El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha avanzado que el grupo municipal del Partido Popular en la institución que dirige tiene previsto someter al pleno del próximo mes de octubre una moción para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a sufragar la parte que los ayuntamientos de la provincia tendrán que aportar en el próximo plan de abastecimiento, que supone el 30% del total de la estrategia, ya que el resto es dinero puesto encima de la mesa por la propia Diputación.
En una entrevista con Europa Press, ha querido dejar claro que este plan de abastecimiento, para el que su institución aportará un total de 7 millones de euros, es «una decisión que todo el mundo esperaba y necesitaba».
Ha negado que la parte que tienen que costear los municipios sea un «copago», como critica el PSOE, ante lo que ha recordado que hay muchos servicios sociales que prestan los ayuntamientos que sí son realmente «copagos» en la parte que pagan los consistorios, ya que son competencias autonómicas que se terminan soportando con arcas municipales.
El hecho de que la iniciativa contemple el pago del 30% con fondos municipales pasa por «entender la medida y conseguir más inversión».
«Tenemos que espabilar e intentar invertir para que sean más eficientes. Si nosotros ponemos siete y ellos tres, so 10 millones», ha indicado, agregando para contrarrestar que, en materia de agua, el Gobierno regional «aprobó una ley que establecía un canon medioambiental por disponibilidad de agua y tasas que hay que pagar por falta de eficiencia en redes de abastecimiento», una «sangría auténtica».
Con todo, ha dicho que la propuesta pasa por pedir desde la Diputación que la Junta «cofinancie este programa». «Pediremos que pongan tres millones y que los ayuntamientos no tengan que hacer ningún tipo de copago. Es justo, deberían valorar esta propuesta y estoy convencido de que habrá un pronunciamiento favorable».
Fue el pasado 15 de septiembre cuando la Diputación aprobaba una modificación de crédito en virtud de la cual se daba luz verde a una inversión de siete de millones de euros para la puesta en marcha de un plan de mejora de la red de abastecimiento de agua potable con el objetivo de renovar las conducciones en los municipios y evitar así las elevadas pérdidas de agua que se producen durante las roturas de las tuberías.
