Diferentes pareceres sobre la aplicación de políticas en materia de empleo y de apoyo a mayores han centrado el debate en el Pleno que ha celebrado hoy la Corporación Provincial. El grupo socialista y Vox se han abstenido en una modificación de créditos que incluye 3’8 millones de euros que se sumarán a la aportación total de la institución provincial al convenio que se desarrolla conjuntamente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ofrecer oportunidades de trabajo a los parados de los pueblos de la provincia.
La diputada provincial María Jesús Pelayo, por Vox, se ha mostrado a favor de que se lleve a cabo el programa en beneficio del mayor número de desempleados, mientras que, por su parte, el portavoz socialista, José Manuel Bolaños, ha referido la conveniencia de seguir apoyando el actual sistema de colaboración sin variaciones. Sin embargo, el grupo popular entiende, según ha explicado la diputada Rocío Zarco, que en la aportación que hace la Diputación deben incluirse los costes de los seguros sociales.
A este respecto, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha intervenido y ha refrendado a Zarco en su exposición.
Ha explicado que intentó negociar con el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, con el objetivo de solventar un problema que considera clave para los municipios de la provincia.
“Ha sido algo que, personalmente, he intentado negociar con el presidente de la Junta”, ha comenzado Valverde, refiriéndose a la necesidad de que los ayuntamientos no tengan que asumir el coste de los seguros sociales. Ha relatado cómo durante la reunión, a la que también asistieron el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y la delegada en Ciudad Real, Blanca Fernández, expuso que los pueblos pequeños no pueden asumir el 100 por cien de los costes laborales que no cubre en la actualidad el Plan de Empleo.
“Los pueblos de nuestra provincia tienen la oportunidad de aprovechar las convocatorias de la Diputación, que les permiten financiar materiales o asumir los costes sociales, pero ninguna otra Diputación ofrece esta flexibilidad”, ha señalado Valverde, lamentando que pese a las peticiones de los alcaldes y de la propia Diputación, no se haya logrado un acuerdo con la Junta en esta materia.
Ha destacado, además, que este problema se agrava por la falta de autonomía de los ayuntamientos para contratar al personal adecuado en base a los principios de mérito, igualdad y capacidad, algo que, según Valverde, está recogido en el convenio, pero no se cumple. “La mayoría de las veces, los criterios establecidos impiden que los ayuntamientos puedan contratar a las personas adecuadas”, ha denunciado.
Ha referido, asimismo, que, tras varias conversaciones, “hemos esperado la llamada de la Junta, pero no ha llegado ninguna. Hemos esperado hasta el final”, ha afirmado para explicar seguidamente que al final el convenio se firma en los términos que todos los años.
En un tono tajante ha añadido que la Junta está financiando el Plan de Empleo con fondos europeos, mientras que la Diputación aporta los suyos propios para sostener la parte de financiación que le corresponde. “Lo que pedimos es que nos permitan destinar el 100% de este dinero a financiar los costes laborales”, ha insistido Valverde antes de señalar que la Diputación está dispuesta a habilitar otros planes de empleo de forma unilateral, si es necesario, para cubrir las contrataciones que se dejan de realizar por la inclusión de los costes sociales en el convenio con la Junta.
Ha recordado, por otro lado, que en 2023, un año electoral, se hicieron 3.000 contrataciones, pero que en 2024, la cifra ha caído a 1.900, lo que refleja una clara reducción de la capacidad del Plan de Empleo. “En mi ayuntamiento lo hemos notado, y en muchos otros también”, ha subrayado para preguntar, acto seguido, si en los ayuntamientos gobernados por otros partidos no han apreciado esta disminución.
También ha hecho referencia al pasado, recordando que en tiempos del presidente Nemesio de Lara, la Diputación tenía su propio Plan de Empleo financiado al 100 cien, y que la Junta también contaba con otro. En definitiva, no ve tan descabellada la petición de que se incluya el coste de los seguros sociales en el Plan de Empleo conjunto, sobre todo teniendo en cuenta de que el Partido Socialista es la formación política que en la Diputación más se opone a los copagos.
En otro orden de cosas, la propuesta conjunta de los grupos políticos Popular y Vox sobre el Apoyo Nutricional a Mayores y la Financiación de las Residencias Gestionadas por Ayuntamientos, ha motivado un cruce de consideraciones que el grupo socialista ha concretado básicamente en que han dejado de llegar recursos con cargo a los fondos Next Generation, mientras que el grupo popular y el de Vox han puesto de manifiesto la necesidad de no dejar abandonados a los mayores y la exigencia de que el Gobierno regional apoye en la misma media las plazas de las residencias conveniadas con Ayuntamientos y las concertadas. En concreto, la portavoz de Vox, Milagros Calahorra, ha precisado que la moción afecta a graves problemas como son la despoblación y el envejecimiento para que la inacción no vaya en contra del “bienestar de nuestros mayores y ofrecerles un servicio esencial”.
Ha tomado la palabra Valverde para denunciar que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “se ha ido del programa de apoyo nutricional a mayores”, lo que supone un grave perjuicio para los municipios de la provincia. Valverde ha criticado duramente la gestión del Gobierno regional en relación con este servicio esencial para la Tercera Edad, así como la desigual financiación de las plazas en residencias conveniadas y concertadas.
Ha recordado que cuando se reunió con el presidente de Castilla-La mancha planteó la situación que sufren las residencias gestionadas por los ayuntamientos, que, en muchos pueblos, constituyen la principal fuente de empleo, especialmente para mujeres. “El señor Page y su Gobierno, tan preocupados por el bienestar social de las personas mayores, no equiparan la financiación de las plazas de las residencias municipales con las concertadas. Esto hace que la viabilidad de muchas de ellas sea imposible y deja a los ayuntamientos en una situación insostenible”, ha advertido. También ha indicado que algunos municipios ya han anunciado que no podrán seguir adelante y que se verán obligados a cerrar sus residencias.
Valverde ha recordado que, en el reciente debate sobre el Estado de la Región, García-Page mencionó un posible plan para abordar esta situación, pero lo ha calificado de “otro más de los muchos que nos han presentado sin llegar a ningún resultado”. Y ha acusado al Gobierno regional de ventajista y de haber dejado la comunidad autónoma en una situación ruinosa en 2011, lo que, según Valverde, está repercutiendo en la capacidad de ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos.
“Hoy en día, los plazos para obtener una certificación de discapacidad pueden tardar hasta dos años, las listas de espera para operaciones quirúrgicas menores superan el año, y la atención médica en algunos centros de salud está completamente colapsada”, ha asegurado. “¿De qué bienestar presume el señor Page?”, ha preguntado retóricamente.
El presidente de la Diputación ha destacado que la institución provincial sigue manteniendo más de mil usuarios en el programa de apoyo nutricional, a pesar de que antes la Junta financiaba a 1.700 personas y ahora es la Diputación la que soporta íntegramente los costes.
Ha lamentado la falta de compromiso por parte del Gobierno regional, acusándolo de “abandonar a los mayores” y de desentenderse de la situación. “He hablado con familiares de personas mayores que me han dicho que, sin este servicio, tendrían que llevar a sus padres a una residencia. La Junta se ha ido, pero alguien tiene que pagar la diferencia con las residencias”, ha indicado tras recriminar al grupo socialista que pretenda adjudicar méritos a su formación política sin ofrecer soluciones reales.
Valverde ha concluido señalando la falta de credibilidad del Gobierno regional y ha insistido en que el bienestar de los mayores es una prioridad para la Diputación, acusando a Bolaños de intentar ofender en lugar de abordar los problemas de manera constructiva.
