El elefante en la habitación

“El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo”.

GEORGE ORWEL

A veces se convive con un problema que no se desea abordar, se ignora o, simplemente, se minimiza su gravedad. Pero pese a que no se quiera tratar por lo incómodo que resulta hacerlo, por su dimensión, es imposible negar su existencia. La conclusión es que se convive con este grave problema, aunque se eluda atenderlo o resolverlo. Y esta situación es a la que se llama, metafóricamente, el elefante en la habitación.

El Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya, registraron, el mismo día que el señor Sánchez prometía su cargo ante el Rey, una propuesta conjunta para crear dos comisiones parlamentarias con las que pretenden introducir el debate sobre el lawfare. Y, este martes, la Mesa del Congreso, las ha aprobado.  

Las comisiones autorizadas investigarán la denominada Operación Cataluñay los atentados en Barcelona y Cambrils, con el deseo implícito de vincularlos como parte de una estrategia del Estado, ante el intento de subvertir el orden constitucional en Cataluña en 2017.

El acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts per Catalunya, introduce ese concepto en su texto original, aunque luego, —en la proposición de ley de amnistía, admitida a trámite en el Congreso—, fue suprimida y negada por varios ministros, entre otros, por Félix Bolaños, a quien se considera autor intelectual y material del documento firmado y de la referida proposición de ley.

Este acuerdo dice, textualmente: “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Por eso, estas comisiones forman parte de los acuerdos firmados, que incluyen, como hemos visto, el concepto lawfare, aunque lo haya negado el ejecutivo. En la proposición de ley, se exime de responsabilidad a los participantes en los referéndums ilegales y en los graves incidentes que se produjeron; pero, sí se pueden exigir responsabilidades a los jueces por las sentencias dictadas y a los funcionarios que hubieran participado.

Que esto se haya conocido, incomoda al gobierno, y pone de manifiesto su falso relato. Por lo que ahora pretende obviar la denuncia de la mayoría de los operadores jurídicos españoles —abogados, magistrados, altos funcionarios o docentes del derecho—, que lo consideran un ataque directo a la independencia judicial y al estado de Derecho, además de quebrar la igualdad entre españoles.

El gobierno, con su particular forma de entender la separación de poderes, quiere avanzar en el ejercicio del poder sin límites para gestionar la cosa pública. Eludiendo los contrapesos políticos en nuestras instituciones y limitando o cercenando la independencia judicial. Con el grave deterioro que ello ocasiona a la calidad democrática de nuestro país.  

El nuevo gobierno ha introducido, —como critican los analistas políticos—, un todopoderoso ministerio dirigido por Félix Bolaños. El inaudito Ministerio de Presidencia y Justicia, que incluye las competencias relacionadas con los tres poderes del Estado: Relaciones con las Cortes, —legislativo—; Justicia, —poder judicial—; y Presidencia, —ejecutivo—, contribuyendo así al objetivo de la confusión de poderes que conviene al señorSánchez.

El superministro Félix Bolaños Garcíaes ambicioso y pretende condicionar a instituciones ajenas a sus competencias. Como ha hecho al pedir al Comisario de Justicia Europeo que no se debata la ley de amnistía, para que quede solamente en el ámbito de la política española. Lo que las instituciones europeas pueden entender como una injerencia del gobierno en su función de supervisión y control de las leyes que afectan a la calidad democrática de un país miembro de la Unión Europea.

Este hombre fue el artífice, en la legislatura pasada, de armar jurídicamente algunas de las leyes más polémicas. Como la del estado de alarma durante la pandemia, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional o como la supresión de delitos del Código Penal. Pero su falta de ética, le lleva a defender una cosa y su contraria. Como con la ley de amnistía —que era inconstitucional hace unos días—, y ahora defiende su plena constitucionalidad.

Nos debe preocupar la actitud imprudente de Bolaños. Porque insiste en modificar las mayorías exigidas en nuestras leyes, para eludir el consenso que requieren, pese a que la UE impidió modificarlas para la elección del CGPJ. Su objetivo es allanar el camino de obstáculos, para imponer normas o tomar las decisiones que necesite el Presidente del Gobierno para mantener el poder y satisfacer las demandas de sus socios.

Pedro Sánchez tiene, entre otros problemas, una ambición desmedida por permanecer en el poder. Pero quizás por su falta de perfil jurídico —el único de los siete presidentes de nuestra democracia que carece de él—, actúa con temeridad y sin atenerse a los procedimientos establecidos, delegando en el osado superministro y en los muchos asesores que tiene alrededor.