El Gobierno autonómico y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) han coincidido hoy en poner en valor los más de 1.700 millones de euros de inversión que recogen los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2024, así como el hecho de que no contemplen un incremento del endeudamiento ni de la presión fiscal a las empresas.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina en la rueda de prensa que han ofrecido en la Consejería, junto al presidente de CECAM, Ángel Nicolás tras la reunión que ambos han mantenido para abordar el presupuesto del próximo año. Un encuentro en el que han estado acompañados por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines y el secretario general de la organización empresarial, Mario Fernández
Ruiz Molina ha resaltado que frente al “ambiente de incertidumbre” que se vive tanto a nivel nacional como internacional, Castilla-La Mancha goza de estabilidad política e institucional y ha destacado que sigue siendo “una de las comunidades con el Índice de Confianza Empresarial más importante”, lo que, a su juicio, “pone de manifiesto el ambiente de normalidad que se respira, que anima a invertir en esta región”.
El consejero ha explicado a CECAM las claves de las cuentas para el próximo ejercicio desde el punto de vista financiero y la distribución de recursos. Y, en primer lugar, desde el punto de vista financiero, ha incidido en el compromiso del presidente Emiliano García-Page con la responsabilidad fiscal.
Un presupuesto equilibrado
En este sentido, ha remarcado que el Presupuesto para 2024 es “equilibrado, con déficit cero”, lo que significa que “no vamos a pedir prestado ningún euro para financiar las actuaciones que queremos realizar desde el Gobierno regional”, además de que “no parece adecuado incrementar el endeudamiento en un contexto de subida de tipos de interés”.
También ha dicho que, mediante la contención del gasto corriente, “tenemos que ser capaces de generar un ahorro público superior a los 430 millones de euros, que vamos a destinar a financiar inversiones, y lo hacemos sin necesidad de tener que incrementar los préstamos”, al tiempo que “se mantiene el compromiso de congelación de la presión fiscal”.
En cuanto a la distribución de recursos, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha recordado que es “un presupuesto eminentemente social”, que destina un 70 por ciento del gasto a sufragar los servicios públicos fundamentales, con 7.304 millones de euros; a la vez que tiene entre sus objetivos incentivar el crecimiento económico para la generación de riqueza y empleo, a lo que se dedicarán 2.200 millones.
Del mismo modo, ha asegurado que es “austero, desde el punto de vista del funcionamiento de la Administración, en el sentido de que los gastos prácticamente se congelan” y el incremento que experimenta, de 117 millones, está concentrado en un 98 por ciento en gasto derivado del funcionamiento de los servicios sanitarios y políticas preventivas en materia de salud.
Más de 1.700 millones para operaciones de capital
Ruiz Molina también ha calificado el presupuesto como “inversor”, ya que se destinan más de 1.700 millones de euros para financiar operaciones de capital, de los que la inversión pública directa de la Junta será de 860 millones, y ha subrayado que “son más de 1.600 millones los que, a través de transferencias corrientes o de capital, van a terminar en manos del sector empresarial”.
Igualmente, ha precisado que “tiene muy en cuenta la estrategia del reto demográfico”, a la que se dedicarán 1.900 millones de euros, y las políticas dirigidas al emprendimiento, innovación y pymes en el ámbito rural contarán con 838 millones de euros, aproximadamente el 44 por ciento.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de CECAM, quien ha hecho hincapié en que la “cercanía” del sector con el Gobierno regional “favorece la atracción de inversiones empresariales”. Nicolás ha valorado el esfuerzo del Ejecutivo autonómico por elaborar unos presupuestos “reales y equilibrados, que no van en perjuicio de las empresas” y que no incrementan el endeudamiento ni la presión fiscal, tal y como se comprometió García-Page en 2015 con los agentes económicos y sociales.
