¡Amnistía… Libertad…!

José Antonio Ocaña Ramírez. Abogado.– Allá por el año 1977 ésta era la proclama habitual en las no pocas manifestaciones que se prodigaban por el territorio español. No es que un servidor participara en las mismas, pues con 14 añitos de entonces, uno –yo al menos- estaba a otras cosas; pero cierto es que en la memoria, a través de los telediarios de la época, me ha quedado la proclama en cuestión: ¡Amnistía…Libertad…!…y la imagen de alguna carrera de quienes la difundían a voces y que creo no era –lo de la carrera- por su afición al “running”, precisamente.

Todo aquello dio lugar a que en octubre de 1977, después de dos amnistías parciales –una en julio de 1976 y otra en marzo de 1977- terminara proclamándose una Ley que vino a amnistiar todos los actos de intencionalidad política, tipificados como delitos o faltas, anteriores al 15 de diciembre de 1976 –fecha en que se celebró el referéndum para la reforma política- anteriores al 15 de junio de 1977- fecha de las primeras elecciones democráticas desde 1936- o anteriores al 6 de octubre de 1977. En definitiva, se amnistiaban delitos o faltas cometidos con intencionalidad política bajo un régimen dictatorial, regido por leyes emanadas de un órgano dictatorial y aplicadas por tribunales sometidos a aquel régimen dictatorial.

Parece claro –al menos a mi me lo parece- que aquella Ley de Amnistía, promulgada en aquel momento de transición política que buscaba cerrar la dictadura sufrida durante 40 años y tratar de aperturar España -Cataluña incluida- a un régimen político democrático, tenía todo el sentido de Estado del mundo. La Ley la presentó el entonces diputado de UCD D. Rafael Arias Salgado como “presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos” y fue aprobada por la inmensa mayoría de diputados con 296 votos a favor -entre ellos los de todos los partidos de izquierda- 18 abstenciones, solo 2 votos en contra y un voto nulo, pues parece que en aquella época también había algún diputado corto de entendederas.

Un año después llegaría la Constitución de 1978 y con ella culminaría aquel proceso de transición iniciado tras la muerte del dictador. Culminó o se inició, según se mire, lo que se ha dado en llamar el “Régimen del 78”, ese tan denostado hoy por algunos que consideran muy modelno –lo de la ele no es una errata- y muy progresista, acudir a las sesiones del Congreso, órgano que junto con el Senado representa al pueblo español, vestidos con una camiseta de “Los Ramones”.

La cuestión es que se promulgo la Constitución, y en su artículo 1º se configuró España como un Estado social y democrático de Derecho, con una manifiesta interconexión entre los tres conceptos -social, democrático y de derecho- que tuvo su puntual reflejo en el resto del texto constitucional y que asumió -yo así lo creo- la idea planteada por el profesor y diputado constituyente D. Enrique Tierno Galván ante la Comisión del Congreso que por entonces debatía sobre el concepto de Estado de Derecho, exponiendo que el término Derecho debía quedar vinculado a la idea de justicia, porque un Estado autoritario no podría ser nunca de Derecho, aunque sus actos políticos fueran legalizados. Quiero decir con ello, pues así firmemente lo considero, que el Estado de Derecho nacido de nuestra Constitución, es un Estado vinculado, efectivamente, a la idea de justicia en el que prima -debe primar- el imperio de la Ley, la separación de los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- y la plena garantía de derechos irrenunciables de los ciudadanos, tales como la libertad, la igualdad o la misma justicia.

Pues dicho todo lo anterior, 46 años después de aquella amnistía, y 45 años después de la instauración y desarrollo del Estado social y democrático de Derecho en España, un presidente del gobierno que meses antes del pasado 23 de Julio juraba y perjuraba –o mejor dicho, prometía, que jurar es muy de derechas- que jamás de los jamases habría amnistía para los delitos cometidos como motivo de toda la algarada del “procés” porque, entre otras cosas, eso sería manifiestamente inconstitucional, resulta que ahora nos está vendiendo una nueva amnistía que lo es, según el vendedor, “por el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles”. Las ruedas de molino se quedan pequeñas.

Dentro de mis cortas entendederas de abogado de pueblo, me resulta imposible asimilar que puedan amnistiarse delitos cometidos bajo el imperio de una ley nacida en el seno de un Estado social y democrático de Derecho, en el que el grueso de nuestro actual Código Penal nace con Ley Orgánica de 1995siendo, por cierto, presidente del Gobierno el Sr. González Márquez, que de algo le debe sonar al que hoy nos manda comulgar con las antes citadas ruedas de molino. Me resulta imposible asimilar que se puedan amnistiar, por las 7 razones que todos sabemos, delitos juzgados o pendientes de juzgar por tribunales nacidos bajo el imperio de un Estado social y democrático de Derecho con un recorrido de 45 años.

No es posible que se pueda llegar a afirmar que semejante despropósito no atenta contra el principio de igualdad ante la Ley que proclama el artículo 14 de la Constitución, porque todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer, dice el artículo, discriminación alguna -yo añado ni para beneficiar ni para perjudicar- por razón de opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

No es digerible, para mí no lo es, que el hoy todavía presidente en funciones y sus acólitos hayan decidido tirar a la basura los 492 folios de la sentencia del “proces”. Nuestro Tribunal Supremo, insisto, con 45 años administrando justicia en un Estado social y democrático de Derecho, no se merece semejante bofetada. Como tampoco puedo digerir que los reiterados autos y sentencias del Tribunal Constitucional suspendiendo, anulando o advirtiendo de las consecuencias penales de lo que estaban organizando los políticos independentistas catalanes, solo hayan servido para gastar papel.

Es inaudito, en fin, que se niegue cualquier virtualidad a lo ordenado, acordado o resuelto por los Tribunales de justicia de un Estado social y democrático de Derecho, aplicando una ley penal aprobada por el parlamento de un Estado social y democrático de Derecho y que ello no suponga negar el imperio de la Ley y la separación de poderes que sirven de sustento al cualquier Estado de Derecho.

Ciertamente está por ver lo que en el futuro resuelva el Tribunal Constitucional al respecto de la nueva ley de amnistía que, sin duda, se aprobará; ese mismo Tribunal Constitucional al que ahora se niega toda jurisdicción, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, en asuntos de independentismo catalán; y hablo de futuro porque parece que algún expresidente del  Constitucional ya se ha pronunciado al respecto, sosteniendo que todo dependerá de la exposición de motivos de la nueva ley, algo que no deja de sorprenderme pues obvio es que la exposición de motivos -que ya conocemos- gira de manera artificiosa y con notable soltura en torno a lo que ya se anunció: el interés de España y la defensa de la convivencia entre españoles, pues una frase con tan alto contenido da de sí para rellenar -y así se ha podido comprobar- varios folios de exposición de motivos; por el contrario pues sería del género tonto hacer referencia alguna a las “siete monedas” que son en realidad lo que constituye no ya el interés de nuestro país, sino el interés de quien sin el más mínimo rubor se desdice de lo dicho y vuelve a desdecirse hasta el infinito y más allá, pero eso sí, “por el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles”.

No obstante todo lo anterior, podemos estar tranquilos, el Sr. Sánchez Castejón ya ha anunciado que nunca jamás de los jamases habrá un referéndum unilateral en Cataluña y que jamás de los jamases los jueces serán objeto de fiscalización por parte del poder político, afirmaciones que en boca del citado personaje son “palabra de rey”, pero eso sí,  la del rey Fernando VII  -“El Deseado”- aquel que afirmó “a boca llena”: “Marchemos francamente, y yo el primero por la senda constitucional”, para tres años después cagarse en su palabra, disolver las Cortes, derogar la Constitución de 1812, abolir todas las leyes liberales y restaurar el absolutismo para, con todo ello, poder seguir haciendo lo que le saliese de las narices que, por cierto, no la tenía pequeña.

En nuestro caso, Pedro I -“El Guapo” (qué alto soy y qué bueno estoy)- también afirmó a “boca llena”, el ya famoso “Con Bildu no vamos a pactar”, y se ofreció a decirlo cinco o veinte veces más al periodista que le entrevistaba para reafirmar su palabra; o afirmo a “boca llena” que “No dormiría por la noche” para dos meses después abrazarse efusivamente a quien le iba a quitar el sueño; por cierto, no me consta que se haya dejado el sueldo de presidente en “Dormidina 25 mg.”. Por eso afirmo que podemos estar tranquilos.