Censuras

Algunos políticos utilizan la cultura como arma arrojadiza contra sus oponentes. Usan expresiones grandilocuentes, más para consumo interno de afines y correligionarios, que por razones objetivas que las justifiquen. Hablan de censura —en sentido impropio—, y de libertad, cuando solo defienden su modelo de cultura frente al de sus oponentes, para hacer valer sus intereses políticos y gremiales.  

Estos días hemos oído a la actriz Marisa Paredes, en un mitin de Sumar, criticar a otras formaciones políticas, hablando de cultura, de libertad y de censura. Aunque ella parece haber olvidado que esa gran coalición de los partidos de izquierda a la que pertenece, se nutre, ideológicamente, de un sistema en el que se carecía de libertades. Es decir, del extinto comunismo de la Unión Soviética, desaparecido por agotamiento en 1991.

Estas declaraciones, nos hace recordar que el guerracivilismo —que el expresidente Rodríguez Zapatero, introdujo en el debate político hace algunos años—, sigue siendo útil para una izquierda que carece de mejores argumentos. Pero la desaparición del régimen franquiciador y modelo de referencia para todos los partidos comunistas del mundo, les hace defender ideales extraños, cuando no anacrónicos. 

Censurar es prohibir o corregir una obra, antes de que esta se publique o se exhiba, exigiéndose a los autores que sus creaciones cumplan determinados requisitos de tipo moral, religioso o político, protegidos por la ley. La censura impide que, sin su autorización, se publique una obra literaria o se realice una representación teatral. Este es un sistema de control previo, propio de regímenes totalitarios, comoel soviético.

Las nuevas administraciones, a las que parece criticar la señora Paredes, tienen plena libertad para organizar como mejor consideren los eventos culturales que deseen, según las demandas de los ciudadanos y de las posibilidades presupuestarias de cada una de ellas. Es una decisión de quienes las dirigen, que responden ante sus ciudadanos, quienes, en ese momento o en las siguientes elecciones, las aprueban o reprueban.

 Este es el sistema habitual de gestión de la cultura en regímenes democráticos como el nuestro.

La fiesta de los toros es una manifestación cultural de gran arraigo en nuestro país, aunque, en estos momentos, se está vetando en numerosas ciudades españolas. Ahora se celebran pocas corridas y la tendencia parece ir a más. Pero creo que, como cualquier otra manifestación cultural, debería respetarse la libertad de quienes tienen esa afición y comprender que detrás de esta fiesta hay una actividad económica importante.

En cuanto a la censura del periodo franquista, podemos decir que tuvo connotaciones pintorescas. Camilo José Cela —nuestro premio Nobel de Literatura—, fue censor oficial del régimen y acabó siendo censurado cuando se dedicó plenamente a la creación literaria.

Gonzalo Torrente Ballester, usó sus influencias políticas —él había sido falangista—, para sortear la censura. Así lo hizo cuando escribió a Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de Información y Turismo, para que no le censuraran una de sus novelas.

Carlos Robles Piquer, dirigió la censura española en los años sesenta, momento en el que la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, tenía dificultades para ser publicada. Para resolver este problema, el escritor y su editor, Carlos Barral, se reunieron en Madrid en una comida con Robles Piquer, para desbloquear la situación. Y, según cuenta el autor, lo consiguió cuando aceptó cambiar siete frases del texto original.

Más complicada era la censura de la prensa, porque se publicaba diariamente y a veces se retrasaba la impresión de los periódicos y, con ella, la puesta a disposición de sus lectores. Lo curioso era que los diarios de la Prensa del Movimiento —Arriba, Informaciones, El Alcázar o Pueblo—, no tenían tal censura, al considerarla prensa afín al régimen. Pero en ella se publicaron artículos de columnistas anarcosindicalistas, sorteando así su control.

Sin embargo, a otros diarios, como al ABC, —según cuenta Luis María Ansón, que fue su director—, el control de la censura era más que riguroso, pese a tratarse de un rotativo liberal, aunque monárquico, en su línea editorial.

La más grave de las censuras era la damnatio memoriae, condena a la memoria, que aplicaban los romanos a quienes caían en desgracia cuando eran derrocados y eliminados. Así, acababan con cualquier vestigio suyo en los registros públicos, en monedas o monumentos y confiscaban todo su patrimonio. Más generalizadamente la usó el régimen soviético durante el periodo estalinista, utilizándola contra disidentes, como el asesinado León Trotski. Entre otras medidas, los hacían desaparecer de las fotos oficiales en actos públicos.

Hoy, numerosos intelectuales españoles, siguen estigmatizados y condenados al olvido, por su presunto apoyo al franquismo. Mientras tanto, la Ley de Memoria Democrática, —redactada al dictado de Bildu—, extiende la represión franquista hasta el 31 de diciembre de 1983. Es decir, cinco años después de aprobada la Constitución Española, más de seis desde la amnistía a terroristas y ocho, desde la muerte de Franco. Ello permite legitimar políticamente a los etarras que cometieron más de 400 asesinatos, durante ese periodo.