La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Esther Padilla, ha avanzado hoy que el presidente regional, Emiliano García-Page, remitirá una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el objetivo de poder abordar “de una manera negociada con el Estado y con el resto de comunidades autónomas, un Pacto de Estado que imposibilite que ninguna Administración pública tome una decisión que afecte a las finanzas de la otra Administración”. A este respecto, Padilla ha añadido que, en ocasiones, “esta implicación financiera pone en dificultad la gestión de determinados servicios”.
La consejera ha hecho hincapié en que este tipo de sobrecostes derivados de normativas estatales “son decisiones que no se realizan sólo ahora, sino en épocas anteriores, pero que tienen que ver tanto con la bajada de ingresos como con el incremento de gastos”, una situación que, a su juicio, “se puede abordar ahora negociando con el Estado”, en alusión a la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes.
Por lo tanto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como ha señalado Padilla, se enviará al Ejecutivo central un borrador “muy razonado y relacionado con la lealtad institucional” que hará referencia también “a lo recogido en la diferente normativa del ordenamiento jurídico español” en alusión a que el Tribunal Constitucional en alguna sentencia “ha reconocido esa lealtad institucional que tiene que haber entre administraciones pero que no siempre está siendo todo lo efectiva que debiera ser”, ha recalcado.
De hecho, Esther Padilla ha señalado algunas de las indicaciones que se recogen en estas sentencias, como el hecho de que “se llega a reconocer que cuando se adopten medidas por parte del Estado y que afecten a las comunidades autónomas, tiene que hacerse una valoración que debe conllevar, a su vez, una revisión quinquenal del impacto que puede tener en las finanzas de las comunidades autónomas”.
A este respecto, la consejera ha recordado que “desde que se aprobó la última financiación autonómica no se ha producido ninguna de esas valoraciones, ni siquiera compensación de los gastos o de la rebaja de ingresos que nos supone a las comunidades autónomas”.
Durante su intervención, la portavoz regional ha puesto algunos ejemplos sobre cómo afectan este tipo de decisiones estatales a los ingresos de las diferentes regiones. En este sentido, ha remarcado que “se han tomado medidas por parte del Estado en distintas épocas de nuestra historia democrática que impactan negativamente en los ingresos como, por ejemplo, en el nivel de Impuesto Especial sobre la Electricidad”, donde ha explicado que cuando se decide rebajar del 5 por ciento al 0,5 por ciento “tiene un impacto concreto en las comunidades autónomas, sobre todo en un impuesto que está cedido al cien por cien, como es el caso”.
También ha citado la portavoz del Ejecutivo autonómico la manera en que afecta la modificación del IVA, “en lo que tiene que ver con una cesión del 50 por ciento de las comunidades autónomas y que también tiene un impacto”. Además, ha hecho referencia a lo que ocurre cuando se adoptan nuevas normativas que suponen nuevos gastos a las comunidades autónomas. En concreto, se ha referido a ejemplos como puede ser el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales para el Sistema de Autonomía y Atención a Personas Dependientes sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros, que, tal y como ha reconocido, “supone un coste anual para las comunidades autónomas”.
Otro de los ejemplos que ha puesto Padilla durante su intervención es el relacionado con la aprobación de la nueva Ley de Universidades que, como ha puntualizado, “también supone un incremento importante para las comunidades autónomas, al igual que cuando hablamos de la atención a personas mayores; ya que el incremento de ratios del personal supone contratar más personal tanto a las residencias de mayores de titularidad pública, regional, local o a las del Tercer Sector”. Medidas que, tal y como ha dejado claro “a todos nos afectan ya que conllevan un incremento importante de presupuesto que no viene acompañado nunca de financiación ni de compensación por parte de del Estado”.
Por último, la consejera ha apelado “al consenso y al sosiego entre administraciones para encontrar una solución a esta situación que se viene dando legislatura tras legislatura” porque “desde este Gobierno creemos que los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas deben tener calidad, ya que así lo merece la ciudadanía”.
