Los diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han manifestado que los retrasos y el mal funcionamiento, especialmente en una materia tan sensible como la penal, favorecen el incremento de ciertos delitos que afectan a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.
En Ciudad Real y en Castilla-La Mancha queda acreditado en los últimos años, y el propio informe de la Fiscalía de la región ha recordado recientemente la lentitud que sufren los procesos en general, el incremento de agresiones sexuales a menores o la constatación de más siniestralidad laboral. Así mismo, el Fiscal Jefe de Ciudad Real, entre otros datos preocupantes, ha señalado también que en el año 2022 aumentaron algo más de un trece por ciento las diligencias.
En este sentido, los diputados “populares” señalan que una justicia impartida con dilaciones deja de ser justicia, pues la Constitución, en consonancia con el catálogo internacional de derechos humanos, construye la tutela judicial efectiva desde múltiples garantías, y una de ellas es la obligación de responder en tiempo prudencial a las acciones ciudadanas. Así mismo, apuntan que el Poder Judicial es independiente, pero necesita de la colaboración del Poder Ejecutivo con competencias en la parte administrativa de la Justicia, para que el personal a su cargo auxilie a jueces y magistrados en su labor ordinaria.
La descoordinación de medios entre los ministerios de Justicia e Interior, o entre Justicia y Trabajo, a juicio de Fúnez y Belda, termina obstaculizando, una vez más, en estos cinco últimos años, que la asunción de responsabilidad por parte de los infractores de las normas encuentre en tiempo razonable una respuesta eficaz, dentro de plazos prudentes, por parte del conjunto de Poderes Públicos del Estado, al dilatarse de forma habitual la acción del Poder Judicial.
Por todo lo anterior, los diputados ciudadrealeños solicitan, mediante pregunta registrada en el Congreso, una explicación a la ministra de Justicia sobre esta situación en las sedes judiciales en las que tiene competencia y, por tanto, está bajo su responsabilidad la administración de justicia, y solicitan también su opinión sobre la relación de causalidad en las dilaciones y retrasos que se producen, en los temas anteriormente señalados, por la infradotación de medios personales y materiales.
Nadie de los Pepesunos puede hablar de «Constitución» cuando tienen ya 5 años secuestrado al Consejo General del Poder Judicial de España.
Otra pregunta que sus señorías peperas pueden registrar en el Congreso es: ¿Porqué no hicimos nada al respecto nosotros cuando gobernábamos?.