El Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado necesario un sistema de financiación que “garantice a la ciudadanía la igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad; la educación y los servicios sociales”.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el desarrollo del VI Foro Tax Global Meeting ‘Una visión estratégica sobre fiscalidad’, que ha reunido en la ciudad de Cádiz a representantes del sector privado, instituciones públicas y académicas para analizar las principales cuestiones estratégicas que afecten a los sistemas fiscales. En este contexto, ha participado junto a sus homólogas de Hacienda de las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, en una mesa sobre los retos de la financiación territorial: situación actual y desafíos políticos y financieros.
Ruiz Molina ha recordado que para llegar a ese principio de igualdad lo que hay que hacer “es ponernos de acuerdo todas las comunidades autónomas y ver qué singularidades tenemos a la hora de valorar el coste que a cada una nos cuesta prestar esos servicios”, es decir, “llegar a un consenso para determinar cuál es el valor de la población ajustada en cada territorio”.
Necesaria reestructuración de la deuda
En el foro, en el que también ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines, Ruiz Molina ha puesto de manifiesto la necesidad de una reestructuración de la deuda que está motivada por dos factores, uno de ellos es que el modelo de financiación actual se ha comportado de forma errónea. Así se demuestra “técnicamente” que, junto a Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, Castilla-La Mancha es una de las castigadas por el actual modelo. Y por otro, que hay un porcentaje de la deuda que mantenemos con el Estado como “consecuencia de la crisis financiera del 2007 y de la caída brutal de esos ingresos”.
En los mismos términos, el consejero ha explicado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “estamos dispuestos a dialogar con el Estado”, ya que así, “ahorraríamos bastante la carga de intereses que tenemos que soportar” y ha trasladado el “sí” a la condonación de la deuda y el “sí” a la aprobación de un fondo transitorio, para que, hasta que se apruebe el nuevo modelo de financiación, se compense a esas comunidades a las que “objetivamente” este modelo no está tratando bien; como son esas cuatro (infrafinanciadas).
A favor de una Ley de Armonización Fiscal y en contra del concierto catalán
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital también ha apoyado que el Estado apruebe una Ley de Armonización Fiscal, ya que según ha explicado, se trata de que “los ciudadanos paguen en función de su capacidad económica y no del territorio donde vivan”, como recoge la Constitución.
En esta línea de solicitudes, Ruiz Molina ha expuesto que desde el Gobierno de Emiliano García-Page “sabemos lo que queremos y lo que no”, y dentro de lo que no es el concierto catalán, ya que supone un “sistema de financiación específico”. Sobre este concierto ha dicho que supondría un “grave atentado al principio de igualdad”, porque conllevaría a trocear la riqueza nacional que “pertenece a todos y está al servicio del interés general”.
Y ha concluido que con ese “trocear la riqueza” el Estado dejará de ejercer las competencias que la Constitución le ha atribuido, como son la “redistribución de la renta y la cohesión territorial”, por tanto, “estamos en contra de cualquier modelo que se negocie de manera bilateral” porque está decidiendo “el futuro de la financiación del resto de las comunidades autónomas”.
