Los diputados nacionales del Partido Popular de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, entre otras iniciativas de interés, se han dirigido al Gobierno para interesarse por el número de inmuebles o unidades habitacionales residenciales que han sido beneficiados en la provincia de Ciudad Real con las medidas extraordinarias de protección social derivadas del período COVID y, también, por la voluntad que existe en el Ejecutivo de prorrogarlas.
En este sentido, Fúnez y Belda han explicado que la prolongación de una situación crítica en la economía y la realidad de la provincia de Ciudad Real, en cuanto a expectativas de empleo, sigue manteniendo en vilo a buena parte de nuestra ciudadanía, y se ceba especialmente con las personas más vulnerables. Debido a ello, han recordado como los poderes públicos, en todos los niveles territoriales, sistematizaron la prestación de una serie de ayudas, muy especialmente desde el comienzo de la pandemia COVID a finales del invierno de 2020, destinadas a amparar a ciudadanos, familias y colectivos que no llegan de ninguna manera a fin de mes.
Con la nueva legislatura, los diputados “populares” observan con preocupación el incremento de mensajes infundados desde distintos responsables políticos, relacionados especialmente con la Administración Central del Estado, sobre “la buena marcha de la economía y el empleo”, que, “para miles de ciudadrealeños ni es evidente ni es esperable en tanto se practiquen las políticas económicas cortoplacistas e improvisadas del Gobierno”, han aseverado.
Por todo ello, muestran su preocupación e inquietud, que ya está en la calle, en los foros de debate y las redes sociales, porque tales declaraciones sirvan como excusa para revertir los programas de ayuda esencial a las personas más vulnerables, recordando, para finalizar, que una de las medidas que sostiene con cierta dignidad los hogares de renta muy escasa, ejemplo de otras similares, ha sido la de la prohibición de corte de suministros de electricidad, gas y agua, en circunstancias muy excepcionales, cuya última prórroga anual se contiene en el Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre.
