El presidente y administrador único de García-Carrión, José García-Carrión Jordán, ha declarado este miércoles en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, y ha sostenido que en su bodega «todo está en regla» y que no hay discrepancias en lo que venden como vinos de crianza, reserva y gran reserva.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Europa Press en relación a esta declaración que se ha celebrado en el marco de la causa en la que se investiga la presunta comercialización como crianza, reserva y gran reserva de vinos que supuestamente no cumplían los requisitos de elaboración ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble.
García-Carrión, que declaraba también como representante de la bodega de la que es administrador, ha respondido a lo largo de dos horas a todas las preguntas formuladas por todas las partes y ha apuntado al juez que aportará más documentación así como periciales y datos que demostrarían que todo el proceso de etiquetado y venta es correcto.
Así, ha aseverado que no existen discrepancias, que está todo controlado, y que las cifras de su bodega son posibles gracias a que tenía excedentes de vino gracias a que cuando compraron en 2007 la Bodega Vinartis, ésta contaba con 43 millones de litros de crianza, reserva y gran reserva en sus barricas envejeciendo, por lo que no está conforme con el informe policial al respecto.
Desde García-Carrión han explicado a Europa Press que les sorprende haber acabado investigados en esta causa cuando todas las denuncias que arrancaron en 2019 fueron interpuestas por ellos mismos para «acabar con la jungla» de Valdepeñas (Ciudad Real). «Lo curioso e indignante es que García-Carrión esté aquí como investigado porque es el mayor impulsor de que se etiquete bien en el Consejo Regulador», han comentado.
Tras esta declaración, llegará el turno el próximo 29 de abril del consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís, Félix Solís Yáñez.
En un comunicado de esta bodega, recogido por Europa Press, explican que confían en tener la ocasión de compartir «información clave» para aclarar las cuestiones relativas a la compañía y los hechos que son objeto de las diligencias judiciales. «Desde la compañía estamos convencidos del buen hacer de la Justicia y de que este asunto se resolverá lo antes posible en lo que respecta a Félix Solís», añaden.
PUBLICIDAD ENGAÑOSA, ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL
En un auto de octubre de 2023 el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 les citaba a ambos como investigados en la causa que se sigue por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.
En su resolución, el magistrado acordaba además dirigir el procedimiento como personas jurídicas contra las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria al considerar que indiciariamente podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados en la causa.
Cabe recordar que fue en abril de 2021 cuando el magistrado admitió a trámite mediante un auto una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro –así como sus administradores– comercializaron como crianza, reserva y gran reserva vinos que «no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella».
Con posterioridad, el magistrado acordó el sobreseimiento provisional de la causa para las bodegas Navarro López y Fernando Castro, así como para sus representantes, dado que tras el examen de la documentación no se podía inferir que dichos investigados hubieran participado en una actividad ilícita.
En el caso de Félix Solís, explicaba en su auto, se pone de manifiesto que los investigados «han llevado a cabo una comercialización de vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas con las menciones crianza, reserva y gran reserva, en cantidades muy superiores a la declaradas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, durante el periodo correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, introduciéndolo en el tráfico económico».
Dicha documentación, continuaba el juez, «evidencia una falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación, que hace poner en duda la veracidad de la información proporcionada por los investigados, con independencia de la posible participación en los hechos del resto de operadores que intervienen en este proceso».
El juez señalaba sobre García Carrión que, de la documentación presentada así como de la obtenida a través del Consejo Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece mercantiles compradoras, se «pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión SA, Grupo Vinartis SA y José García Carrión también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella».
Apuntaba además que la comparación entre los datos de declaración de aptitud proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos, existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo de 2017 a 2019.
Cabe recordar que el juez acordó también dirigir el procedimiento contra las certificadoras Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SL por cuanto podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados. «Ello, por cuanto la emisión de certificados de aptitud a sabiendas de que los datos en aquellos contenidos no se ajustan a la realidad, constituirán una aportación necesaria para la ejecución de los delitos objeto de investigación», aclaraba.
