El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado que la Oferta de Empleo Público de 2023 reservará 47 nuevas plazas para personas con discapacidad intelectual. Una OEP que se elevará a Consejo de Gobierno la próxima semana y que, tal y como ya avanzó en el día de ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, contará con 3.300 plazas. De esta forma, se vuelve a contemplar un cupo del dos por ciento para personas con discapacidad intelectual en el conjunto de los tres sectores.
Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la inauguración institucional de las jornadas ‘El reto del empleo público e inclusivo’ que se ha desarrollado en la Consejería de Bienestar Social, en Toledo. De esas 3.300 plazas, 1.500 serán para Sanidad, 800 para Educación y 1.000 para la Administración General, entre personal laboral y funcionario.
En términos globales, el consejero ha explicado que el objetivo, como en el resto de las convocatorias anuales, es “consolidar el empleo público y reducir las tasas de interinidad”, reiterando que, de este modo, Castilla-La Mancha va a ser “una de las comunidades autónomas con la tasa de interinidad más baja” por el esfuerzo del Gobierno regional de ir aprobando ofertas de empleo público.
Seguir potenciando la inclusión de personas con discapacidad intelectual
Juan Alfonso Ruiz Molina ha aseverado que desde el Gobierno regional se seguirá potenciando la inclusión de personas con discapacidad intelectual; una línea que, ha manifestado, ha aportado “unos muy buenos resultados” en el conjunto de la Consejería y ha supuesto, a título personal, “una de las mayores satisfacciones en los más de ocho años como consejero” del Ejecutivo de García-Page.
Además del trabajo realizado desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Ruiz Molina se ha referido a la “colaboración” que ha existido con Plena Inclusión y CERMI, que son “quienes más saben”, para materializar esta reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual y que ha dado como resultado un “ejemplo” de aplicación no solo en el conjunto de las administraciones del sector público regional, sino de toda España.
En esta línea, ha recordado el trabajo “de forma concienzuda” con ambas entidades para cambiar el modelo, ya que los procesos no estaban adaptados a personas que tenían unas dificultades especiales. Por tanto, ha recordado que fue necesario, y “así se hizo”, cambiar la Ley de Empleo Público en 2019 por parte del Gobierno autonómico.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, ha continuado el consejero, en 2022 ya se incorporaron a la Administración regional con un proceso selectivo independiente 65 empleadas y empleados públicos con discapacidad intelectual. Para el proceso, entre otros, se tuvo en cuenta la adaptación de los temarios a lectura fácil. Una vez incorporados a su puesto laboral, estos trabajadores han contado con un proceso de tutelaje durante los primeros meses. Además, esta tutorización se reforzará durante esta legislatura con la creación de unidades de inclusión del personal con discapacidad.
Ruiz Molina ha recordado que, con las 33 plazas del último proceso selectivo, cuyo examen se realizó el pasado mes de noviembre y que está pendiente de publicación por parte de los tribunales, serán casi 100 plazas de la Función Pública a las que han accedido personas con discapacidad intelectual con este cambio de modelo. En la última prueba, fueron 421 las solicitudes que se presentaron para cubrir esas 33 plazas.
Decreto para continuar con la reducción progresiva de los establecimientos de juego
En otro orden y a preguntas de los periodistas, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha trasladado que la próxima semana se aprobará en Consejo de Gobierno el decreto para la disminución progresiva del número de establecimientos de juego en la región. El objetivo, ha dicho, es “reducir las externalidades negativas” que produce en el ámbito de la salud pública, especialmente entre sectores vulnerables o menores de edad.
Ruiz Molina ha recordado que en 2021 se aprobó y entró en vigor una ley que ya incluyó bastantes restricciones, como la distancia entre los establecimientos de juego y los colegios, la posibilidad de que los ayuntamientos declaren zonas saturadas y el refuerzo del control de acceso.
Con estas medidas, el consejero ha afirmado que, en los últimos años, se está “reduciendo progresivamente” el número de establecimientos de juego, de 221 a los 189 actuales, y el propósito es que siga bajando hasta que la densidad esté en consonancia con la media nacional. El decreto que se aprueba el próximo martes establece una moratoria de cuatro años con ese objetivo. Para finalizar, ha insistido también en que se trata de una “actividad absolutamente legal”, que genera riqueza y empleo, pero que tiene una serie de externalidades negativas que desde los poderes públicos se intentan reducir.
El consejero ha estado acompañado en esta inauguración por el director general de Función Pública, José Narváez; el vicepresidente de Plena Inclusión de Castilla-La Mancha, José Manuel García; el director gerente de Plena Inclusión CLM, Daniel Collado; el director general de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Francisco José Armenta; y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM), José Julián Gregorio.
