La confluencia de estos años 2008 y 2009, va a venir dominada por la crisis económica abierta y sus efectos consecuentes, que darían vía libre al denominado Plan E, tramitado en el Parlamento en noviembre de 2008; también a la sentencia del TSJ de 2009; y la reactivación del POM. El llamado Plan E, conocido como Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo aprobado en noviembre de 2008, “tuvo como objetivo el impulso de la actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público, para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global en 2007”. Plan que, más allá de sus efectos y balances, supuso en algunos casos una colisión con el Planeamiento Urbano vigente, que quedaba postergado en sus determinaciones fácticas frente al impulso y urgencia de Obras civiles singulares y tenidas por necesarias. Como ocurriría con actuaciones posteriores acogidas a financiación singular –y casi siempre, con plazos urgentes–, pero sin encuadre en la estructura del Plan urbanístico vigente: llámense Planes Estratégicos, EDUSI o Planes Modernizadores, también los citados ya y alumbrados en 2005 Nuevo Plan de Directrices Infraestructuras (NPDICR), Esquema Director de Infraestructuras (EDICR), Documento de Directrices de Ordenación de Ciudad Real (DDOCR) y Estudio de Directrices sobre el Crecimiento Futuro (EDCF).
Circunstancias evidentes, toda vez que las actuaciones de los citados Planes de Inversión y de Obras en otros casos, al ser posteriores a la fecha de vigencia del PGOU –a falta de POM actualizado– no podían ser contemplados por aquel documento. Pero no deja de ser cierto que, ante la ausencia de Planeamiento actualizado –a la normativa primero, y al tiempo después–, se producen actuaciones con cambio de usos urbanísticos entre otros aspectos. Y este matiz de utilizar figuras sin cobertura normativa, se ampliaría con las llamadas Directrices Urbanísticas, aprobadas en el Pleno de julio de 2005 y posteriormente recurridas por el Grupos Socialista al TSJ de CLM. La pretensión de las repetidas Directrices Urbanísticas trae causa de las llamadas Consultas Previas – y de las Jornadas desplegadas en enero de 2005 como cobertura participativa aquellas y como caudal técnico académico éstas–. Jornadas Donde se suman un caudal de opiniones –desplegadas y propuestas por la gerente de urbanismo Carmen Casanova– en aras de una supuesta normalización urbanística, como si de vivier una especie de estado de excepción normativa.
La otra cuestión relevante, había sido la referida Sentencia del TSJ de CLM de mayo de 2009. Sentencia por la que se acordaba fijar la nulidad de la figura desplegada desde 2005 por los acuerdos adoptados por el pleno del Ayuntamiento, bajo la denominación de Directrices Urbanísticas. Figura inexistente en la LOTAU y que servía al gobierno municipal del PP a la idea sostenida de no acometer una revisión del PGOU-97 que ya sería –de acuerdo a la terminología nueva– el nuevo POM. Directrices que fueron valoradas por “El concejal responsable del área de Urbanismo del Grupo Socialista, Agustín Espinosa, indicó que en el texto de la sentencia se recoge que la Corporación local ha creado una figura con un contenido habilitador que por principios de legalidad, su derivada reserva legal, debería haber estado articulada en la Ley de Ordenación del Territorio de la Actividad Urbanística (LOTAU), con desarrollo reglamentario sin que la administración local tenga competencias para su creación y regulación. El edil del PSOE recordó que en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento el 6 de julio de 2005, el PP aprobó en solitario unas directrices urbanísticas que pretendían definir aspectos regulatorios del suelo rústico de reserva ante el agotamiento del Plan de Ordenación Municipal. En aquel momento, el PSOE consideró un invento las citadas directrices para saltarse la norma vigente y pedimos que se realizara un nuevo Plan de Ordenación Municipal”. (Lanza, 22 mayo 2009). Algo parecido a lo manifestado meses más tarde por el PP en relación al retraso del POM: “El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha culpado a la Junta de Comunidades del retraso de casi año y medio en la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal de Ciudad Real. En declaraciones a los medios de comunicación, al término de la rueda de prensa en la que dio a conocer los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, Cañizares explicó que el primer avance de este documento se remitió a la administración regional en el mes de noviembre y contestaron afirmando que era necesario modificar diversos aspectos por lo que ahora estamos pendientes de lo que vuelvan a decir los técnicos de la Junta». De cualquier manera. Cañizares afirmó que las recientes modificaciones efectuadas en la LOTAU, Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, han provocado un retraso de casi año y medio en la aprobación del nuevo POM de Ciudad Real, y añadió que situaciones parecidas se están viviendo en muchos otros municipios de Castilla-La Mancha. El Plan General de Ordenación Municipal (POM) de Ciudad Real es el documento que determinará el desarrollo urbanístico de Ciudad Real en la próxima década (Lanza, 15 diciembre 2009).
En contraste, no solo con la iniciativa suscitada en 2005 con la aprobación de las Directrices Urbanísticas, sino con lo manifestado en el mes de mayo anterior, sobre la renuncia al recurso municipal. “En declaraciones a los medios antes de asistir una jornada sobre él nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) Cañizares indicó que dicha decisión de no recurrir la sentencia del alto tribunal, se debe que las directrices no han tenido un efecto práctico y no supondrá la anulación de actos administrativos”. De forma desviada a lo manifestado y argumentado en 2005 por “El concejal de Urbanismo Vicente Gallego, afirmó ayer que las directrices para la ordenación del territorio aprobadas en el Pleno del pasado día de julio se ajustan la ley (LOTAU), darían respuesta al crecimiento de la ciudad, ordenan diez iniciativas, la mayoría de promotores de Ciudad Real que ponen sobre la mesa la construcción de 12.000 viviendas (6.000 de protección oficial), prevén una dotación de infraestructuras de 270 millones de euros cargo de los agentes urbanizadores constituye la preparación de una futura revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Gallego justificó la aprobación de esas directrices en lugar de acometer la revisión del PGOU en que la segunda opción llevaría como mínimo tres años la primera responde la realidad inmediata, una realidad que al PSOE le incomoda. No obstante, Gallego adelantó que en este mismo mandato se acometerá esa revisión que queda preparada por las directrices aprobadas en el Pleno”.
El calado político y el trasfondo electoral de las medidas desplegadas, era anotado por José María Izquierdo en su texto del 14 de julio de 2005, Directrices urbanísticas, previos electorales. “El urbanismo siempre es un material sensible. Mucho dinero, muchos intereses de por medio. En política, también sirve para marcar las, en otros temas, escasas diferencias entre las opciones políticas. En Ciudad Real capital, con la evolución galopante, al igual que en otras zonas, no es fenómeno exclusivo, de la construcción era cuestión de tiempo que el tema saltara la actualidad. En los últimos meses, la controversia, en todo caso, está tomando cuerpo de naturaleza todo apunta que puede ser uno de los elementos clave de la futura campaña electoral. El primer paso, en todo caso, lo daba el alcalde, Francisco Gil, cuando, principios de año, relevaba al concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, nombraba Vicente Gallego y, sin solución de continuidad, ponía en marcha la Gerencia de Urbanismo. Gil-Ortega también daba el segundo paso al organizar unas jornadas municipales, hace unos meses, para diseñar la Ciudad Real del futuro. En aquella ocasión, sobre todo, se habló de agilidad en los trámites administrativos. Más recientemente, los colegios de Arquitectos y de Aparejadores organizaban otra jornada en la que la idea básica, en buena medida, frente a la la postura del Ayuntamiento era la apuesta por la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que dé una solución global las necesidades de la ciudad. A esta postura se ha sumado el PSOE sin dudarlo. Son posiciones de partida para lo que se vislumbra como una debate largo. Por medio, aunque faltan casi dos años para las municipales, se han mezclado las primeras escaramuzas con tufillo electoral. Al hilo de las controvertidas directrices urbanísticas, que no son un plan, pero que se puede intentar pasar por tal, se han lanzado los primeros dardos. Ángel Amador, portavoz socialista, ha repetido en varias ocasiones que el actual alcalde, Francisco Gil Ortega, no repetirá como candidato del PP, apuntando ayer la fuerte oposición con que contaría dentro de su propio partido, La daga con intento desestabilizado del contrario la lanzaba el lunes el concejal de Urbanismo, Vicente Gallego, quien aprovechaba unas declaraciones del diputado nacional secretario provincial de Organización, Sebastián Fuentes, contra las directrices urbanísticas, para señalar que se estaba postulando para candidato alcalde. Ayer, Amador, objetivo. de estas palabras, señalaba que el PSOE estaba fuerte, unido coordinado contra las normas urbanísticas. Que nadie iba por libre, ni había kamikazes y pedía Gallego que mirara para su propio partido. Gil-Ortega otra vez”.
