Según los datos del Banco de España facilitados estos días, el año 2023 ha cerrado con una deuda pública de 1,575 billones de euros. Cuando accedió al gobierno de España, Pedro Sánchez, la deuda era de 1,204 billones, por lo que el incremento de la deuda desde entonces ha sido de 371.823 millones de euros. Es decir, cada español debe hoy 7.666 euros más que en 2018.
Los pensionistas, que son el colectivo que mayor incremento porcentual ha tenido de todas las prestaciones públicas que abona el Estado, han recibido una subida media bruta de sus ingresos, desde 2018 hasta 2024, de unos 5.100 euros. Eso sin contar con el IPC acumulado que, según datos del INE, ha alcanzado el 19,2% durante ese mismo periodo. Es decir, ni los teóricamente mayores beneficiados del sistema, pueden cubrir con la subida de sus ingresos, el incremento de deuda por habitante y eso sin tener en cuenta la elevada inflación sufrida en estos años.
Para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hay otros indicadores que valorar. Según él, la deuda pública se ha minorado en relación con el PIB. Ha pasado del 111,6% en 2022 al 107,7% en 2023, es decir se ha reducido en 3,9 puntos. El ministro lo achaca a que el gobierno ha cumplido sus objetivos a través de la responsabilidad fiscal y con la gestión eficiente de los recursos públicos. Pero no nos dice que ese resultado se ha debido al crecimiento de la economía —un 2,5% en cinco años—, y a la mejora de los ingresos públicos, pero no porque el gobierno haya reducido el gasto público que sigue descontrolado.
Según el economista Daniel Lacalle, el crecimiento de la economía del 2,5% durante los últimos años, se debe un 2,3% al gasto público pagado con la deuda pública generada. Mientras que el consumo privado solo lo ha hecho en un 0,2%.
En cuanto a la mejora de los ingresos, hay que tener en cuenta que la imposición directa, la del IRPF principalmente, se ha incrementado por no haberse deflactado las tablas de retención de los asalariados y de los pensionistas que, por el efecto de la inflación sufrida, se tendrían que haber aplicado. Y los ingresos de los impuestos indirectos han subido porque el IVA recaudado se ha incrementado en más de un 10% en total, por efecto de la inflación y pese a la rebaja o a la exención temporal aplicada a algunos productos básicos.
Según la OCDE, España es el país con mayor tasa de paro, con el 12%, de los 38 miembros que la integran. Le siguen Colombia con un 10,2% y Grecia con un 9,6%. Y ostentamos el dudoso honor de ser también el primer país de la OCDE, con mayor índice de paro juvenil, con un 28%. Por delante de Italia, 24,7% y de Grecia, 23,7%. Y esos son datos maquillados desde la reforma laboral de Yolanda Díaz, al considerar fijos discontinuos, a los que en realidad son parados discontinuos y no trabajadores, ya que están parados más tiempo, que trabajando.
Por otra parte, el empleo en España, ha crecido extraordinariamente en el sector público con más de 350.000 nuevas incorporaciones durante este periodo. Pero según Lacalle, la actividad laboral, como tal, no ha crecido, simplemente se ha troceado. Y para justificar su afirmación facilita un dato oficial contundente que aporta el INE. Las horas trabajadas semanalmente por cada afiliado pluriempleado en 2018, fueron 35,4 y, en 2023, han sido 31,7. Este colectivo incluye a unos 900.000 afiliados. Una rebaja del 12% en el número medio de horas trabajadas que equivale a unos 100.000 puestos de trabajo.
Con estos datos, no se entiende el optimismo que manifiesta el gobierno ante la opinión pública, a la hora de valorar la situación económica de España. Aunque parece una posición impostada, porque ellos conocen bien la realidad, pero están convencidos de que sus militantes y simpatizantes, defienden y entienden sus argumentos: estos datos son una manipulación de la desleal oposición y sus técnicos. Antes a todos ellos les han colgado el sambenito de ser los supuestos enemigos del progresismo, para desprestigiar sus argumentos.
Pero la solución que aporta el gobierno es truculenta. Maquillan el paro (lo ocultan) y lanzan la engrosada bola de deuda hacia adelante y el que vengan detrás que arree. La deuda pública supone hipotecar nuestro futuro con una carga que hoy es muy costosa de mantener —unos 700 euros al año por cada español—, mañana será difícil de amortizar y, en algún momento, podrá suponer la quiebra económica del Estado.
Mientras tanto al privilegiado pensionista medio, le suben 5100 euros en cinco años y, en ese mismo periodo, lo endeudan en 7666 y, además de los impuestos ordinarios, les aplican una subida encubierta del IRPF y del IVA, debido a la elevada inflación.
Pero, mientras gobiernen los propios, muchos estarán tan contentos y como dice Raúl del Pazo en sus crónicas: viva el vino.
Pues eso.
