Antonio Fernández Reymonde.- Vivo en una ciudad en un entorno fundamentalmente agrario, y aunque no sepa por experiencia propia lo que acontece en el día a día en los campos, me esfuerzo por informarme. Aún así, sé que me va a faltar información. Pero sé que el sector arrastra numerosos problemas desde hace mucho tiempo: que la actividad agrícola y ganadera está condicionada por la Política Agraria Común de la UE , y que sus directrices no parecen adecuadas (sobre todo en lo económico) a las necesidades de las explotaciones pequeñas; que los controles exigidos a los productores españoles son idénticos para toda la UE, pero no para los productos importados desde fuera de la Unión; que los precios del gasóleo afectan bastante a los costes de producción; que la Ley de la cadena alimentaria no se cumple, desde el mismo momento en que el coste de producción supera al precio de venta de los productos; que las inspecciones por los incumplimientos son absolutamente insuficientes para desincentivar los incumplimientos de la normativa; que las condiciones de vida y de trabajo no estimulan suficientemente el relevo generacional; y para colmo, los problemas derivados de la sequía… ¿Quién no podría estar de acuerdo con mejorar este panorama?
Entiendo que la gente del campo se haya sentido apelada tras ver las movilizaciones del sector en nuestros países vecinos, hasta el punto de que haya pensado que éste era el momento oportuno para reivindicar soluciones a sus problemas. Pero es fundamental que detrás de la táctica de la movilización se tenga clara cuál es la estrategia, porque una misma táctica puede responder a diferentes estrategias, como parece que está ocurriendo. La estrategia normal debería conducir a la solución de los problemas de forma acordada. La táctica normal sería presentar las reivindicaciones a través de la interlocución entre la Administración y el sector. Y en caso de no atenderlas, tomar medidas de presión progresivas para que se atiendan: primero, manifestarse; después, paralizar la producción. Siempre de forma legal, para reducir los daños colaterales que dichas medidas puedan causar, sobre todo a la población. Pero en este caso no sucede así.
Recordemos: las recientes movilizaciones del sector comenzaron en Francia hacia el 29 de enero, para presionar a su gobierno, y continuaron en Bruselas, para presionar a la Comisión. Conviene que no pasemos por alto (sobre todo los que abogan por salir de la UE) la actitud hostil de los agricultores franceses (y no solo ellos) mostrada hacia los productos españoles, acusándonos de competencia desleal y de fraude, recordando aquellos tiempos en que no pertenecíamos a la CEE; protestas alentadas desde posiciones ultranacionalistas francesas, las cuales, vaya por Dios, no han merecido comentarios de los ultranacionalistas españoles.
Y conviene recordar también que, a raíz de aquello, antes de que comenzasen las grandes movilizaciones en España, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Luis Planas) se reunió el 2 de febrero con las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA -patronales), informando en rueda de prensa sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno en estos años para paliar los problemas del campo (como la aplicación de la revisión de la Ley de la Cadena alimentaria, o las ayudas económicas por valor de 4.000 M € en 2022 y 2023 “una cifra récord de ayudas extraordinarias en la historia de España”), reconociendo las carencias de tales actuaciones, y comprometiéndose a aceptar todas sus reivindicaciones, incluyendo las que afectan a la interlocución en la UE: “Fui el primer ministro de Agricultura de la UE en reclamar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales. Francia se unió posteriormente. Hay un grupo de países; aún no somos mayoría cualificada necesaria en el Consejo. Y las organizaciones agrarias nos piden, con mucha razón, que todo producto importado en la UE no base la autorización de su importación solo en el límite de residuos, sino en los productos que se utilizan“ (…) “Simplificación: coincido enteramente con lo que plantean las organizaciones agrarias”, dijo el ministro. Y añadía: “En este momento, las ayudas a la renta [en el sector agrario] suponen el 60% de las ayudas directas en España”. “Un seguro de renta, como la PAC [debe servir] para asegurar a la inmensa clase media (…) Los grandes agricultores no necesitan de la PAC”. “El Gobierno se compromete a ese mantenimiento de las ayudas al gasóleo profesional que supone un elemento de apoyo en términos fiscales muy importante” “En el año 2000, la balanza agroalimentaria española era negativa (comprábamos más de lo que vendíamos). Hoy, estamos en 70.185 M € de exportaciones, con una balanza positiva en los últimos 12 meses de 14.900 M €”. Por cierto, según el ministro, la Ley de la cadena alimentaria española es el modelo que reivindican los agricultores franceses, y el que va a seguir la UE en la próxima legislatura. Además, las organizaciones agrarias le pidieron expresamente “dejar fuera del debate partidario” el problema de la sanidad animal y vegetal. ¿Qué cabe esperar, qué no se esté atendiendo? ¿Y qué contrapartidas sobre sostenibilidad están dispuestas a aceptar las organizaciones agrarias?
Bien, ya conocemos las reivindicaciones del campo, la respuesta del Gobierno, nos solidarizamos, y nos congratulamos por la voluntad de las administraciones por enmendar este problema. Así pues ¿Qué propósito tienen los cortes de carretera que hacen los agricultores a diario? Porque lo normal debería ser protestar frente a los causantes o responsables de los problemas del sector (frente a las administraciones, frente a las aduanas, frente a las corporaciones e intermediarios, etc.), y no provocar un caos circulatorio indiscriminado que afecte a todo tipo de vehículos y ocupantes, con sus propios problemas y circunstancias. Los consumidores, los ciudadanos, no tenemos culpa alguna de los problemas que sufren los productores agrarios, sino todo lo contrario, lo sufrimos en primera persona, como lo demuestra el brutal incremento de los precios de estos productos. “Nuestra ruina será vuestra hambre”, ponían en alguna pancarta ¿Y…?
Las convocatorias “legales” de las organizaciones agrarias parecen hechas para mostrar músculo de cara a su propia galería, y para que el malestar social creado pueda convertirse en una forma de presión para el Gobierno en forma de amenaza velada, para que cumpla sus compromisos; pero no aportan nada nuevo al debate.
Las convocatorias “espontáneas” son otro cantar. Tal vez para la gente del campo sea algo nuevo, pero en este país ya llevamos unas cuantas, como para saber que detrás de estas movilizaciones espontáneas siempre hay gente organizada con intereses nada claros. Lo hemos visto con Podemos, con los independentistas catalanes, con los transportistas; ahora con la Plataforma 6-F, con vínculos con Vox, liderada por Xaime da Pena (abogado, vinculado a Desokupa) y Lola Guzmán (franquista declarada) quien hace poco se dirigía así a la policía: “os mató pocos la ETA, hijos de puta (…) Puedo decir lo que me dé la gana». Su objetivo último no es solucionar los problemas del campo, sino revolucionar al campo contra el actual Gobierno de España, y contra la UE. Cabe recordar las calificaciones que hace el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre las acciones que se piden al campo para revertir los efectos del cambio climático, como “agenda ecologista radical”, “nueva religión”, “fanatismo”, autoritarismo”, “totalitarismo”, “causa principal del empobrecimiento de los agricultores y ganaderos”. Negacionismo puro y duro, del que se benefician principalmente las grandes empresas de pesticidas.
Tal vez crean que están ganando la batalla, pero lo que están logrando es crear una mala imagen hacia la gente del campo, y convertir la solidaridad en desconfianza.
