El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigidas a víctimas de violencia de género por un valor de 1.250.000 euros con la que espera beneficiar a 425 mujeres, una medida que se reeditará el próximo año dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha señalado que el objeto de estas convocatorias es asegurar el acceso a una vivienda de manera independiente, subvencionando los gastos que se deriven de los contratos de arrendamiento, por lo que “son imprescindibles a la hora de romper el círculo de la violencia de género, que les impide a muchas mujeres llevar una vida plena y en condiciones de libertad y derechos”.
Fernández ha explicado que esta línea de ayudas, que se inició durante la actual legislatura, cuenta “con un carácter muy novedoso”, ya que se trata de una convocatoria de ayudas al alquiler únicamente destinada a víctimas de violencia de género, “lo que supone un tremendo orgullo”.
El primer año destinamos 170.000 euros y llegamos a 107 mujeres, por lo que este 2023 se ha aumentado hasta siete veces el presupuesto, “con el que alcanzaremos el 100 por cien de las solicitudes”. La portavoz ha aclarado que se ha aprobado la misma cantidad para 2024, otros 1.250.000 euros: “las transferencias ya se han hecho por parte del Instituto de la Mujer a la Consejería de Fomento, garantizando así los fondos para el año que viene”.
Características y cantidades subvencionables
Fernández ha detallado que se concederá a aquellos contratos que estén en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, y que supongan una mensualidad máxima de 750 euros, sin incluir los anejos vinculados, como garaje y trastero.
Con carácter general, se concederá a las beneficiarias una ayuda del 60 por ciento de la renta mensual por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. Dicha cuantía podrá ascender hasta el 75 por ciento, en el caso de que la receptora o cualquiera de sus familiares, ascendientes o descendientes que convivan con ella tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento de carácter psíquico y del 65 por ciento de índole física.
No obstante, se podrá llegar a subvencionar el 100 por cien de la renta mensual del arrendamiento de la vivienda si se trata de una familia numerosa, la beneficiaria proviene de una situación en recurso de acogida del Instituto de la Mujer o bien tenga a su cargo un ascendiente o descendiente en situación de dependencia.
La consejera ha aclarado que, aunque el importe máximo de la ayuda no superará los 750 euros mensuales, las cuantías anteriores no se minorarán en el caso de existir otras personas titulares del contrato de arrendamiento. Asimismo, se contempla la posibilidad de anticipar la ayuda por trimestres, “ya que se trata de mujeres con acceso dificultoso al mercado laboral”. Además, el procedimiento de concesión responderá a un criterio de prelación temporal hasta el agotamiento de crédito y tras una previa evaluación individualizada.
Para finalizar, Blanca Fernández ha confirmado que la convocatoria se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, información que pasó ayer por la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
