La delegada provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha resaltado que “una de las prioridades del Gobierno de Emiliano García-Page es garantizar los servicios públicos y luchar contra la despoblación en las zonas rurales”, que en el caso de la provincia de Ciudad Real supone “invertir un millón y medio de euros al día”, o lo que es lo mismo, aproximadamente 500 millones al año.
Blanca Fernández ha añadido que con este esfuerzo inversor lo que se pretende es “intentar hacer todo lo posible por garantizar una igualdad de oportunidades, que es la lógica de una región vertebradora e integradora como la nuestra”.
Y es que, la delegada de la Junta de Comunidades ha puntualizado que “no es lo mismo gestionar una provincia o una comunidad autónoma con ciudades grandes y muy pobladas a gestionar un territorio como el nuestro, con muchas zonas muy pequeñas y con muy baja densidad de población de una ciudadanía que, al fin y al cabo, tiene los mismos derechos”, si bien requiere de un mayor sobre esfuerzo presupuesto, de ahí que haya aludido al “necesario acompañamiento” del Gobierno de España en un asunto que requiere abordar un nuevo modelo de financiación autonómica con la reivindicación de que cubra el coste real de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.
Un buen ejemplo de ese sobre esfuerzo es el que necesitan los municipios de la comarca de los Montes, concretamente la pedanía de Santa Quiteria visitada por Blanca Fernández y que además ha protagonizado una jornada de trabajo junto a los delegados y delegadas provinciales de las distintas áreas de gestión, con la presencia del alcalde de Alcoba de los Montes como anfitrión, Pedro Escudero.
Medidas de acción positiva
Pese a ello, Blanca Fernández ha puesto énfasis en la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, una normativa pionera que ya está obteniendo algunos de sus objetivos con medidas de acción positiva desde todas las consejerías y con la aplicación de una fiscalidad diferenciada que en el caso de la provincia de Ciudad Real beneficiará en el presente ejercicio a cerca de 32.000 personas con unas deducciones que suman 9,7 millones de euros.
Otros hitos alcanzados a nivel autonómico son las 1.400 ayudas concedidas para el inicio de la actividad en zonas rurales; un saldo positivo de población de 42.492 personas desde la entrada en vigor de esta ley en 2021, con 11.368 de esas personas que ha optado por vivir en zonas de extrema, intensa y en riesgo de despoblación, además de las mejoras llevadas a cabo en el ámbito educativo y sanitario o en las carreteras de estas zonas rurales, a la que el Gobierno castellanomanchego dedica 7 de cada 10 euros de inversión en este ámbito para conseguir que la movilidad y las vías de comunicación sean un elemento dinamizador.
Y es que, en definitiva, de lo que se trata es de garantizar el mantenimiento de la población del medio rural, mejorar su calidad de vida, así como su viabilidad económica y social de las zonas rurales de la provincia de Ciudad Real y de la región, ha concluido Blanca Fernández.
