“A una colectividad se la engaña siempre mejor que a un hombre”
PIO BAROJA
Que un conflicto laboral entre una empresa pública y sus trabajadores se resuelva militarizando el servicio y demonizando a sus empleados, parece propio de otros tiempos, en los que los derechos laborales de los trabajadores no estaban plenamente reconocidos. Esto fue lo que ocurrió en el conocido caso del caos aéreo de 2010, cuando muchos ciudadanos se quedaron en tierra sin poder volar a sus destinos en el puente de diciembre de aquel año, al cerrarse el espacio aéreo.
El gobierno culpó de esta situación a los controladores aéreos cuando estos, —según declararon el presidente de AENA y el Ministro de Fomento, José Blanco—, abandonaron sus puestos de trabajo, lo que obligó al gestor aeroportuario a cerrar nuestro espacio aéreo el día 3 de diciembre de 2010. Llegaron a utilizar este símil: «Abandonaron sus puestos de trabajo como si un cirujano dejase a su paciente en el quirófano en medio de una operación».
El entonces Fiscal General del Estado, el señor Cándido Conde Pumpido, amenazó con imputarles un delito de sedición, cuyas penas podían alcanzar los ocho años de cárcel. Y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los acusó en el Parlamento de haberse declarado en rebeldía contra el Estado de derecho, de haber generado alarma social y de haberse convertido en una afrenta al orden público constitucional.
En aquel momento, se decretó el primer estado de alarma conforme a la Constitución de 1978. Se militarizó el servicio formalmente, con la presencia de militares armados en las torres de control de todos los aeropuertos durante cuarenta y tres días, aunque el trabajo de control aéreo lo siguieron haciendo los controladores civiles, por la falta de conocimientos y experiencia de los militares.
Tras doce años litigando, en los que se archivaron casi todas las causas penales que se iniciaron, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia y fijó la verdad judicial del caso.
Mediante sentencia 213/2022, de 30 de marzo, se absuelve a todos los trabajadores, por considerar que, aquel día, ningún controlador abandonó su puesto de trabajo. Se establece también que el cierre del espacio aéreo español lo decretó AENA a las 17 horas, dos horas antes de que, algunos trabajadores, presentaran un escrito en el que alegaban problemas psicofísicos para seguir trabajando. Y quedó acreditado que EUROCONTROL (Organización Europea para la Seguridad Aérea), conocía dicho cierre desde la mañana de ese mismo día.
El conflicto laboral se había iniciado cuando se publicó el Real Decreto 1/2010, de 5 de febrero, que derogaba el vigente Convenio Colectivo de los controladores aéreos. Este fue un hecho inédito de las relaciones laborales en nuestro país y contrario a la práctica de respetar los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Lo curioso es que la nueva norma tenía carencias técnicas importantes que obligaron a hacer hasta 28 modificaciones normativas para aclarar la regulación en el mismo año 2010.
Una de las disposiciones más llamativas de ese Real Decreto, fue la que ampliaba el número de horas ordinarias de trabajo anual, pasando de las 1200 que figuraban en el convenio derogado a 1670, pero prohibiendo hacer más de 80 horas extraordinarias. Y tal como habían anunciado los controladores, a finales de noviembre muchos de estos trabajadores estaban alcanzando ese número máximo de horas, incluyendo las extraordinarias que se permitían, por lo que, legalmente, no podían seguir trabajando.
Al no poder exigirles un horario no regulado, —por ser personal civil—, se consideró necesario militarizar a estos profesionales. Ello provocó que el señor Blanco y su equipo urdieran un plan que incluía la intervención de todo el aparato del Estado, —desde Presidencia del gobierno, hasta el Fiscal General del Estado, pasando por el Ministerio de Defensa—. El gobierno atacó pública y desmedidamente a este colectivo, —echándole encima a la opinión pública y convirtiéndolo en el chivo expiatorio de la situación que, a propósito, había creado el Ministerio de Fomento—. Después declararon el estado de alarma y militarizaron el servicio.
Llama la atención que la mayoría de los medios de comunicación, —que compraron el relato del gobierno y fueron beligerantes contra este colectivo de trabajadores—, ni siquiera hicieron pública la resolución. Ha sido un programa de televisión de La sexta, el que mayor difusión ha dado a este caso, aunque haya sido más de un año después de haberse dictado la sentencia.
La periodista Mamen Mendizábal, en su programa Anatomía de…, ha reunido una amplia representación de quienes participaron, o fueron víctimas de aquella situación. El resultado de este reportaje es, a mi juicio, de los más solventes que se han podido ver, en el que se han tratado todos los aspectos clave de este caso.
El juez José Antonio Vázquez Taín, dice en este programa que, pese a haberlos declarado inocentes, la sociedad sigue pensando que aquella situación la provocó una huelga salvaje de los controladores aéreos que secuestraron a todos los viajeros.
