MUFACE delenda est

“La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada”
Arthur Schopenhauer (Filosofo alemán)

                Si el gobierno central decide disolver la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (MUFACE), las administraciones públicas que gestionan actualmente los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud tendrán una situación preocupante, dada la más que segura avalancha de nuevos usuarios, que ellos recibirían en los primeros meses de este año.

Ello puede hacer que colapse un sistema que ya está suficientemente tensionado sin haber recibido a quienes se asiste desde este Organismo Autónomo. Las Comunidades Autónomas tendrían que afrontar esta nueva situación para la que no cuentan ni con la previsión ni con los recursos suficientes para acometerla con eficacia y solvencia.

                Lo peor es que los usuarios actuales de este servicio a través de las aseguradoras privadas, viven en una situación de impasse y con gran preocupación, ya que en estos inicios de año, desconocen cuál va a ser la decisión definitiva sobre esta cuestión vital. Y temen que el servicio que proporcionen los servicios del Sistema Nacional de Salud, no sean suficientes.

                Más de un millón y medio de personas, —entre mutualistas y sus beneficiarios—, están pendientes de que se despeje definitivamente la situación. Y lo hacen con intranquilidad, a pesar de la llamada a la calma que transmiten las instituciones públicas de la Administración General del Estado, dado que el año ha comenzado en una especie de limbo jurídico.

                El Ministerio de la Transformación Digital y Función Pública, que dirige Óscar López, que ha ofertado la prestación de servicios a los mutualistas de MUFACE, acaba de prorrogar el plazo de licitación para que las aseguradoras presenten sus ofertas hasta el 27 de enero de 2025. Lo que ha aumentado la preocupación de quienes están acogidos a este régimen.

                Ni ADESLAS ni DKV, van a participar. Solo puede participar, ASISA, pero no lo asegura. Esta aseguradora gestiona un 23,7% del total del concierto con MUFACE. Lo que plantea dudas sobre la solvencia de esta empresa para atender a todo el colectivo, que le supondría pasar de unos 355.000 usuarios a más de 1.500.000, con los mismos medios y estructura actual.

                Según un estudio llevado a cabo en la Universidad Complutense por el consultor Daniel Pallarés, en los últimos diez años el gasto sanitario per cápita ha subido en la sanidad pública en un 60,6%, mientras que la prima ponderada de la mutualidad ha crecido un 31,6. Es decir, prácticamente la mitad. Este es uno de los motivos por los que no participan en la licitación.

                El Ministerio de Sanidad nos dice que el coste anual en 2024 ha sido de 1.723 euros por paciente en la sanidad pública, mientras que en la del mutualismo administrativo ha sido de 1.034 euros. Para 2027, con lo establecido en la licitación, este importe alcanzará 1.262 euros. Esta diferencia es considerable, por lo que condiciona la viabilidad futura de MUFACE.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se ha dirigido expresamente al Gobierno y a las aseguradoras para que mantengan «un modelo de éxito de colaboración público-privada» en referencia a MUFACE. El régimen de concierto entre el Estado y las aseguradoras permite proporcionar un servicio de calidad complementario del público.

Los funcionarios que accedieron al régimen de clases pasivas y de MUFACE, han mantenido un sistema que se diferencia del régimen de la Seguridad Social. Pero no se trata de un privilegio, como dicen algunos, sino de un derecho que, en todo caso es una situación generada por un régimen que se regula de forma integral e inseparable en sus partes.

Es, por lo tanto, un derecho básico del empleado público mutualista que debe hacer valer ante la Administración General del Estado y si esta decide definitivamente suprimirlo, los colectivos de funcionarios deberán exigir por todos los medios disponibles —incluidos los recursos ante los tribunales competentes—, para que se les restituya el actual status quo.

Esta decisión, de llevarse a cabo, tiene como única justificación la pretensión ideológica de uno de los grupos políticos de la actual coalición de gobierno, que se personifica en la actual Ministra de Sanidad, Mónica García que, en un alarde de hipocresía sobre el supuesto y falso mayor coste de esta sanidad, mantiene un planteamiento anacrónico.

No hay razones económicas que justifiquen la extinción del mutualismo sanitario. El Sistema Nacional de Salud no cuenta con la estructura adecuada para absorber a este colectivo que, en algún caso, se encuentra al límite del colapso, como lo demuestran las largas listas de espera que hay en muchas CC. AA. Por lo que no se entiende tan precipitada decisión.

Que a la señora García no le guste la sanidad mutualizada, me parece bien, pero que quiera suprimirla por decreto, es pura demagogia, aunque también es negar una realidad irrebatible. Hoy, pese a contar con un sistema público sanitario universal en toda España, hay más seguros privados que nunca: doce millones y medio de españoles tienen póliza privada.

Pero parece que la máxima es: MUFACE delenda est, MUFACE debe ser destruida.

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