La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles, día 13 de marzo, a tres integrantes de una misma familia –padre, madre e hijo– acusados de traficar con cocaína y heroína desde su domicilio, y para los que la Fiscalía pide penas de prisión que van desde los nueve años y medio para el padre a los cuatro para el hijo, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Así consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acusa, además, a otras dos personas. A la primera de ellas por guardar la droga a la familia en caso de redada, y la segunda por facilitar las sustancias estupefacientes desde Madrid a la familia para ser puestas a la venta con posterioridad.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a 2019, cuando la Policía Nacional empezó a investigar la venta de heroína y cocaína que estarían realizando el padre y la madre de la familia en su domicilio, «llegando a utilizar a sus hijos menores de edad para atender junto a ellos mismos a los clientes que de forma numerosa y continuada acudían a adquirir esas sustancias».
Entre esos hijos se encontraba uno de los acusados, que al cumplir la mayoría de edad «se incorporó de forma libre y voluntaria» a la venta de sustancias estupefacientes en el domicilio familiar.
La familia se vio obligada a interrumpir la venta de sustancias a causa del estado de alarma que dictaminó el Gobierno a consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero que recuperó en abril de 2020, fecha desde la que los agentes de la Policía empezaron a realizar numerosas incautaciones de droga a personas que acudían hasta el domicilio familiar a adquirir cocaína o heroína.
Tras las incautaciones de droga llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional y ante el temor de que pudiera llevarse a cabo un registro policial, propusieron a una mujer, ajena a la familia y con problemas de adicción, que les guardara parte de la droga que dedicaban a la venta.
Además, según señala el escrito del fiscal, la familia adquiría la droga al último de los acusados, quien se encargaba de facilitarla desde la Comunidad de Madrid hasta el domicilio familiar, siendo sorprendido en una ocasión por agentes de la Policía Nacional, que le requisaron más de 220 gramos de cocaína.
Tras esta incautación, el juez instructor del caso autorizó el registro domiciliario en el interior de la vivienda en la que residía la familia, hallando en su interior gran cantidad de joyas, «parte de ellas procedentes de compradores de droga que las dejaban en garantía del posterior pago en efectivo», además de tablets, ordenadores, móviles, electrodomésticos, además de material para la preparación de las dosis de drogas.
Con los beneficios de la venta de la droga, la Fiscalía señala que la familia adquirió entre los años 2016 y 2021, varios inmuebles y vehículos que pusieron a nombre de personas de su ámbito familiar más directo para ocultar el origen de dichos beneficios.
En total, la familia adquirió dos inmuebles, puestos a nombre de dos de sus hijos menores de edad, además de diferentes vehículos puestos también a nombre de sus hijos y a uno de sus sobrinos.
Por estos hechos, la Fiscalía pide para el padre una pena de prisión de nueve años y seis meses por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y por un delito de blanqueo de capitales, con el agravante de reincidencia; para la madre solicita ocho años de cárcel por los mismos delitos, mientras que para el hijo pide una pena de prisión de cuatro años únicamente por el delito de tráfico de drogas.
Para la encargada de guardarles la droga el fiscal pide tres años y seis meses de prisión por un delito de tráfico de drogas con el atenuante de drogadicción, y para el encargado de suministrarles la droga desde Madrid una pena de cuatro años de prisión también por un delito de tráfico de drogas.
