Para que los servicios públicos sean sostenibles no nos basta con lo que nos prometan nuestros gobernantes. Porque nos han defraudado tanto y tantas veces, —sobre todo cuando se está en un año electoral como este—, que su credibilidad es más que dudosa, especialmente, cuando se trata de las cuestiones importantes. Y las pensiones son un claro ejemplo de ello.
Todos recordamos al recientemente fallecido Pedro Solbes, cuando en plena campaña electoral de 2008 —y hasta que fue relevado por Rodríguez Zapatero en abril de 2009—, mentía sin rubor a los españoles sobre la situación económica real del país en ese momento, y de la urgente necesidad que había de adoptar medidas drásticas que permitieran afrontar la recesión económica que se nos venía encima.
El propio Solbes así lo reconoció en 2013. Dijo que él conocía la situación desde 2007 y que, en enero de 2009, le planteó a Zapatero un plan de choque con medidas que este no aceptó porque, según le dijo, podrían provocar dos huelgas generales. Dieciséis meses después, ya sin Solbes, el señor Zapatero tuvo que aplicar los mayores recortes presupuestarios conocidos en España desde la transición. Entre otras medidas, se bajaron los sueldos a todos los empleados públicos y se congelaron las pensiones.
España llegó a tener tan poca credibilidad, que la Unión Europea nos exigió reformar el artículo 135 de la Constitución Española, para garantizar el dinero invertido en deuda pública por operadores extranjeros, sobre todo de Alemania. Y, de facto, nuestro país estuvo intervenido por las instituciones europeas para sanear la situación económica que había generado el excesivo gasto y el descontrol del déficit público.
Hoy se pretende aprobar en el Congreso la reforma de las pensiones para obtener parte de los fondos europeos comprometidos con España. Una reforma que debe posibilitar la sostenibilidad del sistema hasta 2050, pero que ha sido acordada con el apoyo exclusivo de los sindicatos, para mantener la paz social, dicen. No la apoya la patronal ni le dan el visto bueno las entidades independientes del Estado, la AIREF o el Banco de España.
Con los datos proporcionados por el gobierno, estas instituciones creen que el escenario planteado es irreal y que no salen las cuentas sobre la sostenibilidad del sistema que proponen. Y ello debe preocuparnos, máxime, cuando hemos comprobado la precipitación y la falta de rigor técnico del gobierno —así lo denuncia el Consejo de Estado—, en la elaboración de leyes aprobadas en esta legislatura, que, a veces, han tenido que ser modificadas poco tiempo después de su entrada en vigor.
El gobierno actual ha dispuesto de un periodo de más de tres años en los que la Unión Europea ha sido poco exigente en el control del gasto público, debido a la pandemia. Ello le ha permitido hacer un uso generoso de los fondos públicos para atender las redes clientelares, propias y de sus socios, pero no se ha ayudado suficientemente a las empresas y, a finales de 2022, España era el único país de los veintisiete de la UE que no había recuperado la renta per cápita de 2018, según los datos facilitados por la oficina estadística europea (EUROSTAT).
Hasta el verano pasado, los países de la eurozona han gozado de unas condiciones de financiación excepcionales, con el EURIBOR, incluso en valores negativos. Aunque, desde ese momento, no paran de subir los tipos de interés, lo que está encareciendo el coste financiero de mantenimiento o ampliación de la deuda pública.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), nos dice que debido al aumento de gasto por el coste de las pensiones previsto en esta nueva regulación, el déficit de las cuentas públicas —la diferencia entre lo que ingresa y gasta el Estado—, será de hasta un 8%, cuando la Unión Europea establece como tope el 3%. Esto hará que nuestra deuda pública pase del 112% actual al 150% del PIB en el año 2050.
Si la Unión Europea mantiene y exige el cumplimiento del tope del déficit en el 3%, el próximo gobierno tendrá que hacer ajustes —es decir, recortar—, unos 16.000 millones de euros de gasto, o incrementar la presión fiscal, en la próxima legislatura.
También según la AIREF, el gasto para la financiación de la deuda, que está en el 2,2%, llegará al 5,1% al final del periodo. Y así pasaremos de pagar más de 30.000 millones de euros a más de 100.000 millones, lo que supondrá que uno de cada cuatro euros del presupuesto se destinará a pagar el mantenimiento de la deuda.
Por su parte, FEDEA y otros operadores económicos, consideran que ha habido precipitación, por parte del gobierno, lo que ha impedido el sosiego y el consenso necesarios, para abordar esta reforma de las pensiones, que afecta —y mucho—, tanto al gasto público, como al desarrollo económico de los próximos veinticinco años en España.
Es posible que se haya dado la puntilla al Pacto de Toledo, treinta y tres años después de haber iniciado su funcionamiento.
