Los diputados populares por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, consideran de extraordinaria gravedad el problema de conseguir una vivienda en Ciudad Real, incluso cuando la gran mayoría de los indicadores de estudio la sitúan, dentro del elevado coste de los inmuebles tanto para compra como alquiler, como una de las zonas más asequibles de España.
En coordinación con el Partido Popular de Castilla-La Mancha y su responsable de fomento, José Manuel Labrador, que se pronunciaba esta misma semana sobre las propuestas de esta formación, destacan la ineficacia y escasez de medidas de inclusión en todos los sectores demandantes.
Respecto del segmento de mayor afectación, las personas jóvenes, la diputada y el diputado declaran que: “Es conveniente tener en cuenta que, pese a ser una competencia autonómica, con muchas concomitancias con las competencias que en materia de suelo tienen los ayuntamientos, nada de lo que hagan estas administraciones más cercanas al ciudadano será suficiente mientras persista un contexto tan negativo para la vivienda, en el que junto a los problemas sectoriales que dificultan su acceso, debemos situar el problema número uno, que es la falta de renta disponible por parte de los jóvenes, debido al desempleo, la inestabilidad laboral y los bajos salarios, por causa de la política económica del Gobierno de Sánchez”. Resulta evidente, para los diputados ciudadrealeños, que una buena política económica que facilite las condiciones favorables para acceder a la vivienda depende del Gobierno de España y del de Castilla-La Mancha: “el de Sánchez, que presume tanto de macroeconomía, se queja de la vivienda, igual que hace a veces con la pobreza, ignorando aparentemente que, de esa forma, lo que hace el sanchismo es criticar al sanchismo”, aseveran.
“El acceso a una vivienda está marcado por la situación económica de las familias y los jóvenes. Sánchez, cuya política económica ha llevado a España a las tasas de desempleo e inflación más altas de Europa y a los índices salariales y de productividad más bajos del continente, está erigiéndose en un auténtico muro para el acceso a la vivienda, especialmente de una generación entera de jóvenes”, denuncian. Señalan que con un 26,2 % de desempleo juvenil, es evidente que, aunque se ponga mucho suelo público o se reduzcan mucho las trabas del urbanismo, es difícil que muchos jóvenes puedan acceder a una vivienda. En este punto, recuerdan que Sánchez gobierna con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, es decir que se aplica por tercera vez, y que fue aprobado por un parlamento de otra legislatura, cuyas magnitudes económicas nada tienen que ver con la coyuntura de 2025.
Aseguran que las 180.000 viviendas prometidas y sin construir y, sobre todo, el marco legal vigente, con una ley estatal de vivienda que además de inconstitucional es tremendamente intervencionista, son omisiones y acciones que no reman a favor de la solución. Denuncian que se está provocando un terremoto en el mercado del alquiler mientras seguimos sin que se reduzcan los impuestos estatales que afectan a la vivienda y sin que se apruebe una legislación nacional del suelo que resuelva los complejos procesos de tramitación urbanística.
Frente a ello, el PP, en los ámbitos en los que gobierna, y en las políticas que defiende desde la oposición al Gobierno de Sánchez, apuesta por un modelo sectorial de la vivienda que se apoya sobre los principios de seguridad jurídica y de colaboración público- privada que están funcionando. “Como principal línea de política social de 2025, nos hemos propuesto trabajar de la mano de la sociedad civil, dialogando con todo el mundo, impulsando políticas desde las administraciones que gobernamos totalmente proactivas, poniendo suelo, avalando a jóvenes y apostando por medidas que aumentan la construcción de vivienda y mejoran el funcionamiento del mercado en términos de oferta y precio”, exponen.
Ocupación ilegal
Consideran que la política del Gobierno respecto al problema de la ocupación ilegal de inmuebles, a la que aplica la apología y la permisividad, es un paradigma que perjudica a los propietarios de vivienda y que desalienta a quienes aspiran a serlo, “además de instaurar una cultura que va en sentido contrario al esfuerzo y al ahorro, que son aspectos connaturales a la necesidad real de una vivienda”. Aparte de no reformar las leyes para que se pueda desalojar a los ocupantes ilegales en menos de 24 horas, denuncian que el Gobierno central acaba de prorrogar un Decreto-Ley, aprobado en 2020, en el que se traslada la responsabilidad de protección social a los propietarios, a los que carga la obligación pública del Gobierno con las personas vulnerables. Señalan que, gracias a esa legislación, si un inquilino de un inmueble no paga su alquiler, si se declara vulnerable mediante el procedimiento establecido en este Decreto, es el propietario el que lo tiene que asumir y no recibe el pago del alquiler ni puede recuperar su vivienda. “Es una normativa generadora de inquiokupación, una palabra que no existía antes del sanchismo, que se refiere a las personas que buscan ocupar una vivienda a través de un contrato de alquiler, que dejan de cumplirlo y que, al estar protegidos por esta normativa, utilizan el contrato de arrendamiento como instrumento para apoderarse de ella. Un elemento que, como resulta evidente, provoca que salgan menos viviendas a alquiler, lo que lógicamente incide en los precios”, han finalizado.
