El conflicto catalán estaba presente en el reino de Aragón, antes de que los Reyes Católicos lo unificaran con Castilla a finales del siglo XV. La situación se complicó con la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII, tras la derrota del pretendiente de la casa de los Austrias —al que apoyaban mayoritariamente los catalanes—, en la Guerra de Sucesión española de 1713.
El nacionalismo surgido en Europa, durante el siglo XIX, permitió que emergiera el separatismo catalán que, con la melancolía y el victimismo como divisas, se prolonga hasta nuestros días. En los periodos republicanos se reivindicaron políticamente ante la sociedad española. Durante la Segunda República, en 1931 y 1934, declararon la independencia unilateralmente, lo que obligó al Estado a restituir por la fuerza la legalidad constitucional.
Durante la transición democrática, con el regreso a España, en 1977, de Josep Tarradellas Joan —Presidente exiliado de la Generalidad—, se alcanzó un pacto constitucional con la concurrencia del nacionalismo catalán y que, durante un cuarto de siglo, mantuvo un status quo respetado por todos. Pero, a partir del año 2000, se inician acontecimientos que lo van a cambiar todo.
Ese año, José Luis Rodríguez Zapatero, es nombrado secretario general del PSOE, pactando con el PSC de Pascual Maragall Mira, el compromiso de aprobar un nuevo estatuto para Cataluña, que permitiera a los socialistas catalanes ampliar su base electoral. El compromiso se concretaba en que el texto elaborado en el parlamento catalán, sería aprobado tal cual llegara a las Cortes Generales, si gobernaba el PSOE.
En 2003, Convergencia Democrática pierde el gobierno regional en favor de una coalición de partidos de izquierda —el conocido popularmente como tripartito—, formado por el PSC, Iniciativa per Catalunya y ERC, primero con Pascual Maragall, como presidente de la Generalidad y, después, con José Montilla.
En marzo de 2004, el PSOE gana, de forma imprevista, las elecciones generales y asume el gobierno central, con lo que se cumple la premisa establecida. Entonces se reactiva la elaboración del nuevo estatuto de Cataluña. Su redacción fue una puja de todos los partidos nacionalistas y del PSC, que va a máximos en sus supuestas pretensiones de autogobierno, desbordando ampliamente el marco constitucional.
El estatuto se revisa en el Congreso por la Comisión Constitucional, reduciendo sustancialmente su contenido, pero la presión del PSC, evita que se adecúe a la Carta Magna. Este será el primer estatuto de autonomía que se aprueba con menos de los tres quintos de los diputados. El texto aprobado se votó en referéndum en Cataluña, en 2006. Pero fue votado favorablemente, solo por el 36% del censo electoral.
Debido al Pacto del Tinel, al Partido Popular se le impide, de facto, participar en la tramitación parlamentaria del estatuto, por lo que, una vez aprobado, presentó un recurso de inconstitucionalidad, por la invasión de las competencias del Estado. El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional dicta sentencia derogando algunos artículos y corrigiendo otros.
Esta sentencia provocará manifestaciones en Cataluña encabezadas por el entonces presidente de la Generalidad, José Montilla Aguilera. Las alentó pese a que la sentencia era una garantía de nuestro Estado de derecho y de la separación de poderes. Luego perdió las elecciones autonómicas que se celebraron a finales de 2010, en las que Convergencia Democrática recuperó el gobierno regional, con Artur Mas como presidente.
En 2010 el señor Zapatero aplica, forzado por la UE, los recortes más elevados del gasto público en democracia. El enorme déficit público y la elevada deuda pública, obligó al gobierno, también exigido por la UE, a modificar el artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 para garantizar la devolución de la deuda a los inversores privados.
En diciembre de 2011, llegó al gobierno, Mariano Rajoy, con la necesidad de profundizar en los ajustes económicos. La Unión Europea le pidió mayor rigor en el gasto, amenazando con intervenir nuestra economía.
Los dirigentes catalanes aprovecharon la situación para iniciar una escalada en sus reivindicaciones al Estado, con la escusa del déficit fiscal. Convocaron los referéndums ilegales de 2014 y 2017, y Carles Puigdemont i Casamajó, hizo una declaración unilateral de independencia. Entonces el Estado intervino la autonomía, aplicando el artículo 155 de la Constitución con la autorización del Senado. Y concluyó con la exigencia de responsabilidades a sus organizadores.
Los que no se fugaron, fueron condenados en 2019 por sedición y malversación, a penas de prisión, inhabilitación y a asumir responsabilidades económicas. En 2021, el gobierno de Pedro Sánchez los indultó y en 2023 suprimió el delito de sedición y rebajó las penas a los delitos de malversación. En estos momentos se quieren amnistiar los delitos de los fugados, sobre todo al señor Puigdemont.
Para saciar momentáneamente al separatismo catalán, tendrán que restituir el estatuto de 2006 y celebrar un referéndum vinculante de autodeterminación. Además de acometer las cuantiosas inversiones que demandan al Estado.
Sería bueno que, quienes decidan, lean antes “Las cuentas y los cuentos de la independencia” de Josep Borrell, para entender la tropelía que van a cometer.
