Los presidentes de las audiencias provinciales y unos 80 jueces decanos de toda España, incluidos los de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara, o la Audiencia Nacional, se han sumado al rechazo expresado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todas las asociaciones judiciales –tanto conservadoras como progresistas– a la parte del acuerdo PSOE-Junts que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones judiciales para detectar supuestos casos de ‘lawfare’.
También la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), ante el documento suscrito por el PSOE y Junts, ha mostrado su «total rechazo frente a lo que supondría el final de la separación de poderes en un Estado de derecho que ha regido España y la vida de los españoles durante los últimos 45 años», ha indicado en un comunicado.
La Sala de Gobierno del TSJCM se adhiere a los diferentes comunicados emitidos durante las últimas horas desde el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales y fiscales, y esta misma mañana por parte de los Jueces Decanos de España.
En un comunicado, los presidentes de las audiencias provinciales muestran «su más enérgico rechazo» a la referencia al ‘lawfare’ que hace el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
«Nos adherimos al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa como a su justificación para repudiar la misma», han dicho.
A su juicio, hay un «riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales, en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes, que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho».
También han expresado su «sorpresa e indignación ante el documento en cuestión en la medida en que plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea».
De esta forma, se suman a la declaración aprobada el mismo jueves por la Comisión Permanente del CGPJ en una reunión de urgencia para manifestar su «frontal oposición» a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto ‘lawfare’ y anticipar que actuará por «los cauces legalmente establecidos».
RESPUESTA UNÁNIME
Jueces decanos también han trasladado este viernes su rechazo a «las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias», sumándose en su caso al texto conjunto emitido el jueves por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Las cuatro asociaciones se hicieron eco de que «el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
«Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», indicaron.
Frente a ello, respondieron que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución».
Así, denunciaron que «estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirmaron.
Las tres asociaciones de fiscales –AF, UPF y APIF– también expresaron su rechazo a estas comisiones parlamentarias, así como el Consejo General del Poder Judicial, lo que supone una inusual respuesta unánime de jueces y fiscales.
Señores jueces no se metan públicamente en política a ver si vamos a pensar que la mayoría de jueces son de derechas o de la ultraderecha y por eso se ven tantas condenas o no tan raras e inexplicables.
Señor ignorante, defenderse de un atropello como es el lawfare (si no sabes lo que es lo buscas en google) no consiste en meterse en política. Y para muestra, le diré, señor ignorante, que hasta las asociaciones de jueces progresistas se han manifestado en contra de este, repito, atropello que supone criminalizar a los jueces por aplicar las leyes que han aprobado los mismos que ahora los acusan. Por casualidad está usted a sueldo del PSOE?, pregunto.
La casta política quiere ser intocable. Es un golpe de Estado.
Así es, y esto supone la desaparición de facto de la división de poderes, o sea, la instauración de un estado totalitario. Pero lo gracioso es que todavía hay lameculos que apoyan esta medida, increible pero cierto, ya les llegará a ellos el turno… (por ejemplo al tontolculo del primer comentario)
¿Separación de poderes? Ja, ¿cuándo? Nunca la ha habido y ahora nos echamos las manos a la cabeza.
Neguemos la democracia, porque nunca la ha habido en España. Constantemente hemos sufrido atropellos los ciudadanos, ha dado exactamente igual quién estuviera en el poder. Y ahora nos echamos las manos a la cabeza.
Señores, el mundo no se acaba, seguimos igual que siempre. No molestarse, la vida seguirá igual.
Delincuentes amnistiados metiendo en la cárcel a los jueces!