El Pleno de las Cortes regionales ha aprobado en su sesión de este jueves la resolución elevada por la Comisión de Igualdad sobre la Ley contra la Violencia de Género de Castilla-La Mancha. Lo ha hecho por vez primera sin consenso, con los únicos votos favorables del PSOE, en una sesión en la que sí ha habido unanimidad para aprobar una resolución a un debate sobre protección social de la abogacía y en la que han salido adelante otras dos resoluciones socialistas sobre educación y ocupación ilegal de viviendas.
La resolución de la Comisión de Igualdad en relación con el Informe de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha del año 2022, llegaba a Pleno sin consenso y tampoco lo ha logrado en la votación en Pleno, que se ha saldado con 17 votos favorables del PSOE, 4 en contra de Vox y 12 abstenciones del PP, tras un debate en el que ha intervenido la consejera de Igualdad, Sara Simón.
La resolución basada en el texto socialista que salió adelante en la Comisión “comparte el dolor de las mujeres y víctimas que sufren violencia de género”, condena la violencia machista en sus diferentes manifestaciones y reclama la puesta en marcha de cuantos servicios de información y atención sean necesarios para la prevención y la protección de las víctimas.
Las Cortes regionales valoran a su vez “el esfuerzo realizado por las entidades, asociaciones y fundaciones en la búsqueda de una sociedad más igualitaria”, estiman necesario reeditar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género “con presupuesto suficiente” y piden al Gobierno regional que siga desarrollando las políticas de prevención de las agresiones sexuales, así como la atención que se presta a víctimas de la misma, a través de servicios como el programa ‘Contigo’”, con especial incidencia en “la formación y sensibilización”.
Unanimidad sobre protección social de la abogacía
El primero de los debates generales desarrollados en la Cámara regional durante la sesión presidida por Pablo Bellido ha abordado la protección social de la abogacía, a iniciativa de los grupos Socialista y Popular y con una intervención de cierre -desde su escaño- del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
La resolución conjunta de los tres grupos responde a la demanda del colectivo de abogados y procuradores mutualistas en el sistema alternativo al RETA, para trasladar si lo desean sus aportaciones a la Seguridad Social, “evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones y aportaciones” realizadas a la mutualidad con “un plan de pensiones o ahorro complementario” y “mejorar sus condiciones de jubilación parcial”.
Educación y vivienda
Los otros dos debates generales se han resuelto también con la aprobación de sendas resoluciones del PSOE. El primero de ellos ha versado sobre educación, al acumular dos iniciativas similares de PSOE y PP sobre educación -interpelaciones al gobierno-, con la intervención del consejero competente en la materia, Amador Pastor. El texto, aprobado con 17 votos a favor y 16 en contra, respalda las políticas del Gobierno autonómico en lo tocante a “continuar la optimización y eficiencia de los recursos”; “recuperar la inversión educativa por alumno como se viene llevando a cabo desde 2015” y dar continuidad a programas como el Plan de Éxito Educativo, la oferta de Formación Profesional, la digitalización, el PROA+ y las unidades de acompañamiento.
Respecto al debate general relativo a “garantizar la seguridad de las viviendas frente a la ocupación en Castilla-La Mancha”, impulsado por Vox, ha contado con intervención de apertura y de cierre del consejero de Fomento, Nacho Hernando. La resolución socialista aprobada con sus 17 votos favorables y la abstención de los grupos de la oposición, pide al Gobierno de España que reanude la actividad de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que en esta nueva legislatura se tramite un proyecto de ley basado en el que fue aprobado en las Cortes regionales en diciembre de 2020, “a fin de fortalecer el catálogo de diligencias y medidas cautelares” y de “disponer el desalojo inmediato del inmueble ocupado”.
En la ronda de votaciones han sido rechazadas las resoluciones presentadas por los grupos de la oposición a los debates generales de los puntos 3 y 4. Ya en el bloque de control al gobierno, el grupo Popular ha formulado dos preguntas al Consejo de gobierno relativas a las normas de la Política Agraria Común (PAC) de cara a la nueva campaña y sobre frecuencias y vehículos acordes a la demanda de viajeros en el servicio de autobuses de Talavera de la Reina-Toledo, que han sido respondidas por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán y por el consejero de Fomento, quien también ha respondido a Vox una pregunta oral sobre emancipación de jóvenes en la región.
