Los diputados nacionales del Partido Popular de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han preguntado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico si tiene previsto coordinar medidas que reduzcan y sistematicen los trámites que, tanto ese departamento como otros del Gobierno, imponen a los agricultores y ganaderos.
Consideran Fúnez y Belda, como uno de los principales objetivos de su mandato, denunciar primero y después formular propuestas que atajen un problema transversal de la gestión del Gobierno en España, como es la ausencia de planificación del cómo gestionar e implementar las políticas agrarias y medioambientales nacionales y comunitarias en el entorno rural.
“En todos los actos que hemos realizado en la provincia de Ciudad Real hasta la fecha, de campaña, contactos parlamentarios, visitas o iniciativas sobre despoblamiento, ha sido constante nuestra advertencia sobre el profundo desconocimiento de las élites políticas en torno a la realidad de nuestra tierra, que constituye un elemento más de desánimo en la sociedad para el mantenimiento de explotaciones agrícolas y ganaderas o, simplemente para trabajar en nuestros pueblos”, han asegurado.
Señalan que los requerimientos burocráticos, planteados desde despachos ajenos por completo al conocimiento de las provincias en riesgo de despoblamiento, han enterrado las ilusiones de los hombres y mujeres del campo en una maraña de papeles o, peor aún, de trámites articulados por vía digital, que transforman el día a día de la agricultura y la ganadería en una pesadilla.
Denuncian que el campo es sometido a un bombardeo y acoso de gestiones que incrementa el problema principal que estos días estalla sobre los precios, el régimen fiscal, la competencia, los combustibles, el intervencionismo y el olvido: “es completamente inasumible que el reducido tiempo libre que se disfrutaba tradicionalmente por la persona ganadera o agricultura, se someta a una evaluación burocrática multidisciplinar (fiscal, agraria, medioambiental, de transportes, laboral, etc.) destinada fundamentalmente a tranquilizar las conciencias de quienes entienden el medio ambiente, principalmente el Gobierno de España, como un ariete de lucha ideológica y no como la necesidad de conservar el entorno y el medio de vida natural de buena parte de provincias como la de Ciudad Real. La brecha digital es un factor añadido a esta situación que denunciamos dada la media de edad de un porcentaje elevado de las personas que trabajan en este ámbito, que ni siquiera con la mejor de las voluntades logran dar respuesta a la presión”, han aseverado.
Así mismo, Fúnez y Belda opinan que el Gobierno central ha de entender que a nadie beneficia la confusión de la protección ambiental con la generalización de controles de calidad, producción o explotación que no muestren congruencia con los fines propuestos, ya que, a su parecer, la actividad interventora de la administración para consolidar un entorno sostenible no se va a conseguir jamás a través de obligaciones sin relación de causa-efecto con ello, como las que impone a la agricultura y a la ganadería en las más mínimas acciones diarias de explotación.
“La burocracia es una de las gotas, que junto a otras más relevantes que han estallado en la actualidad, colman el vaso de un mundo que se siente olvidado por quienes no salen de las grandes ciudades y acuerdan el futuro de quienes no conocen, pensando solo en contentar a una minoría militante, que vive de espaldas a la realidad de la España rural”, han finalizado.