El Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con medidas como Dispositivos DLI (Dispositivo de Localización Inmediata), recursos de acogida y programas de atención psicológica para atender a cualquier víctima de violencia sexual que lo necesitara como consecuencia de la excarcelación de su agresor en aplicación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual.
De ello ha dado cuenta esta tarde la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el Debate general celebrado en las Cortes regionales sobre posibles acciones a desarrollar por el Gobierno regional en relación con la puesta en libertad de agresores sexuales en Castilla-La Mancha como consecuencia de la aplicación de la Ley de Garantías de Libertad Sexual promovido por el Grupo Parlamentario Popular.
Tras indicar que, hasta la fecha, en la región se ha producido una excarcelación y 41 rebajas de penas, Blanca Fernández ha explicado que, en caso que una mujer víctima no tenga el servicio ATEMPRO, el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a su disposición los DLI a los que se accede solicitándolo en uno de los 86 centros de la mujer que hay en la región y en menos de 24 horas se les da de alta en el 112. Hasta la fecha, ha indicado la consejera, no se ha solicitado ninguno por parte de ninguna mujer que se encuentre en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de que haya salido su agresor de la cárcel.
También en situaciones de gravedad extrema están a su disposición los recursos de acogida y el centro de atención de urgencias a lo que hay que sumar que el Gobierno regional está construyendo cinco centros de atención a víctimas de agresiones sexuales y el programa de asistencia psicológica Contigo.
Por otro lado, la consejera ha recordado que en España, el Ministerio de Igualdad y el de Justicia dieron instrucciones para poner a disposición de las víctimas afectadas por las excarcelaciones las pulseras ATEMPRO y la Fiscalía General del Estado ha propuesto como medida de refuerzo de las víctimas la imposición de libertad vigilada, la privación de la patria potestad o la inhabilitación especial para empleo o cargo público para los excarcelados.
“Todas estas son las medidas que me hubiera gustado escuchar, u otras alternativas, que pudieran suponer un beneficio para las personas afectadas que son 42 mujeres en Castilla-La Mancha”, ha dicho la consejera dirigiéndose al Grupo Popular, que a pesar de haber propuesto este debate no ha preguntado ni planteado ninguna acción, lo que indica que “no tiene nada que ofrecer a Castilla-La Mancha”.
De la misma manera, la consejera ha puesto en evidencia el desconocimiento de este Grupo en torno a esta cuestión ya que, al inicio del debate y ante la pregunta de cuántas excarcelaciones ha habido en la región o cuántas sentencias rebajadas no han sabido responder.
Falta de proyecto político para Castilla- Mancha
La consejera ha desmentido que el Gobierno regional no haya hecho nada en contra de la rebaja de penas y ha dejado claro que ya al primer borrador, en julio de 2020, el Gobierno regional presentó alegaciones, para evitar la rebaja de penas máximas, que se tuvieron en cuenta.
Con la ley en el Congreso, en el año 2021 el Gobierno regional volvió a enviar un informe en el que expresaba sus dudas sobre la rebaja de las penas mínimas que en el primer texto no aparecía. Además, la consejera mantuvo una reunión con la ministra de Igualdad para expresarle sus dudas sobre la nueva redacción de la ley, encuentro en el que la ministra le aseguró que no habría rebajas. “A mi me tranquilizó la ministra, ojalá hubiera sido experta en derecho penal, pero desde luego este Gobierno tenía dudas de lo que pudiera pasar”, unas dudas que expresó, alegó, y sobre las que envió informes, además de pedir desde el primer momento su rectificación.
En la misma línea, la consejera ha denunciado las contradicciones del Grupo Popular, “que solo ha empezado a hablar de la Ley de libertad Sexual y de sus consecuencias en esta Cámara y en la política regional a raíz de la polémica”, recordando que mientras que en diciembre solicitaron su modificación mediante una resolución de todos los grupos parlamentarios, ahora la quieren derogar. Esta posición, además, entra en contradicción con la del Partido Popular a nivel nacional que ayer apoyó su modificación en el Congreso y no su derogación.
Blanca Fernández ha achacado a los parlamentarios populares “que no tienen nada que decir de Castilla-La Mancha”, razón por la cual llevan la política nacional a la región. Además, les ha reprochado la política que están llevando a cabo “sin proyecto para Castilla-La Mancha, ni para las mujeres, ni para el empleo, ni para la economía, ni para el bienestar social, ni para el campo, ni para nada”.
