Por José Antonio Moreno, responsable de Derecho de Aguas en Caballero & Fuentes Abogados.- A fecha de redacción de esta publicación, según Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, la AEMET, SIRA, SIAR y Confederación Hidrográfica del Guadiana, reflejan datos muy preocupantes de la situación hídrica del territorio castellano-manchego (particularmente, de la Llanura Manchega).
En aguas superficiales, Castilla – La Mancha tiene embalsados alrededor de 2.083 hm3, lo que supone un 35,91% de su capacidad total. Si ampliamos la alusión por provincias, las peores paradas son Albacete (con tan sólo unas reservas de 14,31%) y Ciudad Real (con un 23%).
El informe de seguimiento de indicadores y escenarios de sequía y escasez, de 1 de enero de 2024, refleja que la Unidad Territorial de Sequía 02 de Campo de Montiel – Ruidera se encuentra en Sequía Prolongada. Por su parte, las Unidades Territoriales de Escasez Mancha Occidental, Jabalón-Azuer, Gasset-Torre de Abraham, Vicario, Sistema General, entre otros, están en escenario de emergencia. Gigüela – Záncara estaría en alerta y Peñarroya en Prealerta.
Si nos vamos a las aguas subterráneas, tanto el IGME como Confederación Hidrográfica del Guadiana concluyeron en sus informes presentados ante la Junta de Gobierno, en diciembre de 2023, que la situación piezométrica general de las masas de agua subterráneas del Alto Guadiana continúa empeorando en Campo de Calatrava, Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Consuegra – Villacañas, Lillo – Quintanar, Rus – Valdelobos y Sierra de Altomira. El Campo de Montiel, por el momento, no ha experimentado un descenso acusado de los niveles piezométricos.
Actuaciones de ámbito local: recortes en el regadío Manchego y recomendaciones en el resto de usos.
El Gobierno ya ha aprobado recientemente un conjunto de medidas para afrontar la situación. No obstante, en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana y, concretamente, para las Masas de Aguas Subterráneas del Subsistema Alto Guadiana, el vigente Plan Especial de Sequía de la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, requiere en situaciones de emergencia ajustar las extracciones a través de los conocidos Regímenes Anuales de Extracciones, si bien sus efectos pasan a ser una mera recomendación de reducir los consumos en abastecimientos, industrias, usos domésticos y ganaderos (por el momento).
Además, en el supuesto especial del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, se habilita la puesta en funcionamiento de los pozos de sequía para el suministro inmediato de recursos con un volumen de hasta 10 hm3/año, así como la posibilidad de ser auxiliado desde el trasvase Tajo-Segura.
Por lo tanto, el gran damnificado ante la falta de recursos es el sector agrícola. Buena prueba de ello son los acuerdos adoptados el 22 de diciembre de 2023 por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por los que se aprobaron los Regímenes Anuales de Extracciones de las Masas de Aguas Subterráneas para el año 2024 (B.O.E. de 17 de enero de 2024), con las siguientes dotaciones máximas, salvo que los titulares de los aprovechamientos tengan autorizados volúmenes inferiores:
- Sierra de Altomira: los cultivos leñosos podrán utilizar dotaciones de hasta 1.500 m3/ha y 2.400 m3/ha para cultivos herbáceos. En esta zona se continúa con la senda marcada desde 2022, aunque las peores dotaciones en campañas desde su declaración de riesgo fueron las de 2020 y 2021.
- En Rus – Valdelobos, Mancha Occidental I y Mancha Occidental II: los cultivos leñosos podrán utilizar dotaciones de hasta 1.275 m3/ha y 1.700 m3/ha para cultivos herbáceos. Se enfrentan al mayor recorte de dotaciones de la última década.
- En Lillo – Quintanar y Consuegra – Villacañas tendrán una mejor situación, con unas dotaciones para cultivos leñosos de hasta 1400 m3/ha y 2.100 m3/ha para cultivos herbáceos, continuando con los recortes aprobados desde la campaña de 2020.
- En Campo de Calatrava dispondrá de dotaciones de hasta 1350 m³/ha para cultivos leñosos y 1800 m³/ha para cultivos herbáceos. Igual que en 2023.
- En Campo de Montiel: la regla general es que los cultivos leñosos tendrán una dotación de 1.400 m3/ha y año. Sin embargo, en los cultivos herbáceos se incorporan multitud de reglas, pudiendo extraer como máximo 3.500 m3/ha las explotaciones con derechos de riego no superiores a 3 has. Aquellas otras que se sitúen entre las 3 has y las 15 has, podrán extraer hasta 1.800 m3/ha en la parte que exceda de 3 has. En explotaciones de entre 15 y 25 has, se aplicarán gradualmente los tramos anteriores y en la parte que exceda de 15 has, una dotación de 1.200 m3/ha. En el resto de los supuestos, se aplicarán los tramos anteriores y, para el exceso de superficie sobre 25 has, la dotación se reduce a un máximo de 550 m3/ha.
Y ello, sin tener en cuenta la reducción impuesta del 60,23% del volumen que corresponda en los meses de junio a septiembre de 2024. Además, estrena medidas específicas para el perímetro de su zona meridional que depende del caudal fluyente de Villanueva de la Fuente, donde se prevén dotaciones inferiores y una prohibición directa de extracción y utilización de agua para riego en el periodo del 15 de junio al 31 de agosto.
Estos instrumentos para la gestión de las Masas de Agua contemplan en común el compromiso de aumentar las dotaciones durante la campaña de riego de 2024 en caso de recuperación de recursos con la llegada de las ansiadas “aguas altas” del periodo primaveral.
Con este marco, no es de extrañar la intensificación de las movilizaciones en reivindicación de ayudas urgentes que garanticen la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones, de tal forma que cubran de algún modo el descenso continuado en la producción y el aumento de los costes.
Además, en Caballero&Fuentes Abogados hemos experimentado en el último trimestre un considerable incremento de consultas y peticiones de estudios por inversores interesados en hacer una correcta planificación estratégica previa teniendo como referencia las novedades en la regulación hídrica aplicable a cada proyecto de explotación a implantar en nuestro territorio.
Demandas de información que lleva a reforzar garantías, plazos de pago y cláusulas de resolución de contratos e, incluso, a suspender provisionalmente operaciones de compraventa y/o arrendamiento de fincas rústicas, lo que pone de manifiesto la alta preocupación que vive el sector, adelantándose a eventuales riesgos de inviabilidad.
