Codicia

“El origen de todos los males es la codicia”

ANDRÉ MAUROIS

                La pasada semana, la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Manzanares, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para dos detenidos relacionados con la desaparición y muerte del empresario manzanareño Juan Miguel Isla. Sus restos aparecieron en el pozo de una finca rústica en Valdepeñas, propiedad de Antonio Caba Vázquez, también natural de Manzanares, e imputado por estos hechos.

                Coincide que, en 2019, desapareció en parecidas circunstancias el empresario de esta localidad, Jesús María González Borrajo. Y que la última persona que lo vio con vida —como ocurrió en el caso anterior—, fue el referido Antonio Caba Vázquez, sin que haya constancia de su paradero desde entonces. En ambos casos, este imputado era el intermediario en operaciones de compraventa de fincas o de bienes muebles de los dos empresarios.

Además, en 2009, se encontró en el fondo de un pozo a un amigo suyo, de nombre Miguel y corredor de fincas como él. A este hombre se le realizó la autopsia y los resultados de la misma apuntaron a un posible suicidio como causa probable de la muerte, aunque a la vista de estos nuevos acontecimientos, no sería descartable que se reabriera el caso.

                El señor Caba es un amante de las armas que se prodiga en las redes sociales haciendo uso de ellas. También, se le conocen irregularidades financieras como la concesión y el impago de préstamos concedidos por entidades bancarias. Y, hace algún tiempo contactó con otro empresario de la capital que había regresado de Colombia, para asesorarse, —junto al abogado imputado por el intento de robo a la clienta de una gestoría en Ciudad Real—, sobre la posible instalación de una plantación de cannabis medicinal en la zona de Manzanares.

                Al empresario le llamaron la atención las actitudes extrañas de estas personas que, en una visita que realizaron a varias fincas donde se pretendía ubicar la plantación, acabaron en una galería de tiro practicando con pistolas. A raíz de aquello, el empresario dejó de asesorarlos. Cuando vio su detención, se sorprendió y temió que, de haber continuado con aquella relación comercial, podría haber sido víctima de hechos similares a los sufridos por el empresario desaparecido.   

                El otro imputado es Gaspar Rivera, natural de Daimiel y afincado en Valdepeñas, que tuvo una fracasada empresa inmobiliaria en Manzanares. Es amigo del otro imputado y está inculpado como participe en estos hechos. Él, según parece, ha declarado ante la juez que fue Antonio Caba quien asesinó al señor Isla y que su participación fue, exclusivamente, para ayudarle a deshacerse del cadáver en el pozo en el que se encontraron sus restos.

                El móvil de este crimen parece evidente. La codicia. Las personas desaparecidas eran empresarios con buena posición económica que tuvieron la mala suerte de toparse con este personaje que ejercía como API, —Agente de la Propiedad Inmobiliaria—, sin estar habilitado para ello. Con él debieron realizar operaciones con pagos aplazados, por lo que acudieron a esta localidad para cobrar alguno de los plazos pendientes.

                La aparente buena relación del principal inculpado con algunos miembros de la Benemérita de Manzanares, ha suscitado la sospecha de que, debido a esta circunstancia, se retrasaron las investigaciones sobre la desaparición del señor Isla en julio de 2022. Aunque conviene recordar que, gracias a la constancia, dedicación y eficacia de la UCO y de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, se ha encontrado el cadáver, se ha detenido y puesto a disposición judicial a los posibles autores de este complejo crimen.

                Estos detenidos, pese a la repulsa popular que producen los hechos conocidos hasta ahora y aunque se haya decretado su ingreso en prisión provisional, siguen teniendo el derecho a la presunción de inocencia, —conforme a los principios de nuestro ordenamiento jurídico—, y como tales deben ser tratados hasta que finalice el procedimiento judicial y, en su caso, se establezcan sus responsabilidades penales.

                En esta ocasión, seguramente la envidia por la relevante posición económica de la víctima, les llevó a apropiarse de sus bienes de forma violenta. Los autores de este crimen actuaron fríamente y sin mostrar el más mínimo respeto por la vida de su víctima, ni por los daños de todo tipo que causaron a su familia.

Parece que, cada cierto tiempo, nos sorprenden nuevos crímenes como este, que parecen más propios de la España más profunda y atávica del siglo XIX y de la primera mitad del XX. Como ocurrió con el crimen de los Galindos en Sevilla, el de los Marqueses de Urquijo en Madrid, el de Puerto Hurraco en Badajoz o el de las niñas de Alcácer en Valencia.

                Ahora que se ha levantado el secreto de sumario y con los resultados de las investigaciones que están en marcha, iremos conociendo más detalles sobre este espeluznante suceso, del posible esclarecimiento de la otra desaparición y si se reinicia la investigación del caso del presunto suicida.