Mª Concepción Rodríguez Fariña. Presidenta de EPA.– Tras tres años de acciones de EPA “Empleados Públicos en Abuso”, de la mano del bufete de abogados de Navas&Cusí, más de 11 años de inacción de la Comisión Europea ante la denuncia múltiple CHAP(2013) y más de 24 años de incumplimiento por parte de España, de la Directiva 1999/70-CE, nos encontramos en el punto en que la Comisión Europea ha de pronunciarse y resolver definitivamente las denuncias planteadas.
Ante las denuncias: contra el Reino de España por no trasponer la Directiva 1999/70-CE, contra el Tribunal Supremo Español por validar una Ley que no da por válida la UE, los escritos de apremio para instar a la Comisión Europea a que no dilatase más un pronunciamiento demasiado alargado en el tiempo, ésta nos emplazó a las dos sentencias que debía emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relacionadas con las prejudiciales de Madrid (sobre trabajadores laborales interinos, sentencia del 22 de febrero de 2024) y de Barcelona (sobre trabajadores funcionarios interinos, sentencia de 13 de junio de 2024), que unifica el criterio sobre TODOS los trabajadores públicos contratados en ABUSO.
Una vez han sido publicadas dichas sentencias, en las que el TJUE reconoce que las medidas adoptadas por España, con nuevos procesos a los trabajadores abusados QUE YA SUPERARON UN PROCESO SELECTIVO, del tipo que fuese, y en condiciones de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, para entrar a trabajar en la administración pública y la Ley 20/21 que ampara dichos procesos en desigualdad de condiciones con aspirantes que no sufren situación de abuso, NO se ajustan a la Normativa Europea. Que ante la ausencia de medidas SANCIONADORAS en la legislación española, que eviten que se den situaciones de abuso y por lo que la justicia española está dejando, no sólo en total DESAMPARO, sino con ENSAÑAMIENTO contra las víctimas del ABUSO del Estado Español, la vía para acabar con dicho abuso y cumplir con la Directiva Europea sea la FIJEZA.
Con total asombro y sonrojo, cuando menos, somos espectadores de los movimientos, absolutamente deleznables, del Ministro José Luis Escrivá que, en lugar de avergonzarse de mantener una situación que podría rayar en lo delictivo, dedica sus esfuerzos a buscar argucias y retorcimiento de la ley para sentenciar a miles de familias.
En España estamos demasiado acostumbrados a que los delitos prescriban, a que los delincuentes sean tratados judicialmente con más respeto que los delinquidos, pero no vamos a callarnos ni seguir usando paños calientes para denunciar uno más de los múltiples atropellos que se están produciendo desde Gobierno y Justicia Españoles.
Exigimos a la Comisión Europea que emita un pronunciamiento contundente y vinculante para resolver de una vez por todas la FIJEZA en sus puestos de trabajo de los trabajadores públicos que llevan años contratados en ABUSO. Que hagan cumplir el EFECTO ÚTIL de la Directiva 1999/70 y obligue al cumplimiento inminente, con el resarcimiento debido a todos los afectados. De otro modo y tal como ya denunciamos hace año y medio, volveremos a denunciar a la Comisión Europea por inacción y dejación de funciones, ante el Ombudsman (Defensor del Pueblo Europeo), que ya advirtió a la CE que no puede dilatar en el tiempo sus resoluciones.
