El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado la ronda de contactos con entidades del ámbito de la discapacidad de la región para impulsar una nueva Ley de Accesibilidad que actualice la actual Ley 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas e incorpore los últimos avances y mandatos legales en este ámbito.
Así se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida por la Consejera de Bienestar Social, Bárbara Garcia Torijano, con el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Martínez, y con las representantes de Ilunion Accesibilidad, Elena Ortega y Mar de la Fuente.
El motivo del encuentro ha sido sentar las bases de colaboración para avanzar en la iniciativa anunciada por el presidente regional, Emiliano García-Page, de elaborar una ley que responda de forma integral a las necesidades de las personas con discapacidad, con limitaciones físicas, cognitivas o sensoriales y que garantice la accesibilidad y la inclusión de los ciudadanos y ciudadanas de la región. “Un propósito para el que es imprescindible contar con la colaboración del Grupo Social ONCE, con su acreditada experiencia en el ámbito de la discapacidad y en el desarrollo de entornos accesibles”, ha afirmado la consejera, quien ha adelantado que la nueva regulación asentará sus bases en el Plan Director de Promoción de la Accesibilidad en Castilla-La Mancha.
En concreto, en la reunión se ha abordado la necesidad de implementar en la nueva norma la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva. También es fundamental la trasposición al marco autonómico de la Directiva 2019/882, también conocida como ‘Acta Europea de Accesibilidad’, que tiene como objetivos principales armonizar los requisitos de accesibilidad para determinados productos y servicios, en el mercado interno de la Unión Europea.
Además, con la nueva ley se pretende establecer las condiciones que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como determinar los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos a disposición con la garantía de que estos sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
García Torijano ha aludido al objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha de “situar a nuestra región a la vanguardia de la accesibilidad universal y garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las personas de una forma transversal en las distintas áreas del ejecutivo regional”.
En esa línea, el texto habrá de avanzar en el acceso integral a la información sobre los derechos y los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lectura fácil, braille, lengua de signos y otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.
La reunión con el Grupo Social ONCE, a la que también han asistido por parte de la Consejería de Bienestar Social, la secretaria general, Natividad Zambudio, y el director general de Discapacidad, Javier Pérez, es la primera de una serie de encuentros que desde la Administración regional se mantendrán con colectivos, entidades e instituciones para generar una Ley de Accesibilidad “que sea fruto del consenso social y condense las aportaciones, tanto de las personas con discapacidad, que son los principales receptores de la normativa, como de profesionales y expertos en el ámbito de la accesibilidad, desde todas las perspectivas posibles para conseguir que Castilla-La Mancha se sitúe a la cabeza de los territorios comprometidos con la accesibilidad universal”, ha concluido García Torijano.
