El Gobierno regional desmonta las críticas “descontextualizadas y tergiversadas” de la oposición al Presupuesto, que la AIReF avala por su prudencia y moderación

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha desmontado hoy, punto por punto, los datos utilizados por la oposición “de manera descontextualizada o tergiversada” en sus enmiendas a la totalidad al Presupuesto de Castilla-La Mancha para 2024 y ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala las previsiones en las que se sustenta, así como las líneas fundamentales de este proyecto de Ley, destacando en su último informe un escenario de ingresos “prudente” y un apartado de gastos “moderado”.

Ruiz Molina ha defendido así el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el próximo ejercicio, durante el pleno de las Cortes regionales que se celebra hoy, donde ha hecho hincapié en que las previsiones elaboradas por esta Consejería estiman un crecimiento de la economía regional del 2,4 por ciento, un deflactor del PIB del 2 por ciento, una tasa de crecimiento del PIB nominal del 4,4 por ciento y una tasa de crecimiento del empleo, en términos de contabilidad nacional del 2 por ciento.

Además, el consejero ha señalado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado su enmienda a la totalidad “por rutina o tradición”, como viene haciendo habitualmente, mientras que del Grupo Parlamentario Vox ha dicho que es la primera, aunque su contenido “sigue más o menos la misma pauta que utiliza el Grupo Popular”, al tiempo que ha incidido en cuatro aspectos en los que coinciden ambos.

En primer lugar, ha indicado que han presentado sendas enmiendas “al peso”, dedicando más espacio a hablar de la situación política nacional que a los Presupuestos de Castilla-La Mancha, lo que, a su juicio, pone de manifiesto “lo poco que les importan esta Comunidad Autónoma y el bienestar de la ciudadanía”.

También se ha referido a la aseveración de ambos grupos parlamentarios de que son unos presupuestos “irreales y que generan despilfarro”, insistiendo en que la propia AIReF desmonta estos argumentos. A este respecto, ha añadido que la oposición “dibuja una realidad económica y social de la región que no es cierta, mediante el uso tergiversado y descontextualizado de datos económicos que pintan en negro Castilla-La Mancha” y que el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha ido refutando uno por uno, dejando claro que el “panorama desolador” al que hacen alusión “nada tiene que ver con la realidad de esta región”.

Asimismo, Ruiz Molina ha acusado a ambos grupos de incluir en sendas enmiendas “una retahíla de falsedades a la hora de analizar las distintas partidas de gasto” y ha añadido que, en realidad, “son muy pocas las partidas que cuestionan de manera específica”, ya que la enmienda del PP no llega al 10 por ciento del presupuesto total y la de Vox se queda en el 1,2 por ciento, a la vez que ha subrayado que “ninguno presenta una alternativa”.

Un Gobierno comprometido con la Igualdad

En relación a la enmienda de Vox, el consejero ha contado que “se basa en una sucesión de descalificaciones”, con términos como “estigmatización, criminalización, adoctrinamiento, destrucción o desprecio” que, como ha opinado, “no aportan nada bueno al debate político”. En este sentido, ha lamentado especialmente que este grupo parlamentario cuestione el presupuesto destinado al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y ha aseverado que “invertir en igualdad nunca es malgastar dinero público”

“Este Gobierno está comprometido con las políticas de igualdad y, por eso, hemos triplicado su presupuesto desde 2015, pasando de 14,7 millones de euros a 48 en 2024 para disponer de una potente red de centros de la mujer y recursos para atenderlas”, ha precisado Ruiz Molina, para quien “no estamos ante una enmienda a la totalidad”, sino ante “un panfleto ideológico, que tiene su culmen cuando destina una parte importante del texto a afirmar que se malgasta el dinero público invirtiendo en la lucha contra la violencia de género”.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha remarcado que son “unos presupuestos continuistas” porque “mantienen la senda del crecimiento económico y el progreso social que iniciamos en 2015” y ha hecho hincapié en “el diálogo social y la estabilidad institucional que impera en la región.

Seriedad y rigor en el marco macroeconómico

Ruiz Molina ha subrayado que “la seriedad y el rigor” a la hora de establecer el marco macroeconómico también se ha trasladado a la política presupuestaria y que “fuimos la primera Comunidad Autónoma en aprobar su correspondiente proyecto de Presupuestos para 2024”.

El consejero, ha explicado que, desde el punto de vista financiero, el proyecto de Ley es “equilibrado”, sin déficit y, por tanto, sin necesidad de incrementar el endeudamiento. “Este esfuerzo por equilibrar las cuentas se suma al que ya realizó el Gobierno en el presupuesto de 2023, con una reducción del déficit del 70 por ciento”, ha matizado.

De igual modo, ha incidido en que los Presupuestos permitirán generar un ahorro público de 432 millones de euros, una cuantía que prácticamente duplica el ahorro previsto en el presupuesto de 2023; y ha agregado que la contención del déficit está permitiendo reducir el peso de la deuda viva en relación al PIB.

De la misma manera, ha detallado que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el próximo ejercicio asciende a 12.473 millones de euros, lo que supondrá una variación del 0,3 por ciento y 41,7 millones más respecto a 2023; y ha afirmado que el presupuesto no financiero, es decir, el volumen de recursos que se devuelve a los ciudadanos en forma de bienes y servicios ascenderá en 2024 a 10.802 millones de euros, con una variación del 6 por ciento, lo que en términos absolutos supone disponer de 614 millones más.

Además, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha distinguido entre dos grandes áreas de gastos: la relacionada con el Estado del Bienestar y la dedicada al crecimiento económico y el empleo.

Se destinarán 7.304 millones de euros para el Estado del Bienestar

En relación al gasto social, se destinarán 7.304 millones de euros para fortalecer los servicios públicos fundamentales y atender a las personas más vulnerables. Son 340 millones más que en 2023, un 4,4 por ciento más para la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia.

Ruiz Molina ha hecho hincapié en que en los últimos nueve años se han incrementado en un 62 por ciento las cuantías destinadas a consolidar el Estado del Bienestar para cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía de situar cada año el gasto social en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero.

Dentro de este importante volumen de recursos, Sanidad absorbe el 53 por ciento, con cerca de 3.900 millones de euros para actuaciones dirigidas a proseguir con las nuevas infraestructuras sanitarias proyectadas; mejorar la capacidad resolutiva en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, apoyándose en las nuevas tecnologías; reforzar la Atención Primaria, especialmente en las zonas de despoblación; y, desde el punto de vista de la prevención, ampliar la cobertura vacunal.

Al área de Educación, Cultura y Deportes se dedicarán 2.400 millones de euros para desarrollar el Plan de Infraestructuras Educativas, continuar con la digitalización de las aulas y reducir la brecha digital o cumplir con los contratos programa en las dos universidades públicas.

El área de servicios sociales dispondrá de 981 millones de euros, un 53 por ciento más que en 2015, lo que se traduce en términos absolutos en 321 millones adicionales.

Con este presupuesto, se pretende consolidar la red de recursos de apoyo dirigida a las personas con discapacidad, especialmente en zonas rurales, con un incremento del cinco por ciento de su partida presupuestaria; aumentar las plazas en residencias y centros de día para personas mayores con nuevas infraestructuras, fortalecer los servicios y prestaciones de dependencia y seguir con el proceso de transformación digital de los servicios sociales.

Las actuaciones de carácter económico contarán con 2.190 millones

En relación a las políticas de gasto orientadas al crecimiento económico, ha dicho que se destinarán 2.190 millones de euros, 140 millones más que en 2023, lo que supone una variación del 6,8 por ciento.

Esta cuantía irá encaminada a la modernización del tejido productivo, con 734 millones de euros; al fomento del empleo, con 332 millones; a la dotación de infraestructuras básicas, con 578; y a promover el equilibrio entre el crecimiento económico, la calidad de vida de las personas y la protección del medio ambiente, así como a la innovación y la digitalización, con 540 millones.

El consejero se ha detenido, asimismo, en el apartado dedicado al reto demográfico y ha especificado que la Estrategia Regional frente a la Despoblación dispondrá de 1.922 millones de euros, un 12,1 por ciento más que las dotaciones previstas en el presupuesto del presente ejercicio.

Las inversiones aumentan hasta los 1.705 millones

Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración o por terceros, cuentan con 1.705 millones de euros, una variación del 7,6 por ciento respecto a este año.

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha apuntado que este volumen de recursos va a permitir incidir en la modernización del tejido productivo, financiar infraestructuras dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios públicos y continuar también con el desarrollo de infraestructuras básicas.

Finalmente, ha asegurado que el Presupuesto para 2024 permitirá seguir cumpliendo “dos objetivos fundamentales”: por un lado, consolidar el Estado del Bienestar, fortaleciendo los servicios públicos fundamentales y atendiendo a las familias, en especial, a las más vulnerables; y, por otro, proseguir con la senda de crecimiento de riqueza y empleo, sin subir los impuestos y desde la responsabilidad fiscal.

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