Ramón Castro Pérez.- Algunos estudios científicos consideraron que la desigualdad entre personas se servía de la profesión de los padres para perpetuarse en la sociedad. Sin embargo, otros trabajos, ortodoxos, continuaron responsabilizando a la educación. Como la desigualdad continuaba existiendo y la educación estaba hecha un desastre, la clase dirigente vio con buenos ojos la apertura de esta nueva vía. Continuarían combatiendo la desigualdad y, en esta ocasión, acertarían. Prometieron y juraron que acertarían, matizo.
Siguieron los puntos marcados por su manual. Primero, se actúa, hoy, sobre una variable que dará la cara en un plazo de tiempo lo suficientemente amplio como para que se haya olvidado lo que se afirmó funcionaría. Segundo, el coste de implementación se limita a registrar unas líneas sobre el papel oficial, las cuales contendrán, por decreto, una obligación que los ciudadanos deben atender. Tercero, la ejecución de la medida, en última instancia, se delega a niveles inferiores de la Administración, con el fin de acercar la medida al ciudadano y alejarla de sus padres intelectuales.
Se estableció, por ello, la imposibilidad de dedicarse a la misma actividad con la que los tutores legales se habían ganado la vida. La medida generaría una reducción de la desigualdad en apenas unos años y la sociedad avanzaría hacia estadios superiores de bienestar. Naturalmente, quedaba exenta la profesión de dirigente, pues respondía a una vocación de servicio público, indispensable para el progreso social. El argumentario se repetiría a través de los canales de comunicación hasta que se aceptara por la población, hastiada de trincheras y batallas culturales.
Cuando el futuro llegó, las profesiones, prácticamente, habían desaparecido y la desigualdad, aumentado. Crearlas de nuevo exigió recuperar a los abuelos. Algunos habían fallecido, llevándose a la tumba toneladas de capital humano. Los que aún conservaban la memoria fueron obligados a transmitir su experiencia. Muchos de ellos, resentidos, se negaron, siendo tachados de enemigos de la sociedad. Los hijos de los antiguos dirigentes, ahora dirigentes, encontrarían la solución para combatir la insolidaridad de estos ciudadanos.
Promulgaron dos grandes normas. La ley de continuidad, que implantaba el deber de dedicarse a la actividad que los antepasados habían desempeñado, restableciendo la calidad en los oficios. Y la vigésima quinta ley educativa de la historia reciente de esta nación, la cual vendría a resolver, en el futuro, la desigualdad en la que nos hallábamos sumidos, como consecuencia de la falta de compromiso de los enemigos de la sociedad.
