El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado hoy que hace cinco años, el 4 de octubre de 2018, el pleno de las Cortes regionales aprobó por unanimidad la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, una normativa impulsada por el Ejecutivo de Emiliano García-Page caracterizada por ser pionera en España en materia de garantía y protección de los derechos de las mujeres y menores víctimas de violencia de género.
Así lo ha recordado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha hecho balance de los buenos resultados de la aplicación de esta ley y ha apuntado que el Gobierno regional tiene la mirada puesta en los pasos que hay que seguir dando en la erradicación de la violencia machista.
Padilla ha destacado que la normativa contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha y, a este respecto, ha mostrado su preocupación sobre los retrocesos en materia de igualdad en el nuevo escenario político.
La portavoz ha reiterado que, en su momento, dicha ley -como ya lo fuera la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas- fue una de las normativas más adelantadas en la protección de los derechos de las mujeres y menores víctimas de violencia de género de todo el conjunto del país.
Según ha expresado, la ley entiende esta violencia como una manifestación de la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres, por lo que, desde Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “se sostiene firmemente el compromiso con la consecución de una sociedad en la que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales”.
En cuanto al contexto actual, la portavoz ha mostrado su preocupación con la entrada de la ultraderecha en muchos ayuntamientos, entidades fundamentales para la aplicación de las políticas de Igualdad, por ser las más próximas a la ciudadanía en su ámbito de actuación: “muchas concejalías ya no estén al pie del cañón e incluso algunos ediles niegan la existencia de esta clase de violencia”.
Un concepto ampliado de la violencia de género
Padilla ha puesto el foco en que uno de los avances más importantes de la ley que hoy se conmemora fue la ampliación del concepto de violencia de género y su adaptación al Convenio de Estambul. Esto supone, que recoja otras formas de violencia contra las mujeres y no únicamente la ejercida por las parejas o exparejas.
Entre esas otras formas se recogen también el feminicidio, las diferentes manifestaciones de la violencia sexual, la trata de mujeres, la explotación sexual, el matrimonio o emparejamiento a edad temprana concertado o forzado, la mutilación genital femenina, el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral, entre otras. Además, la ley contempla ayudas económicas para las y los menores en caso de asesinato de la madre, así como la asistencia psicológica especializada adaptada a sus necesidades.
“Sería muy interesante que en el resto del país siguiesen el ejemplo de Castilla-La Mancha y ensanchasen el concepto de violencia de género, no limitándola a aquella que ocurre en el seno de una pareja o expareja, y reconociendo también a los menores hijos de mujeres maltratadas como víctimas”, ha apuntado.
Políticas desarrolladas
A lo largo de su intervención, Esther Padilla ha detallado qué medidas y acciones se han puesto en marcha tras la aprobación de la ley en 2018.
Por un lado, se ha trabajado desde la concienciación y sensibilización, destinado casi 800.000 euros en estos 5 años, que han permitido financiar 75 proyectos en nuestra región.
A través de la norma, también se blindan las ayudas económicas tanto a las mujeres víctimas, como a sus hijas e hijos. “Concretamente, en este año 2023 hemos concedido hasta el momento 20 ayudas de orfandad, de unos 7.200 euros anuales; si bien, están en trámite cuatro más, incluyendo entre ellas a los dos menores cuya madre fue asesinada el pasado jueves”, ha añadido. Además, es compromiso del presidente Page el ampliar las ayudas para menores huérfanos de los 18 hasta que cumplan los 25 años.
En otro orden de las cosas, la ley también garantiza la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género para lograr su completa recuperación y autonomía, asegurando como mínimo el asesoramiento jurídico y psicológico. Dentro de esta red de recursos, se integran los 87 centros de la mujer de la región que apoyan a una media de 20.000 mujeres al año, así como los recursos de acogida, que han atendido a 1.814 mujeres y a 1.636 menores desde 2018.
La consejera Portavoz también ha querido destacar que esta Ley permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha personarse “sin ningún tipo de complejo” ejerciendo la acción popular en los procedimientos penales por violencia de género.
“Deseo de que esta ley sea ejemplo y se siga el camino marcado por Castilla-La Mancha, puesto que es una ley muy positiva y, a lo largo de estos 5 años, se han podido comprobar sus efectos”, ha sentenciado Esther Padilla.
