Los senadores del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Rosa Romero, Leopoldo Sierra y Raúl Valero, han hecho, en rueda de prensa, un balance del primer año de la presente legislatura.
En su intervención, Rosa Romero ha asegurado que en este año el Grupo Parlamentario Popular ha llevado a cabo “un intenso trabajo” con el objetivo de ser útiles a los ciudadanos y “ser un dique de contención de las tropelías de Sánchez”, lo que, a juicio de la senadora “popular”, les convierte en la “única alternativa sólida al Gobierno de Pedro Sánchez, paralizado y acorralado por la corrupción”.
De este modo, ha destacado las veintiséis sesiones plenarias y las doscientas sesenta y una comisiones que se han desarrollado en el Senado, “un intenso trabajo que ha sido posible gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, frente a la parálisis a la que somete el Gobierno de Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados, un Gobierno comprado a través de prebendas a los independentistas y con el único ánimo de mantenerse en el poder”.
Así mismo, Romero ha manifestado que, desde el Senado, han hecho una oposición constructiva y responsable, presentando hasta doce proposiciones de ley, las llamadas Ley Feijóo, entre las que ha destacado la proposición de ley contra la ocupación ilegal, la de ampliación de la prisión permanente revisable a graves delitos, la de otorgar a los funcionarios de prisiones la consideración de agentes de la autoridad o la de mejora de la burocracia para la valoración del grado de discapacidad, entre otras.
También se ha referido a las preguntas orales, interpelaciones y mociones presentadas por el GPP del Senado, destacando, entre éstas últimas, las referentes a una EVAU común, la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, la relativa a los fondos Next Generation o las que defienden la igualdad entre españoles independientemente de la comunidad en la que vivan.
De igual forma, ha recalcado como la mayoría absoluta del PP en el Senado dilató la tramitación de la Ley de Amnistía hasta dos mes, “solicitando los informes jurídicos que no se pedían en el Congreso”, o como ha posibilitado la puesta en marcha de dos comisiones de investigación, una sobre el caso Koldo y otra sobre el CIS de Tezanos, “para poner luz y taquígrafos y depurar responsabilidades en unos casos tan vergonzosos”.
Por último, ha lamentado que, “ante este trabajo”, hayan tenido siempre enfrente el “no” y el silencio cómplice de los senadores del PSOE de Ciudad Real, a los que ha acusado de estar más preocupados por sus sillones que por dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, por lo que ha afirmado que “los únicos senadores que defienden a la provincia de Ciudad Real son los del PP”.
Por su parte, Raúl Valero ha desgranado las iniciativas más centradas en la provincia de Ciudad Real, tales como las relativas a infraestructuras como la autovía A-43, “para que de una vez por todas se lleve a cabo su finalización y también el reasfaltado del tramo que une Ciudad Real y Manzanares”; también las referentes a infraestructuras hídricas, “para resolver los graves problemas de abastecimiento de agua que sufren determinadas comarcas de nuestra provincia, como la del Campo de Montiel, donde el Gobierno de Rajoy dejó aprobada y presupuestada la construcción de la presa de Montizón, pero que Pedro Sánchez, a su llegada al Gobierno, paralizó y dejo morir dicho proyecto” o las referentes a la falta de efectivos de la Guardia Civil en la provincia, especialmente en el medio rural, asegurando Raúl Valero que “la falta de seguridad afecta gravemente a la lucha contra la despoblación de nuestros pueblos”.
Por otro lado, Leopoldo Sierra se ha referido al sistema de financiación de las comunidades autónomas, y ha explicado cómo el pasado 17 de julio se debatió en el Senado una moción que instaba al Gobierno a habilitar un Fondo de Nivelación Transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas, como es el caso de Castilla-La Mancha, y reformar el actual sistema de financiación, un fondo que, a juicio de Sierra, debía de implementarse ya y mantenerlo en el tiempo hasta que se reforme el actual sistema, “un sistema, el actual, injusto porque merma los ingresos a determinadas comunidades, dificultando la prestación de los servicios públicos que reciben sus ciudadanos”, ha finalizado.
