Comunicado Amnistía Internacional.- Mientras el número de denuncias por delitos sexuales aumenta en España y se denuncian ocho violaciones cada día, las comunidades autónomas siguen sin impulsar los recursos especializados necesarios para atender a las víctimas de violencia sexual.
En 2022, el total de denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentaron un 13 por ciento respecto a 2021 (17.389 en 2022; 15.388 en 2021). En este periodo, el incremento del número de denuncias por agresiones con penetración ascendió un 34 por ciento (2.870 frente a 2.143), según fuentes del Ministerio del Interior. El aumento de este tipo de denuncias contra la libertad sexual, incluidas las violaciones, aumentaron un 13 por ciento entre enero y junio de 2023, respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior.
“El número de denuncias por delitos de violencia sexual están aumentado, bien por el aumento de la información y la sensibilización, bien porque las mujeres confían en que existen recursos específicos en los que serán atendidas adecuadamente. Sin embargo, pese a esta mayor visibilización de la violencia sexual, es paradójico que las comunidades autónomas sigan sin poner en marcha los recursos especializados necesarios, como los centros de crisis 24 horas, para que las víctimas puedan ser atendidas en cualquier momento y de manera integral tras haber sufrido algún tipo de violencia sexual”, manifestó Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional España.
Más de un año después de la entrada en vigor de la ley Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo el sí es sí, muchas de las medidas para mejorar la protección y atención a las víctimas de violencia sexual siguen sin implementarse, entre ellas, la apertura de centros de atención integral especializada 24 horas, 7 días a la semana y durante 365 días al año, conocidos como centros de crisis 24 horas. Un recurso que deben poner en marcha las comunidades autónomas para facilitar atención multidisciplinar a las víctimas, es decir, atención psicológica, jurídica y social, tal y como recomienda el Consejo de Europa.
Cuatro de 52
El compromiso del Gobierno fue la creación de un centro de crisis en cada provincia, además de en Ceuta y Melilla, es decir, un total de 52 centros para el 31 de diciembre de 2023. Para ello, la Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas.
“Sin embargo, a día de hoy, sólo están abiertos tres centros de crisis 24 horas en todo el territorio español: Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid y ciudad de Madrid. Y Navarra ha anunciado la inminente apertura de otro. El objetivo de los 52 está muy lejos de cumplirse. En todo este tiempo ha habido anuncios de apertura de este tipo de centros en comunidades como Aragón, Canarias, Extremadura, Euskadi, Murcia y La Rioja. Pero estos centros no terminan de llegar”, señaló Virginia Álvarez.
Comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura y Murcia, ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de violencia sexual, pero este servicio dista mucho de la atención integral y especializada a las mujeres, que recomienda el Consejo de Europa.
En Castilla-La Mancha, los centros de crisis 24h no son aún una realidad pese a las declaraciones del Presidente García-Page señalando que la comunidad autónoma «lideraría su despliegue a nivel nacional».
Recientemente, la Comisión Europea ha autorizado una prórroga de un año más para el gasto de los fondos asignados hasta el 31 de diciembre de 2024. El 6 de noviembre, la Conferencia Sectorial de Igualdad, integrada por el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, aprobó una prórroga de un año para alcanzar el compromiso de un centro de crisis 24 horas por cada provincia.
“Aunque parezca que esta prórroga es una buena noticia, es lamentable que las mujeres que sufren violencia sexual tengan que seguir esperando para recibir una atención adecuada tras sufrir una agresión sexual, porque las comunidades autónomas no están mostrando ni interés suficiente ni diligencia a la hora de cumplir con su obligación de protegerlas y atenderlas”, destacó Virginia Álvarez.
Las víctimas de violencia sexual no pueden seguir esperando y deben saber que existen recursos adecuados para atenderlas. Recordamos que, aunque han aumentado las denuncias por este tipo de delitos, estas cifras sólo muestran una mínima parte de lo que podría suponer la violencia sexual en España. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, este tipo de violencia afecta a más de 2,8 millones mujeres de más de 16 años residentes en España. Y sólo en el 8 por ciento de los casos estas agresiones terminan convirtiéndose en denuncia.
“Para que las mujeres víctimas de violencia sexual confíen en las administraciones y se atrevan a denunciar, es necesario que éstas pongan en marcha servicios que las escuchen, que las atiendan desde el punto de vista médico, que les presten ayuda psicológica, y que las asesoren y acompañen legalmente en el caso de que quieran presentar una denuncia. Para ello, Amnistía Internacional pide a las comunidades autónomas que abran sin más demora centros especializados 24 horas, con personal formado en violencia sexual, y que en estos centros tengan también en cuenta las dificultades y las necesidades de colectivos especialmente vulnerables, como son las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, o las mujeres jóvenes”, señaló Virginia Álvarez.
Según datos de la Macroencuesta 2019, las mujeres con discapacidad sufren mayor violencia sexual o física por parte de sus parejas, 20,7% frente al 13,8% del resto de mujeres. Al igual que el número de mujeres nacidas en el extranjero que han sido violadas por terceros es mayor que el de las nacidas en España, el 5.2 por ciento frente al 1,8 por ciento. En el caso de las mujeres adolescentes, el 14 por ciento afirma haberse sentido presionada para actividades de tipo sexual, también datos del Ministerio de Igualdad.
