El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha celebrado este miércoles una nueva reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) tras el decreto que recoge los cambios y nombramientos producidos con el inicio de la nueva legislatura.
La consejera Mercedes Gómez, acompañada por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, por los directores generales de la Consejería, así como por representantes de otros departamentos del Gobierno regional, han participado en esta reunión del CAMA para tratar los distintos asuntos “de interés social y que son fundamentales para que la región avance hacia un desarrollo sostenible de nuestro territorio, con las aportaciones de los numerosos colectivos que forman parte de este Consejo”, ha destacado Mercedes Gómez.
En primer lugar, la consejera se ha referido al Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, 2023-2030. Un plan que, como ha explicado, actualmente se encuentra en tramitación y cuya aprobación se prevé próximamente. “Las políticas de prevención propuestas en el Plan están encaminadas a lograr una acusada reducción en la generación de residuos en el horizonte 2030, con la intención de romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a dicha generación de residuos”, ha dicho.
Así, ha apuntado que el borrador se sometió a los trámites de información y participación públicas, dando cumplimiento al mandato recogido en la normativa vigente en lo referido a evaluación de impacto ambiental y participación pública, de cuyo proceso se han recibido un total de 161 alegaciones procedentes de entidades públicas y privadas. Actualmente se están terminando de valorar estas alegaciones y consolidando el texto definitivo.
La consejera de Desarrollo Sostenible ha explicado que “este plan se basa en doce principios rectores, siendo la prevención de la generación de los residuos uno de los más importantes”. De hecho, las medidas para la prevención de los residuos van dirigidas a todos los flujos de residuos en general, y en particular a los residuos alimentarios y plásticos.
El plan apostará por fomentar el uso de materiales sostenibles, mediante la elaboración de estudios piloto con empresas de la región o centros de investigación para reducir o sustituir el plástico por otros materiales. Del mismo modo, se impulsará la colaboración de agentes estratégicos para que adopten compromisos en materia de reducción.
Además, se promoverá la reutilización a través de la educación, comunicación y del fomento de la creación de espacios para la reutilización de objetos, sin olvidar la aplicación de criterios de compra y contratación sostenibles mediante la inclusión de cláusulas de contenido ambiental en los pliegos de contratación licitados por las diferentes administraciones y entidades públicas de Castilla-La Mancha.
En cuanto a la obligación de elaborar planes autonómicos de gestión de residuos, Mercedes Gómez ha explicado que estos deberán contener un análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, así como una exposición de las medidas para facilitar la preparación para la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos, estableciendo objetivos para estas operaciones de gestión y la estimación de su contribución a la consecución de los objetivos establecidos en la ley.
En este contexto, una de las medidas más relevantes en cuanto a la gestión es la de promover la mejora de la eficiencia de las plantas de tratamiento para maximizar la valorización de residuos y reducir la entrada de estos a vertedero, en especial, los biodegradables.
Modificación de la Ley de Vías Pecuarias para asegurar sus lindes y trazados
Respecto a las vías pecuarias, Mercedes Gómez ha propuesto a los miembros del CAMA modificar la normativa de algunos puntos de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (artículos 8, 17 y 19) “que aprobamos a principios de este año para seguir avanzando en la gestión de estos terrenos de dominio público propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, unas infraestructuras verdes que son patrimonio cultural y pecuario de la región por donde se desplaza la ganadería trashumante, a la vez que vertebran el territorio”, ha señalado.
Por lo tanto, “tenemos claro que hay que seguir protegiéndolas y adecuándolas para impulsar que nuestros ciudadanos puedan compatibilizar su uso ganadero con el medioambiental, el cultural y el recreativo”, ha continuado, recordando que las vías pecuarias en Castilla-La Mancha constituyen una red de más de 14.000 kms de longitud y 57.000 ha de superficie, siendo las Cañadas Reales las vías de mayor entidad.
Gómez ha concluido explicando que los “cambios que vamos a poner sobre la mesa tienen como objetivo reforzar la defensa de las vías pecuarias en situaciones de colindancia con otro tipo de bienes inmuebles, además de establecer la plena integración del procedimiento de la modificación de trazado de una vía pecuaria en la tramitación de instrumentos de planificación urbanística o territorial, con el objetivo de asegurar su integridad y continuidad”.
Borrador del Plan de Gestión de zonas ZEPA de ambientes esteparios
Por último, el CAMA ha analizado el Plan de gestión de Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) de ambientes esteparios, el cual se encuentra ya en información pública, tras las diferentes reuniones mantenidas con los sectores implicados para consensuar el texto, como son las asociaciones agrarias, los grupos conservacionistas o los representantes de la Administración. Su texto, tal y como ha destacado la titular de Desarrollo Sostenible, “mantiene medidas agroambientales que entendemos, han funcionado”.
Entre las mismas, Mercedes Gómez ha citado los pagos compensatorios, las zonificaciones para contribuir a la ordenación de cultivos, el impulso a la conectividad agrícola mediante infraestructuras verdes o el fomento de la planificación ambiental en función del análisis climático del territorio.
Por último, Gómez ha abogado por promover externalidades que ayuden a mejorar la rentabilidad del agricultor, “como pudieran ser las marcas de calidad basadas en un origen respetuoso ambientalmente hablando u otros servicios ecosistémicos, además de ver qué posibilidades habría de incentivar fiscalmente los terrenos que se encuentren dentro de la Red Natura 2000”.
