Registro de Episodios Conflictivo (REC) del Sescam, relativos al primer semestre del 2024, reflejan un total de 381 incidentes, 22 más que en el mismo periodo del año 2023. A falta de confirmación oficial en la próxima reunión del Observatorio de la Violencia para la prevención de agresiones en el ámbito sanitario, durante todo 2024 se habrían llegado a producir 687 incidentes, de los cuales 20 fueron agresiones físicas.
De esta forma, estos episodios violentos no han parado de crecer año tras año: 424 incidentes en 2019; 519 en 2020; 560 en 2021; 623 en 2022; 646 en 2023 y 687 incidentes en 2024. Esta serie muestra que las agresiones han crecido un 62% desde 2019 y que en la actualidad se producen casi dos incidentes violentos al día en Castilla-La Mancha.
La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, subraya que “no se puede mirar hacia otro lado, las agresiones continúan aumentando y de hecho las cifras incluso no muestran la verdadera realidad, ya que insultos, amenazas o coacciones llegan a normalizarse bajo la creencia de los trabajadores de que denunciar no sirve de nada”.
Para evitar las agresiones, CSIF considera que la mera presencia de personal de vigilancia en los centros asistenciales es una medida disuasoria, por lo que su incorporación debería ser una obligación para todos los centros de salud. No en vano, la mayor parte de las agresiones se llevan a cabo en centros de Atención Primaria, y además son las mujeres las que sufren mayoritariamente esta lacra.
“Es una cuestión de inversión y todo pasa por la contratación de personal de vigilancia, incluso las 24 horas del día, ya que en los Puntos de Atención Continuada (Urgencias) es donde también se concentran muchos de estos episodios violentos. El Sescam tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de los profesionales. Ha avanzado con la aplicación de procedimientos administrativos que conllevan sanciones contra los agresores, tal y como reivindicábamos, pero desde luego no es suficiente”, señala Fernández.
Junto al personal de vigilancia también es preciso la instalación de cámaras de seguridad; revisión de botones de pánico; dotación de equipos dobles (dos facultativos y doble personal de enfermería); acompañamiento en visitas domiciliarias; adaptación del espacio de atención asistencial como recurso para prevenir agresiones, con mobiliario y elementos arquitectónicos que puedan actuar como barrera, así como múltiples puntos de acceso y salida; mayor coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y uso de alarmas individuales (dispositivo de pequeño tamaño que emite una señal acústica gran potencia y una señal óptica mediante luz LED de alta intensidad).
Por último, CSIF lamenta que los profesionales sanitarios continúan sin ser considerados como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, algo que serviría para endurecer las penas por agresiones.
