El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando tanto con la administración que tiene las competencias en materia laboral, como desde la propia Consejería de Agricultura, como órgano gestor, para que, en el momento de la entrada en vigor de la condicionalidad social de la nueva Política Agraria Común (PAC), el 1 de enero de 2024 “tengamos todos los procedimientos en marcha”. De su cumplimiento, dependerá el acceso a las ayudas económicas de la PAC por parte de las personas beneficiarias tal como ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.
En ese sentido, el consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, de apoyar a agricultores y personas trabajadoras “para que la mejor tarjeta de presentación de agricultores y explotaciones agrarias y ganaderas sea la de que las cosas se hacen bien y con la mejora sustancial de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el campo, que, ya que hacen un trabajo duro, qué mínimo que tengan las mejores canciones posibles para desarrollar su trabajo”.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha hecho estas afirmaciones en Valdepeñas (Ciudad Real) donde ha inaugurado la jornada de análisis ‘La PAC 2023-2027. Plan Estratégico de España. La condicionalidad social de la nueva Política Agraria Común’ organizada por el sindicato Comisiones Obreras y centrada en las novedades introducidas por la Unión Europea en su PAC para el período 2023-2027.
Martínez Lizán ha manifestado la importancia de esta jornada para conocer el cambio de filosofía de la nueva PAC que, por primera vez, no se limita a reglamentar su presupuesto y el acceso a sus fondos, sino que fija tres grandes objetivos que son la modernización del campo, la condicionalidad medioambiental y el fomento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Sobre este último punto, el consejero ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha el Bono de Emprendimiento Rural para ayudar a que haya actividades aparejadas a la agricultura, que se desarrollen en los pueblos como garante del desarrollo rural y del mantenimiento de los pueblos y como posibilidad también de generación de empleo.
Salto cualitativo para las personas trabajadoras
El titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha explicado que la reforma de la PAC establece por primera vez la condicionalidad social, una figura nueva que se basa en el cumplimiento de determinadas obligaciones de las normas laborales aplicables y en las condiciones de trabajo y empleo por parte de las personas beneficiarias de las ayudas de la PAC.
Al respecto, ha subrayado la evolución de este sector en las últimas décadas para reglamentar su actividad, también en lo relativo a los derechos que deben asistir a las personas trabajadoras del campo “que realizan un trabajo duro y está supeditado a muchos condicionantes” y ha asegurado que esta condicionalidad social puede suponer un “salto cualitativo” para que los trabajadores tengan plenas garantías en el desarrollo de sus labores.
En Castilla-La Mancha hay cerca de 97.000 explotaciones deperceptoras de la PAC y, aunque no todas generan trabajo porque muchas son familiares y se autogestionan, se estima que en conjunto ofrecen trabajo a unas 60.000 personas.
Lizán ha aseverado que “es muy importante que todos seamos conscientes de estas nuevas circunstancias para poder acceder a las ayudas” por lo que ha agradecido a CCOO la organización de esta jornada dirigida a sus delegados y delegadas del sector agropecuario de Castilla-La Mancha.
En la inauguración de esta jornada ha estado el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa; la teniente de Alcaldía de Valdepeñas, Vanessa Irla; el secretario general de CCOO Industria Castilla-La Mancha, Ángel León Muñoz; el responsable estatal del Sector Agrario de CCOO-Industria, Vicente Jiménez, y el responsable del área de Estrategias Industriales de la Federación Estatal CCOO, José Manuel Casado López.
