El proceso de tramitación del PGOU, desde la aprobación inicial sustentada en la corporación presidida por el PSOE se vería rodeado de diferentes circunstancias y pormenores, que acabarían por enaltecer los ánimos de unos y de otros en un proceso que se hacía interminable. Así el 21 de febrero de 1997, “El Comité Local y el Grupo Municipal Socialista, se ratificaron en la necesidad de su aprobación urgente para, entre otras cosas, sacar a la ciudad del letargo en que hoy se encuentra ante la falta de gestión y la ausencia de iniciativas del Partido Popular. Los socialistas recuerdan a los ciudadanos los retrasos injustificados que tuvo el Plan y que fueron decididos de manera arbitraria e irresponsable por el Partido Popular al comienzo de la legislatura…Una vez más, según el comunicado, los socialistas reiteran su voluntad de contribuir a la mejora de la ciudad en cuantas acciones sean precisas desde el punto de vista político o técnico para sacar a Ciudad Real de su paralización actual”. El frente de la tramitación no parecía preocupar a Gil Ortega, como muestra el escrito de Lanza del 2 marzo de 1997. “La estrategia de Gil-Ortega dirigida a favorecer el impulso empresarial de la capital ha pasado por tres etapas desde que los populares accedieron al Ayuntamiento. El día 21 de junio de 1996, el alcalde manifestó públicamente que había encargado un estudio de márquetin para ‘vender’ Ciudad Real en el exterior. El segundo paso, una vez recibido el citado estudio, lo dio el día 4, de octubre, cuando anunció que el Ayuntamiento crearía un patronato integrado por las instituciones más representativas de la provincia para coordinar las estrategias promocionales. Y, finalmente, el Consistorio estaba elaborando un ‘Libro blanco’, que esperaba concluir a mediados de abril, y que serviría como base para impulsar el patronato institucional”. Frente al interés por avanzar en la aprobación y eficacia del PGOU, como documento programático municipal, el esfuerzo sostenido se desviaba a otros documentos –circunstancia que se inauguraba ahora, pero que tendría un largo desarrollo posterior–. Avanzando en el proceso de aclaraciones y alegaciones del PGOU, el concejal de Urbanismo informaba el 4 de marzo que “El Ayuntamiento, efectivamente, tiene en su tejado las 16 puntualizaciones no substanciales que estarán listas en el curso de esta semana”. El mismo responsable se erigía en intérprete de los efectos y bonanzas de la ansiada aprobación. Y así lo manifestaba el 30 de marzo: “Los efectos económicos de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real se notarán de manera inmediata”. Haciendo constar “que el nuevo PGOU de la capital favorecerá la actividad constructora y el acceso de los ciudadanos a la vivienda y destacó, en este sentido, que alrededor de cien proyectos de las zonas diseminadas de la Poblachuela, la Atalaya y el Vicario están esperando su aprobación para ponerse en marcha o ser legalizados”.
Pese a todas las declaraciones anteriores, el 23 de abril de 1997, se visualizan ciertos nervios, y así se publica: “La demora en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciudad Real está colmando la paciencia del equipo de gobierno y llevando el nerviosismo al sector, según pudo saber este periódico de fuentes solventes. A pesar de que el concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, anunció la pasada semana que la Comisión Regional de Urbanismo se reuniría en el curso de la presente y dijo tener muy buenas perspectivas después de una conversación telefónica con el director general de Obras Públicas, Tirso Lumbreras, la espera se está haciendo insostenible”. Al día siguiente, el propio titular de Urbanismo se mostraba “muy extrañado por un retraso que consideraba excesivo y, sobre todo, inexplicable. Mayor basaba su extrañeza en que desde que el Plan fue aprobado provisionalmente por el Pleno, en septiembre del pasado año ha transcurrido medio año. Y la Junta podría haber dado el visto bueno al Plan a pesar de las últimas variaciones técnicas no substanciales que el equipo de gobierno introdujo al pie de la letra al dictado de los servicios técnicos de Toledo”.
De todo ello, da cuenta la parodia periodística de Lanza, del 2 mayo, donde Pedro Díaz Pintado anota la aprobación deseada y el inconveniente sobrevenido con la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Suelo de 1992: “La boda tendrá lugar el próximo día 9 de mayo cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, una celebración a la que asistirán conocidos políticos, importantes constructores, destacados arquitectos y hasta algunos miembros de la plebe, esperanzados como están en comprobar si tan magno acontecimiento sirve, realmente, para abaratar las viviendas de la ciudad y en algunos casos para regularizar su ‘diseminada’ situación…·El pasado miércoles el consejero de Obras Públicas, Isidro Hernández Perlines, dijo ‘sí’ definitivamente al concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, quien para acercarse a su prometida y sortear el distanciamiento, el desánimo y las dificultades de todo noviazgo ha estrechado discretamente sus lazos en los últimos meses con el director general Tirso Lumbreras y con el ponente de la Comisión Regional de Urbanismo, Francisco Blázquez. El Plan General de Urbanismo, abandonada la licencia literaria, se pone en marcha cinco años después de que comenzaran los trabajos municipales de revisión y lo hace con un cita inmediata la próxima semana que reunirá en torno a una mesa a responsables municipales y constructores de la capital. El objetivo del encuentro pasa por adecuar la actual redacción urbanística, respaldada por la Junta de Comunidades, a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha derogado la mayor parte del articulado del texto refundido de la Ley del Suelo del 26 de junio de 1992. El Plan General de Urbanismo revisado, es heredero del que impulsó el Gobierno socialista durante la pasada legislatura. Los trabajos municipales comenzaron en 1992 y el equipo de Nicolás Clavero consiguió aprobarlo inicialmente en abril de 1995, pero la victoria con mayoría absoluta de los populares un mes más tarde dio lugar a un frenazo en el proceso, ya que el PP había asegurado que reabriría la fase de exposición y alegaciones para reconducir el ordenamiento urbanístico en caso de ganar las elecciones. Esa fase la encabezó el arquitecto y concejal Emilio Velado ‘El breve’, quien apenas comenzada la legislatura abandonó el puesto, que fue ocupado desde entonces por Gabriel Miguel Mayor. En junio de 1996, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas liberalizadoras que, entre otros efectos, determinó la reducción del 15% al 10% de la cesión del suelo urbano a los ayuntamientos, una medida ampliamente aplaudida en círculos empresariales”. Si esa idea de reconducir el ordenamiento –como si cada mayoría política municipal tuviera su propia modelo de Plan y sus propios timoneles y mandos–, se añadía al vacío legal producido por la sentencia del TC, el escenario cuando menos, era problemático. Con independencia de los contenidos propios del PGOU razonables, y los que irían surgiendo en el futuro inmediato, como cargas de profundidad. Por ello, el 17 mayo de 1997, Miguel Mayor –cuando lo lógico hubiera sido que esa declaración institucional la hiciera el alcalde Gil Ortega– afirmó que “la satisfacción que siento es enorme y, además, es una satisfacción que comparto con toda la corporación, con todos los grupos políticos, con las empresas de construcción y, por tanto, con toda la población en general. El Plan General de Ordenación Urbana para Ciudad Real, ha sido el tema estrella en todos los aspectos y se ha esperado con ansiedad, por esta razón, el tiempo que ha tardado, que de por sí ha sido largo, se ha hecho mucho más largo todavía”.
Junto a la valoración de Gabriel Miguel, se produjeron otras dos de arquitectos –de alguna forma involucrados en el proceso–. El 24 mayo 97 García Coronado, escribe que “se pone fin a una tramitación demasiado larga y agitada. Sin embargo, a algunos nos ha quedado como un sabor agridulce en el paladar, producto de una mezcla de ilusiones y evidencias amargas. La aprobación del Plan General significa que la ciudad puede volver a caminar y desarrollarse según un proyecto de futuro que antes no tenía…El sabor amargo proviene, no sólo de las circunstancias que han rodeado la aprobación definitiva del Plan General a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con los diversos recursos presentados por inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo 8/1990, de 28 de mayo, que afecta también al Texto Refundido de la Ley del Suelo, de 26 de junio de 1992, es decir a todo el marco legal sobre el que se ha edificado el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real, habida cuenta que la Junta de Comunidades no había legislado nada al respecto…Poco antes de la Aprobación Definitiva se publica la Sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada, que declara anticonstitucional todo el marco legal en que el Plan se apoya, por lo que se suponía que la Comisión Regional de Urbanismo encontraría el Plan de difícil aprobación. Afortunadamente no ha sido así y el Plan se ha aprobado, que buena falta que hacía. No obstante, yo me pregunto si el Plan que se publique en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha, será el mismo que se expuso al público durante su período correspondiente o por el contrario habrá modificaciones que se puedan considerar como sustanciales…. Lo menos que cualquier ciudadano libre, puede sentir ante el estado actual de nuestro Urbanismo es perplejidad e indefensión. Hemos reducido al Urbanismo y la planificación de las ciudades a un mero asunto económico, pero aun así y ante la actual precariedad legal y la batalla normativa que se avecina…Ahora está todo por hacer. La aprobación de un Plan no significa que sea inamovible hasta que transcurran ocho años. Mas bien al contrario la creación de las gerencias de urbanismo se produce por la necesidad de una continua adaptación de los planes a la realidad del día a día”. La opinión de Diego Peris, vertida el 6 junio de 1997: “Los trámites municipales y autonómicos han sido excesivamente largos y han coincidido con un cambio de gobierno central que enuncia nuevas políticas de suelo y una sentencia del Tribunal Constitucional que ha incidido de manera muy significativa en la legislación urbanística…La Ley del Suelo de Castilla-La Mancha debe definir en un plazo breve un marco de referencia para la actividad urbanística en nuestra comunidad con una clara voluntad de defensa de los intereses comunes y un marco regulador sencillo y objetivo para el ejercicio de los intereses comunes. El Plan General de Ordenación Urbana se inscribirá en ese marco jurídico actualmente en elaboración que tendrá su oportuno marco de discusión en las Cortes de Castilla-La Mancha”. Con todo lo cual, la alegría manifestada antes por Mayor quedaba condicionada ante un panorama legislativo en curso, que dejaban en precario buena parte de las consideraciones de los últimos cinco años.
