Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tendrán garantizada, por ley, la prioridad en el acceso a todas las convocatorias de ayuda del Gobierno regional, frente a modelos de grandes empresas apoyadas por fondos de inversión. Así lo establecerán hoy las Cortes de Castilla-La Mancha, en el último Pleno de la legislatura, que va a aprobar la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra. “A partir de ahora, cualquier ayuda para la agricultura o la ganadería en Castilla-La Mancha va a priorizar el modelo de Agricultura Familiar”, que es “la clave” de esta norma, ha manifestado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
El Ejecutivo que preside Emiliano García-Page apuesta por “un modelo de agricultura distinto”, ha explicado. “No queremos el modelo de la ‘uberización’ del campo, no queremos el modelo de los fondos de inversión. No lo queremos. Queremos un modelo de emprendedores de nuestra tierra, trabajando por su tierra en sus pueblos, generando empleo y riqueza en nuestro territorio. Ése es el modelo”, ha dicho.
Durante su intervención, Martínez Arroyo ha apuntado que, para que ese modelo sea posible, “es necesario apoyarles a través de una ley como ésta, que diferencia, por primera vez en Castilla-La Mancha, el modelo de explotación familiar de otros modelos apoyados por fondos de inversión. Es una medida de justicia”, ha sentenciado.
“Fíjense si no es importante la ley”, ha defendido el consejero, destacando que “hasta ahora no era así”, todos los proyectos “captaban el mismo porcentaje de ayuda, incluso podían ser prioritarios, sobre una explotación familiar en Castilla-La Mancha”. Por eso, ha manifestado que “ningún grupo de esta Cámara”, en referencia a las Cortes regionales, “se va a atrever hoy a votar en contra de una ley que defiende a los empresarios agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”.
Además, el consejero ha asegurado que “es la agricultura familiar la que apuesta por los alimentos de calidad, por la producción ecológica o por los canales cortos de comercialización”, que son señas de identidad de Castilla-La Mancha y que, indirectamente, se protegen con esta nueva regulación. Se trata, ha defendido, de un modelo que defienden organismos internacionales tan relevantes como la ONU, que tiene en marcha un Plan de Acción Mundial para protegerlo; o el Comité Económico y Social de la Unión Europea, que ha planteado la idoneidad de apoyarlo frente a quienes “captan las tierras” de los agricultores y ganaderos y que terminan deslocalizando las empresas.
Frente a las amenazas como esas, el Gobierno de Castilla-La Mancha está actuando. No solo con la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar, sino también impulsando el relevo generacional. Para ello, “hemos dedicado 150 millones de euros para que se incorporen 4.000 jóvenes desde 2015”, ha comentado Martínez Arroyo, señalando el “compromiso” del Ejecutivo de la Comunidad “para que ningún joven se quedara sin ayuda pública, y hemos cumplido”.
El consejero ha aprovechado para hacer balance normativo de la legislatura, que comenzó con la aprobación de la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, que ha influido a la hora de lograr que un tercio de los jóvenes incorporados hayan sido mujeres o que las juntas directivas de las organizaciones profesionales agrarias o de las juntas rectoras de las cooperativas sean, cada vez, más igualitarias.
Zonas de protección agraria y Banco de Tierras
Otra de las cuestiones que incluye la ley es el establecimiento de zonas de protección agraria, “para impulsar la agricultura en los lugares en que es necesario”, por motivos ambientales, de conservación de la biodiversidad, de erosión del suelo, agronómicos, entre otros. “Tener esto previsto en la legislación es positivo”, ha valorado Martínez Arroyo.
Igualmente, la Ley contempla la creación de un Banco de Tierras, ya que “el acceso a la tierra es imprescindible para la incorporación de los jóvenes al sector agrícola y ganadero”, ha manifestado el consejero. Un banco que se nutrirá de las superficies que posee la Junta de Comunidades desde la derogación de las cámaras agrarias provinciales. Estas tierras solo podrán ser utilizadas por jóvenes, emprendedores o explotaciones familiares, que se corresponden con el modelo por el que apuesta la Ley.
Un sector que sigue creciendo
“No es baladí que el último debate de esta Cámara se dirija a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”, ha apuntado el consejero Martínez Arroyo, “ellos son el 18 por ciento del PIB, el doble que en España y el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas, y creciendo”. En el año 2015, el dato era del doce por ciento, ha indicado a continuación, “algo debemos estar haciendo bien y algo debe repercutir en la renta de las explotaciones familiares”.
El responsable de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural también ha puesto en valor los datos de paro agrario. “Estamos en la tasa de desempleo más baja de nuestra historia, batiendo récord de disminución del desempleo cada mes, que hoy es cuatro veces más bajo que el que había en 2015”. También en la exportación los datos del sector son muy llamativos, representando una tercera parte de las exportaciones de Castilla-La Mancha y habiendo superado los 3.000 millones de euros en 2022.
“Pero para que este modelo sea sostenible, es necesaria el agua”. Martínez Arroyo ha defendido la apertura del Sistema de Abastecimiento a la Llanura Manchega, que inauguraba este miércoles el presidente García-Page. “Es la garantía de su futuro”, ha explicado el consejero, “sin esa agua para beber o para que se instalen las industrias, no habrá progreso en nuestra tierra”.
