El filósofo griego, Sócrates, fue condenado a muerte con una ley que él consideraba injusta. Pero se negó a incumplirla —a fugarse—, tal como le pedían quienes lo apoyaban, incluidos algunos de los jueces que lo condenaron. Consideraba que esa ley, aunque fuera ilegítima, era de obligado cumplimiento. Esa fue la lección de quien ha sido considerado como uno de los grandes de la filosofía, tanto occidental como universal.
Pero no parece que la muerte honorable de este pensador griego, esté entre las referencias éticas o morales de quienes nos gobiernan actualmente. Nuestros políticos parecen desconocer el referente de justicia que el sabio ateniense proponía y que siempre ha inspirado a juristas y políticos en el mundo occidental. Porque ellos están a otra cosa. Ya que su objetivo es el de permanecer en el poder, a toda costa, y hacerlo el mayor tiempo posible.
Además, tienen el cinismo indisimulado de decirnos que toman decisiones o aprueban normas que son impecables, sin tacha, cuando actúan sin ética e incumpliendo las normas básicas que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico.
Era jurídicamente impecable, —según decía el señor Félix Bolaños—, el decreto de confinamiento de 2020, para el que utilizó como figura jurídica el estado de alarma que recoge nuestra Constitución. Pero este confinamiento fue declarado inconstitucional por el Alto Tribunal al aplicar como de alarma, lo que en realidad era un estado de excepción encubierto. Y con ello evitó el control parlamentario que requería la aplicación de esta figura jurídica.
Según el Ministro-magistrado, Fernando Grande-Marlaska, fue impecable la expulsión de los menores en la valla de Ceuta en 2021, con el argumento de que todos fueron reclamados por sus familias en Marruecos. Pero el Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal esta devolución en caliente por incumplir la legislación española y los tratados internacionales, así como las normas de la Unión Europea que son exigibles a todos sus estados miembros.
El Ministerio del Interior, en 2022, expulsó de manera impecable a un ciudadano argelino al que se le denegó su petición de asilo. La expulsión se produjo por una infracción administrativa y no penal, por lo que no intervinieron los tribunales. De esta forma quisieron compensar a Argelia por la crisis que produjo el cambio de postura de España sobre el Sahara. Pero esta expulsión se hizo cuando este magrebí ya había sido condenado a la pena de muerte en su país.
Se consideró una ley impecable, la conocida, popularmente, como la ley del solo sí es sí. Pero un mes después de su entrada en vigor, los tribunales tuvieron que revisar todas las sentencias dictadas anteriormente para aplicar el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, lo que supuso una rebaja de penas a más de mil doscientos condenados por abusos y por agresión sexual, y se puso en libertad a más de ciento veinte de ellos.
Como el Ministerio de Igualdad, que dirigía entonces Irene Montero, consideraba que la ley era inmejorable, se resistieron a su modificación aunque, gracias al acuerdo alcanzado con la oposición, en 2023 se pudo reformar. Este mismo ministerio elaboró —y las Cortes aprobaron—, la impecable Ley Trans, que no solo no contenta a las feministas, sino que su aplicación está plagada de incidencias debido a las distorsiones que está ocasionando.
El gobierno actual, por su intachable rigor al tomar decisiones o al elaborar determinadas normas, hace que sus socios desconfíen y miren con lupa todo lo que se les propone para formalizar sus acuerdos. Pero el ejecutivo va más allá. Pretende imponer su criterio a los órganos de control externo, como el judicial, sin respetar la buena praxis jurídica ni nuestro ordenamiento, colonizando o difamando —según convenga—, a estas instituciones.
Estos días se ha conocido que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal de instancia, corrigiendo impecablemente resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, —que es el órgano jurídico superior—, generando una posible extralimitación en las competencias de este órgano del Estado. Y es más que sospechosa, la afinidad del ejecutivo con el actual Presidente del Tribunal Constitucional, el señor Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Hace unos días, ya en 2024, el señor Bolaños, al presentar la Ley de amnistía, nos dijo que esta ley era impecable y, plenamente, constitucional, —pese a que dos meses antes defendía lo contrario—. Pero lo sorprendente es que, esta semana, —saltándose las líneas rojas que él mismo había establecido—, la ha modificado para incluir su aplicación a determinados delitos de terrorismo, aceptando así el chantaje de los separatistas catalanes.
Entienden el derecho como algo elástico, creativo, incluso imaginativo, en el que cabe lo uno y lo contrario. Consideran, con cierta frivolidad, que fundamentar jurídicamente una norma es como vestir un expediente administrativo. Aunque una cosa es recopilar documentos y otra muy distinta justificar una actuación sin vulnerar el ordenamiento jurídico.
Y pese a la impecabilidad de la que presumen, muchas veces el resultado de sus actos es técnicamente impresentable.
