La diputada regional, Manuela Casado valoraba la recién aprobada Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en lo que al paliar los efectos de la despoblación se refiere. En este sentido afirmaba que se trata de una ley buena para nuestro territorio ya que tiene como principal objetivo fijar población en el medio rural, por lo que de alguna forma viene a implementar algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Emiliano García-Page y la Ley de Despoblación.
“La Ley de Agricultura Familiar demuestra una vez más que el Gobierno de García-Page mira por los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha y consolida la voluntad de avance en esta materia que afecta a más de 120.000 personas en nuestra región”, afirmaba a la vez que añadía que el Partido Popular votó que no en el último pleno de la legislatura en el que se aprobaba esta ley demostrando a quién le preocupa realmente los intereses de los castellano manchegos y castellano manchegas.
Explicaba que esta contribuye al desarrollo territorial del medio rural, a fomentar y mejorar la capacidad profesional de los posibles beneficiarios, a la innovación y el acceso a las nuevas tecnológicas y a apoyar al relevo generacional y al sector agropecuario. Pero, añadía, también a asegurar la sostenibilidad de las explotaciones y a fomentar parques agrarios y huertos urbanos.
Además, añadía esta ley avanza en los retos más importantes que tiene el sector agrario como son la incorporación de jóvenes para contribuir al relevo generacional, fundamental en este sector. Pero además en el reconocimiento del papel de las mujeres en este sector, pero que no sólo sea simbólico sino legal, que suponga una mejora en su status económico.
La diputada regional aportaba cifras que avalan el compromiso del Gobierno de García-Page con el Sector Primario de la región. Así explicaba que 4.000 jóvenes se han incorporado a la agricultura y la ganadería desde que Page gobierno en Castilla-La Mancha con ayudas de desarrollo rural desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y un tercio son mujeres.
Además, destacaba que desde 2015 se han multiplicado por ocho las explotaciones de titularidad compartida que han pasado de ser 28 a 252 y que además suponen un cuarto de toda España.
Una ley, explicaba que reconoce el carácter individual o con base asociativa de las explotaciones familiares, define las zonas de protección agraria e introduce la creación de un Banco de Tierras y Agua.
Una ley que, en definitiva, concluía lo que trata es de “impulsar a las explotaciones familiares que son los que tienen mayores dificultades y que además son los que fijan población en el medio rural y mantienen la cohesión territorial y social”.
