El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abogado por un modelo de financiación autonómica que sirva para cubrir el “coste real” de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y que son de su competencia. Del mismo modo, la reivindicación precisa que, teniendo en cuenta las particularidades de esta región, hay que “ponderar variables”, como la superficie, dispersión, envejecimiento de la población o la renta ‘per cápita’; siendo conscientes de que, a mayor poder adquisitivo, menor utilización de los servicios públicos.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su comparecencia en las Cortes regionales este jueves, donde ha defendido la necesidad de “abordar un nuevo modelo de financiación autonómica” que contemple un reparto equitativo del dinero entre la Administración del Estado y la de las comunidades. Para ello, ha apostado por articularlo a través de una ley de armonización fiscal para que “la ciudadanía pague sus impuestos en función de la capacidad económica y no en función de donde resida”.
En la misma línea, Ruiz Molina ha señalado que el nuevo modelo de financiación que pedirá el Gobierno de García-Page debe “garantizar el principio de igualdad” en el sentido de que “todos tengamos derecho a acceder a un mismo nivel en la prestación de los servicios públicos” y que ese nivel “no dependa de la capacidad económica” de la autonomía en cuestión.
Reestructuración de la deuda y fondo transitorio
En otro orden, el consejero se ha referido a la condonación de la deuda con Cataluña, por parte del Gobierno de España, y la anunciada próxima reunión que mantendrá el Ejecutivo nacional con las comunidades autónomas para negociar con cada una la condonación de la deuda. En lo que respecta a Castilla-La Mancha, ha recordado que, en base a las previsiones con las que han trabajado, sería de un mínimo de 2.200 millones de euros y el máximo posible. Por tanto, ha reiterado su postura a favor de que haya una reestructuración de la deuda y un fondo transitorio.
Para esa reestructuración, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha apostado porque sea un “órgano independiente”, como AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el que determine qué parte de la deuda es consecuencia de los desajustes del actual modelo de financiación y cuál lo es de las decisiones políticas de un gobierno en la comunidad.
En cuanto al endeudamiento, frente a la gestión de un Partido Popular que es responsable de una deuda pública en la región que es de las más elevadas, en términos porcentuales, ha puesto de ejemplo a un Gobierno de García-Page que no solo ha reclamado un nuevo y justo modelo de financiación para Castilla-La Mancha a Rajoy, sino que ha seguido “haciendo lo mismo” con Pedro Sánchez al frente del Gobierno español. Así, ha defendido la “coherencia” de su Gobierno y la mala utilización de la oposición como “arma demagógica”. Ruiz Molina ha lamentado no conocer todavía ninguna propuesta del PP en materia de financiación para esta región.
Voto del PP en el Senado en contra de los objetivos de estabilidad
Sin embargo, el consejero ha criticado al Partido Popular por votar ayer en el Senado en contra de los objetivos de estabilidad, lo que perjudica a las finanzas de las comunidades autónomas; una “incongruencia con lo que la oposición viene defendiendo, como es pedir una mayor capacidad de gasto para las comunidades”, ha apuntado. Para cerrar este apartado, Ruiz Molina ha manifestado que el Gobierno regional quiere “una voz única” para “defender los intereses de Castilla-La Mancha en materia de financiación”.
Una de las cuatro comunidades más infrafinanciadas
De la misma manera, ha coincidido con el informe de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) en que, con el actual modelo de financiación, hay cuatro comunidades más perjudicadas, como son Andalucía, Comunidad Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Por eso, cada una de ellas está reivindicando ese modelo con sus particularidades, como en el caso de la región con ese “fondo transitorio” mientras se aprueba el nuevo modelo.
